En varios artículos, hemos escrito sobre el carácter cínico e intencionalidad claramente perversa de la gestión del gobernador Henrique Capriles en el desventurado pero aguerrido estado Miranda. Creemos que este perfil es la marca característica de la gestión pública de este funcionario aún cuando, en honor a la precisión, es en el ámbito de la seguridad donde esta condición se hace más notoria.
Esta apreciación no surge por un mero capricho o enfoque oposicionista de quien esto escribe, por el contrario, es expresión del seguimiento y la observancia de una práctica, por demás, grotesca que no deja lugar a dudas en cuanto a los propósitos infames que pretende la (in)política de Capriles en materia de seguridad.
Cínica conducta gatuna
Cuando señalamos el carácter cínico del gobernador mirandino en el ámbito de la seguridad ciudadana aludimos a la postura que el mencionado funcionario adopta cuando se trata de abordar el sensible tema ante los medios de comunicación, generalmente, por cierto, proclives a la complacencia con el declarante, pues bien, en ese escenario, cual avezado actor, Capriles asoma una gran preocupación por el flagelo de la criminalidad en el país, no desaprovechando ninguna oportunidad para increpar al Gobierno Nacional por los estragos que la inseguridad produce en la comunidad venezolana en su conjunto; pero haciendo abstracción, en su histrionismo, de las cifras y realidades que hacen de Miranda la entidad federal con mayor índice delictivo del país, tendencia que se ha ido acrecentando, precisamente, desde el momento en que este caballero asume la dirección del ejecutivo regional.
Le gusta adoptar una conducta gatuna, referida a la de los gatos que, como es conocido, acostumbran tapar, por escrupulosos, las resultas de sus excrecencias, mientras el señor al que aludimos, esconde sus resultados adversos en el ámbito de la seguridad, simplemente, por cínico y mañoso y sin ningún tipo de escrúpulo.
Perversa desmovilización policial
Así mismo, la intencionalidad perversa de Capriles se observa cuando analizamos la orientación desmovilizadora a la que ha sido sometida la estructura policial que por ley está bajo su control. Efectivamente, resulta inconcebible que en la Policía de Miranda, a medida que transcurren los años de gobierno de Capriles, antes que propiciar el aumento de la nómina de efectivos, se estimula su disminución; siendo la única explicación a tan absurda tendencia el propósito de este gobernador de reducir la efectividad y la capacidad operativa de la policía regional con la intención no de contener el delito sino, más bien, estimularlo de alguna manera en la perspectiva de que con ello se contribuye con la caotización de la sociedad; no importándole, en lo más mínimo, las terribles consecuencias que semejante concepción genere en el conjunto social.
Evidentemente, esta desmovilización policial responde a una perversa estrategia que tiene como finalidad atribuirle al gobierno nacional la responsabilidad del auge delictivo que en los últimos años se ha desatado en el país, obviando por supuesto las responsabilidades directas que en el caso de Miranda le corresponde al gobernador según lo contemplado en el artículo 70 numeral 11 de la Constitución Regional que expresamente señala que al gobernador le corresponde "ejercer la suprema autoridad y supervisión de la policía del estado, asegurando su organización eficiente y su equipamiento, para el mantenimiento del orden público, la seguridad de las personas y de sus bienes".
Disparate en cifras
Pero cada vez se hace más claro que Capriles, conscientemente, no actúa en función de lo que le dicta la Ley sino en función de su disparatada estrategia, demostración palpable de ello es el hecho concreto de que para el año 2009 había 2647 efectivos en la policía regional y a la fecha, en el 2015, según datos oficiales aportados por la propia gobernación, hay 1558 funcionarios de los cuales apenas 690 están operativos.
La gravedad de tal situación se remarca si la relacionamos con lo que pautan los estándares internacionales de que se requieren 4 policías por cada mil habitantes, relación que implica que en base a la población existente en el estado, alrededor de 3 millones 100 mil habitantes, se hacen necesarios unos 12400 efectivos policiales para atender los 21 Municipios mirandinos.
Ahora bien, si las Policías Municipales aportan unos 5200 efectivos nos encontramos, actualmente, con un déficit de por lo menos 5600 funcionarios que le correspondería cubrir a la gobernación del estado, pero por lo que hemos señalado, en base a la tendencia decreciente reflejada en los datos aportados al CLEBM por el propio comisario Eliseo Guzmán, director de Polimiranda, nos encontramos que por la línea de acción trazada por el gobernador Capriles, de apuntar a la merma del contingente policial estadal, ese déficit nunca tenderá a ser superado mientras sea Capriles o alguno de sus congéneres políticos quien esté al frente de la gobernación , pues, siempre apostará a la desatinada estrategia del caos antes que asumir la condición de estadista serio dispuesto a afrontar responsablemente el combate a la criminalidad y su función como gobernante.
Demandas justificadas
Sí a todo lo señalado se le incorpora el ingrediente de la desmoralización que cunde en el cuerpo policial mirandino generado por los bajos sueldos que devengan pues no han sido homologados en base al tabulador aprobado por el Gobierno Nacional para los funcionarios policiales de todo el país, ni cuentan con el apresto operativo ni de movilidad para un mejor desempeño de la labor policial, se puede sustraer el ambiente negativo que priva en la estructura policial mirandina.
Es inexcusable esta situación, por ello tiene plena vigencia la posición del CLEBM de demandar la destitución de Eliseo Guzmán por su demostrada ineficacia y la exigencia a Capriles para que deponga tal despropósito y asuma la responsabilidad que le marca la Ley en materia de seguridad.
