A la crisis de la frontera colombo-venezolana, producida a raíz del cierre decretado por el Presidente Maduro; el mundo todo, deberá agradecer la posibilidad que ha prestado de hacer visible, esa realidad que tan bien ocultaban al mundo los medios de comunicación colombianos: delincuencia, narcotráfico, contrabando, violencia, criminalidad, pobreza extrema, genocidios, migración obligada de los pueblos humildes, y desabastecimiento agudo de políticas sociales, en beneficio del pueblo colombiano. Se trata, cuando hablamos de Colombia, de una nación regentada por tres estados, como bien lo explicara recientemente en su intervención en el "Seminario Consultivo para una Nueva Frontera de Paz", que tuvo como epicentros los estados Zulia y Táchira, y en el cual, el camarada Miguel Pérez Pirela expuso su tesis: "Cuando nosotros hablamos de Colombia no estamos hablando solo y exclusivamente de un Estado colombiano, existen al menos tres Estados en la Nación colombiana (…): el Estado clásico burgués que lidera el presidente Santos, el Estado guerrillero y el Estado paramilitar".

Tesis que, desde nuestro punto de vista, se queda corta, pues, dónde queda el cuarto Estado, que no es precisamente el llamado cuarto poder (medios de comunicación), sino otro más real, más palpable para el pueblo colombiano y los países vecinos, léase: el imperio de EEUU, quien ejerce su dominio a través de siete bases militares, el Tratado de Libre Comercio (TLC) y del Plan Colombia. Absolutamente, todas las decisiones que asume el Estado clásico burgués, regentado en la actualidad por Juan Manuel Santos y los medios de comunicación colombianos, pasan por la aprobación o no de la embajada de EEUU, esa es una certeza tan absoluta que, en la actual crisis ha quedado demostrada. Todas las decisiones del Presidente Santos, han venido siendo avaladas por Washington. No por casualidad, el papel protagónico que han intentado darle a la OEA y al repulsivo y enemigo declarado del pueblo venezolano, del Almagro. El ofrecimiento de mediador, que inicialmente se propuso ser, los EEUU, en vocería del portavoz del Departamento de Estado, John Kirby, apuntando que "todos los gobiernos tienen el derecho soberano de controlar sus fronteras", pasó días después a reposicionarse, una vez que nuestra Cancillería le negó la posibilidad de jugar tal rol, de inmiscuirse en nuestros asuntos internos. Fue el gobierno de EEUU, quien le trazó la línea política al Estado regentado por Santos, de ubicar en los Derechos Humanos sus disparos hacia la República Bolivariana de Venezuela; es así, que a partir del 29 de agosto, el gobierno de Santos reorienta su accionar, lo llamó Santos: "Nueva estrategia", de común acuerdo con las directrices ordenadas por Kirby, quien señala, que las deportaciones "deben llevarse a cabo de conformidad con el derecho internacional, el respeto de los derechos humanos de todos los involucrados y en coordinación con el país receptor" (El Nacional, 29-08-2015). Salía así, el cuarto Estado, el Estado imperialista de los EEUU, a indicarle al Estado burgués clásico regentado por Santos y los medios de comunicación colombianos, el qué hacer ante las decisiones soberanas, asumidas por el Presidente Maduro, en resguardo de los derechos humanos del pueblo venezolano, violentados por el Estado narcoparamilitar que controla a plenitud, los poblados fronterizos con Venezuela, del lado colombiano.

Los derechos humanos, desde entonces, han sido la bandera que ha enarbolado el Estado capitalista burgués neoliberal regentado por Santos y los medios de comunicación de la oligarquía colombiana, para enfrentar las políticas de liberación de los pueblos fronterizos venezolanos contra la hegemonía del Estado paramilitar colombiano, asumidas por el Presidente Maduro. Contradictoriamente, en nombre de los derechos humanos, el Estado clásico burgués colombiano sale en defensa del Estado narcoparamilitar colombiano también. De allí, la coincidencia plena en intereses de Uribe y Santos, uno sale en defensa del otro y viceversa. Así, cuando el gobierno de Santos intenta culpabilizar al gobierno del Presidente Maduro, su Canciller Delcy Rodríguez y al Presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, de delitos de lesa humanidad, producto de las repatriaciones de ciudadanos y ciudadanas colombianas, sin documentación legal que les habilite su permanencia en nuestro país, incluidos entre éstos y éstas, paramilitares y delincuentes solicitados por la Interpol; Santos, obvia el hecho de que esa es una potestad soberana de nuestro Gobierno Revolucionario en su actuación para salvaguardar el fundamental Derecho Humano a la Vida que tiene el pueblo venezolano.

Inocultable el hecho, reflejado en los medios de comunicación, sobre una encuesta divulgada por el Ministerio de Interior y Justicia del Estado clásico burgués colombiano, el pasado mes de febrero del presente año, denominada "Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Adolescentes en Conflicto con la Ley", cuyos resultados amenazan traspasar la frontera y enraizarse en nuestra Patria. Señala dicho informe que el 49,1 de los jóvenes que delinquen en el vecino país, lo hacen bajo los efectos de cualquier sustancia psicoactiva, llámese: cocaína, marihuana o alcohol. El delito que más cometen, bajo los efectos de esa sustancias psicoactivas, es el homicidio; mientras que, en el caso de las mujeres, el delito con mayor incidencia es la utilización de documentos falsos y la violencia intrafamiliar. Demuestra dicha encuesta, que una característica fundamental de la población encuestada, es que provienen de familias incompletas, donde la figura paterna no está presente y en la cual, existe un alto nivel de desempleo de los padres y madres. Más del 60 por ciento de los jóvenes encuestados, no han completados sus estudios secundarios y, apenas el 16 por ciento ha completado la primaria. Como podemos apreciar, se trata de una juventud sin oportunidades de empleo, mucho menos de estudios, que solo consigue alternativas de sobrevivencia en la delincuencia y el consumo de drogas y el alcohol, en la criminalidad. En resumidas cuentas, se trata de una juventud, la colombiana, sin posibilidades de accesos al elemental Derecho Humano a la Vida, al estudio, al empleo digno. Se trata, a fin de cuentas, para esa juventud, de sobrevivir en un medio hostil que no le da garantías de un futuro digno, sin provenir y mucho menos, esperanzas de buen vivir.

Las cifras delictivas, posteriores al cierre de fronteras, hablan por sí mismas, de los 2.219 kilómetros de límites terrestres entre Venezuela y Colombia, apenas se cierra menos del 10 por ciento, y nuestro país se ahorra un millón de litros de gasolina por día, comienzan aparecer los alimentos que no llegaban al pueblo venezolano y, por si faltara algo, los delitos se reducen en un 100 por ciento. La pregunta obligada, tiene que ver entonces con esa población vecina que se nos vino encima: ¿la alta tasa de criminalidad en el Estado Táchira, tiene o no tiene que ver, con esa población ilegal venida del país vecino?

Cuando el presidente Santos, asumió la primera magistratura del Estado clásico burgués colombiano en julio de 2013, estableció como sus prioridades: la seguridad y la paz para Colombia, así lo exponía al momento de hacer el balance de los primeros tres años de su gobierno, destacó los tres frentes en que hace incapié en su gestión gubernamental en materia de seguridad: "la lucha contra los grupos subversivos, el narcotráfico y la seguridad ciudadana" (El País, 31-07-2013). La crisis fronteriza, ha develado cuán incapaz ha sido en la solución de esos flagelos que imposibilitan la vida en "prosperidad" del pueblo colombiano, pues, como lo evidenció en su alocución en cadena nacional de radio y tv, del pasado miércoles 09 de septiembre, después de evidenciar su odio hacia la Revolución Bolivariana y el pueblo venezolano, tuvo que reconocer lo que es conocido por todo el mundo y más allá, inclusive: "Sí, somos el primer país productor de cocaína del mundo…" Por supuesto, en descargo de sus culpas, el presidente Santos utiliza el artilugio de culpabilizar a su vecino: "…pero vayan y averigüen de dónde están saliendo los aviones cargados de droga". Para Santos y la oligarquía colombiana, el responsable no es el que cultiva y produce la droga, sino el que supuestamente "permite" el uso de su territorio para su traslado a los EEUU, ergo Venezuela. Así de mentiroso es el presidente Santos, lo hace en cadena nacional de radio y tv, su nariz se ha venido estirando y estirando, desde que el Presidente Maduro ordenó el cierre de la frontera y lo puso al descubierto.

Esta declaración del presidente Santos, no es más ni menos que su reconocimiento del fracaso que ha representado su gobierno para el pueblo colombiano y los países circunvecinos, afectados negativamente por la producción de narcóticos. Es un hecho que ya sabía la Casa Blanca, y que los medios colombianos ocultaban, pues, en mayo de este año se hacía público que, en relación a 2014, Colombia aumentó en un 39 por ciento su producción de cocaína. En cuanto a hectáreas sembradas de coca, pasó de 85 mil en 2013 a 112 mil en 2014; en términos de producción de drogas, significa un incremento de 185 toneladas a 245. Estos hechos, hablan por sí mismos. El Estado de la narcoparapolítica es una realidad que hasta el propio Santos, no se atreve a ocultar. Asimismo, como ha hecho público este mes, Wikileaks, veinte y cinco nuevos documentos referidos a Colombia, fechados en junio 2010, el primero de los cuales, es enviados a la Clinton, para entonces canciller del imperio, por su ex jefa de gabinete Chery Mills quien le recomienda: "Durante su visita, la cosa más importante que debe hacer la secretaria, es evitar elogiar efusivamente al presidente Álvaro Uribe, quien deja el puesto en agosto. En Colombia, la visita de la secretaria debe centrarse en el tratado de libre comercio y el apoyo de la lucha estratégica contra las drogas". Alerta también Mills, sobre algunos asuntos que debe evitar alabar y, en contrario, manifestar su intención de enfrentar, tales son: "1. El aumento de muertes civiles por parte de los militares. En muchos casos, conocidos como falsos positivos. 2. Las acusaciones de que el servicio de inteligencia del presidente, conocido como DAS, fue puesto al servicio de líderes paramilitares y narcotraficantes. 3. Las críticas a que la coalición política del ex presidente Uribe ha sido golpeada por el escándalo conocido como la parapolítica". Por su parte, el ex embajador William Brownfield alerta a su vez a Mills en otro correo, indicándole que, aunque Uribe ha sido un "aliado de Estados Unidos en la región y a tenido importantes logros en materia de seguridad" es necesario ser precavidos y no llamarlo "gran héroe" como lo hizo el ex secretario de defensa, Robert Gates. Concluyendo Brownfield en su misiva: "Las fuerzas de seguridad de Colombia pueden haber matado a 1.486 civiles durante los primeros seis años de la presidencia de Álvaro Uribe. El ministerio de la Defensa (entonces en cabeza del presidente Juan Manuel Santos) solo comenzó a abordar la situación después de que los medios de comunicación revelaran la historia de los falsos positivos y llegara la publicidad negativa y la horrorizada protesta pública". Y ese es, el gobierno que pretende darse el tupé de elevar una queja ante la Corte Penal Internacional, por supuestos delitos de lesa humanidad contra ciudadanos y ciudadanas colombianas, residenciados en nuestra Patria ilegalmente.

Que otra cosa ha resultado ser, el presidentillo del Estado clásico burgués frente al presidentillo del Estado narcoparamilitar burgués colombiano, Santos frente a Uribe, pues, no más, sino una mala sombra del enanillo de Medellín, con su tufito a cuestas de fosas comunes, falsos positivos y delincuencia de todo pelaje. Los Derechos Humanos huyen apenas se les dice que vienen en su búsqueda ambos personajes. Por eso, damos gracias al Presidente Maduro por haber develado esa cloaca de la muerte que, como dijera el Gabo en alguno de sus cuentos: "La luz es como el agua –le contesté: uno abre el grifo, y sale…"