En los primeros hallazgos de los recientes operativos emprendidos por el gobierno para enfrentar la delincuencia, se insinúa un modelo "superior" de organización criminal basado en el dominio del territorio y en la cartelización de distintas ramas del delito, desplazando al Estado en su rol de garante de la seguridad, de regulador de la convivencia social. Cobra "vacunas" aunque también ofrece préstamos, "ayudas" y acceso a la economía ilícita como medio de vida. Dispone de un arsenal y logística para hacerle la guerra a las fuerzas del orden y mantener control sobre el territorio utilizando como escudo a la comunidad donde actúa. En la medida en que crece su poder, conquista nuevos espacios y se articula con otras organizaciones homólogas dentro y fuera del país. Su fuente económica proviene del secuestro, la extorción, el microtráfico de drogas, el robo de vehículos, el tráfico de armas, el contrabando, el lavado de dinero, el sicariato y su base social es la economía informal. Penetra el aparato estatal mediante el soborno y la extorción de funcionarios públicos. Según Antonio Mazziltelli (ONU): "...Hay que distinguir entre los cárteles de la droga y las organizaciones criminales territoriales. Estos últimos son especialistas en el control del territorio a través de la violencia. Toda actividad económica representa una fuente potencial de ingreso para ellos".
La fundación colombiana "Paz y Reconciliación" advirtió que el bloque narcoparamilitar "Los Urabeños" del norte de Colombia creó la "Oficina del Caribe", obligando a 19 bandas criminales que operan en la frontera a constituir con ellos una federación. Su objetivo es optimizar el manejo de los enormes volúmenes de contrabando que procede de Venezuela, financiados con narcodólares lavados en las casas de cambio fronterizas.
Este reacomodo de las BACRIM colombianas tiene su correlato en el modelo paramilitar importado que quieren implantar en el país. Estamos frente a una terrible amenaza a la soberanía del Estado y a la paz de la Nación. Igual que en el tema del Esequibo, el gobierno debe convocar a la unidad nacional y propiciar un encuentro de todos los sectores del país para conjurar la maldición criminal en el marco de la Constitución.
