En julio de 2014 el Presidente Maduro afirmó que "más de 3000 empresas han sido retiradas de CENCOEX por estar inmersas en investigación por mal uso de las divisas" y recientemente reiteró que dicho organismo "no ha funcionado al ritmo y al nivel requerido". Se infiere que los mecanismos sustitutos de CADIVI tampoco han sido eficaces para impedir la fuga de capitales y la corrupción, mientras la economía entró en recesión y la inflación trepó hasta 63% en 2014.
La sobrevaluación prolongada de la moneda estimula el surgimiento de una economía subterránea basada en la especulación cambiaria, que tiende a sustituir a la economía real, provocando una distorsión sistémica que combina la inflación con el estancamiento. El desequilibrio cambiario podría comenzar a superarse con la aplicación de una política que apunte a la unificación del tipo de cambio, previo acuerdo con Colombia para que le ponga fin al sistema cambiario dual (peso/bolívar) que origina el "dólar Cúcuta" o paralelo que es el referente de la mayoría de los precios.
Una recuperación económica sustentable pasa por transformar el modelo de acumulación exógeno por un nuevo modelo de acumulación con enfoque endógeno, que convierta la renta petrolera y el ahorro interno en inversión productiva generadora de bienes y servicios competitivos en calidad y precio en el mercado internacional.
En estos tiempo de caída de los ingresos petroleros, es urgente ponerle un "cortafuego" a la fuga de capitales, a través de una reforma financiera que le otorgue al Estado el manejo exclusivo de las transacciones comerciales externas, concretamente a través de BANCOEX, que es una institución financiera pública legalmente hábil para la intermediación en divisas y bolívares, con experiencia y capacidad de aseguramiento de operaciones de comercio exterior. De esa manera, los usuarios asumirían el riesgo cambiario, nunca manejarían directamente las divisas asignadas y dicho banco se ocuparía de hacer la gestión financiera de las importaciones o exportaciones, articulándose con la banca nacional pública y privada, los bancos corresponsales internacionales y el SENIAT, para garantizar un control efectivo de la corrupción y de la desviación de las divisas.
