Simulando el escenario para el 2016 el doctor Jesús Silva nos plantea: "Ramos prometió (a través de su cuenta Twitter en fecha 26-12-2015) impulsar una ley de amnistía para que los políticos presos vuelvan a calentar la calle y seguidamente en ese escenario de alteración del orden público e inestabilidad política se aplicaría una salida constitucional para rasparse al Presidente Nicolás Maduro. Todo en un máximo de 6 meses". (http://www.aporrea.org/actualidad/a220423.html).

Quiere decir que vuelven las guarimbas, un clima de desestabilización política en medio de agresivas políticas de escasez y especulación de los bienes de primera necesidad. Agrega Silva que "La estrategia de Ramos es clara y encaja en lo que enfáticamente hemos definido como la Guerra Constitucional en 2016 (plan para tumbar al gobierno usando atribuciones constitucionales de la Asamblea Nacional)" la oposición luchará en dos escenario el violento en las calles presionando al gobierno a desatar represión contra la oposición y el pacifico y constitucional dentro de la asamblea.

Asimismo explica el doctor Silva que: "Ramos podrá ahora encabezar esa ala opositora radical, (ultraderechista y fascista) guarimbera y leopoldera que busca sacar provecho golpista rápido de la Asamblea. A los radicales les favorece la crisis económica galopante en 2016 con precios del petróleo por el suelo que mantienen al gobierno sin dólares para importar y al mismo tiempo empresas privadas descontentas que reducirán su actividad económica al mínimo, todo lo cual resultará en mayor escasez de alimentos, medicamentos y demás productos vitales". Nos preguntamos ¿cuál es la estrategia a enfrentar estos escenarios desestabilizadores en el 2016?.

DECLARACION DE EMERGENCIA ECONOMICA NACIONAL

Creo firmemente que "la declaración de emergencia económica ayuda", luego de declarar el estado de excepción en la frontera hay sobradas razones para prolongar dicha medida de otra forma, en declarar el estado de emergencia económica debido a situaciones irregulares de abastecimiento que pueden generar conmociones sociales, por tanto una vez desmontado el estado de excepción en la frontera, que mucho bien nos ha traído, en caso de no prorrogarse, de negarse en la Asamblea Nacional proceder a solicitarle declarar "el estado de excepción económico", vale decir; según el Artículo 338. Podrá decretarse el estado de emergencia económica cuando se susciten circunstancias económicas extraordinarias que afecten gravemente la vida económica de la Nación. Su duración será de sesenta días prorrogables por un plazo igual.

¿Qué hacer para desmontar el plan desestabilizador?. Artículo 339. El Decreto que declare el estado de excepción, en el cual se regulará el ejercicio del derecho cuya garantía se restringe, será presentado, dentro de los ocho días siguientes a su promulgación, a la Asamblea Nacional, o a la Comisión Delegada, para su consideración y aprobación, y a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, para que se pronuncie sobre su constitucionalidad. El Decreto cumplirá con las exigencias, principios y garantías establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El Presidente o Presidenta de la República podrá solicitar su prórroga por un plazo igual, y será revocado por el Ejecutivo Nacional o por la Asamblea Nacional o por su Comisión Delegada, antes del término señalado, al cesar las causas que lo motivaron. La declaratoria del estado de excepción no interrumpe el funcionamiento de los órganos del Poder Público.

El Poder ejecutivo debe restringir las garantías de los derechos. ¿Cuáles derechos? Derechos sociales, económicos y políticos. ¿Estará la Asamblea Nacional o la Sala Constitucional del tribunal Supremo de Justicia dispuesta para su aprobación teniendo en cuenta la situación de desabastecimiento crónico, escasez de bienes e insumos, las distorsiones económicas, la hiperinflación, restricciones de entrega de divisas escasas, caída de los precios del petróleo, baja de las reservas internacionales, acumulación de deudas públicas, fuerte endeudamiento privado, contracción de la economía, entre otros fenómenos.

¿Para que la emergencia económica? Debemos estabilizar la economía, restituir los derechos sociales, económicos y políticos que viene siendo socavados por la guerra económica (lucha de clases sociales), tenemos ante si un escenario ambiguo, violento y pacífico, desde ya la oposición ultraderechista y fascista han desconocido el dictamen del Tribunal Supremo de Justicia, de su Sala Electoral, con relación a "los recursos interpuestos para impugnar los resultados de los comicios parlamentarios del pasado 6 de diciembre en circuitos de los estados Amazonas, Yaracuy y Aragua, además del representante indígena de la región sur". Quiere decir que siguen con su postura fascistas de desconocer la Constitución y sus procedimientos.

Nos queda la menor duda que la opción de proceder al artículo 333, Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia. Creo que es un acto de fuerza que la Asamblea Nacional desconozca la decisión emanada de un órgano de los Poderes Públicos, por ejemplo, "El director ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Torrealba, emitió una carta dirigida al secretario general de la OEA, Luis Almagro, en el que denuncia las impugnaciones …. un poder judicial colonizado por el partido de gobierno, el oficialismo hoy pretende desconocer los resultados electorales que ellos mismos reiteradamente llamaron a respetar" además; de modo ofensivo contra el Tribunal Supremo dice aparte de llamarlo "poder colonizado" "El país, la región y el mundo están ante un intento de GOLPE DE ESTADO JUDICIAL", calificando de golpista a los Poderes Públicos, al Judicial. (El Nacional, "MUD denunció ante la OEA impugnaciones a diputados electos", 30-12-2015).

Esta actitud insolente del Director ejecutivo de la Mud, de la fracción opositora ultraderechista desconoce el procedimiento constitucional, es decir el derecho de los ciudadanos a impugnar procesos que menoscabe derechos, vale decir: En el caso de la impugnación en la circunscripción número 2 de Yaracuy, introducida por Néstor Francisco León Heredia, la sala acordó acudir al Consejo Nacional Electoral (CNE) para solicitar "los antecedentes administrativos del caso, así como también el informe sobre los aspectos de hecho y de derecho relacionados con el recurso", y desestimó la medida cautelar. En el estado Aragua, los candidatos Sumiré Ferrara Molina y Pedro Luis Blanco Gutiérrez impugnaron los resultados en la circunscripción número 2. El magistrado Cristian Zerpa admitió el recurso pero declaró improcedente la medida cautelar que exigía la suspensión de efectos de los comicios, y solicitó enviar el expediente al Juzgado de sustanciación. Decisión similar adoptó el Tribunal con la impugnación de los resultados en la circunscripción 3 del estado Aragua, interpuesta por Rosa del Valle León Bravo. Su recurso fue admitido pero la medida cautelar fue desestimada. En la circunscripción 4 del estado Aragua, donde los candidatos Elvis Eduardo Hidrobo Amoroso e Hipólito Antonio Abreu Páez interpusieron un recurso contencioso electoral y la medida cautelar de suspensión de efectos contra las elecciones de diputados; el primero fue admitido pero la segunda se declaró improcedente (El Universal, 30-12-2015

Estamos ante un acto de desobediencia civil, de fuerzas ultraderechistas que ahora creyendo que como tienen mayoría en asamblea tienen todo el poder del país, y puede hacer lo que les venga en gana contra la institucionalidad y la legalidad constitucional, el poder popular frente a estos casos debe prepararse para luchar contra estos actos en que dejare de observarse la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. De persistir la insubordinación de la Asamblea Nacional contra la institucionalidad y la legalidad, no queda otra opción que declararse el 350. Asi la Asamblea nacional haya emergido de una decisión popular, por mayoría del elector pero que se insubordina al marco constitucional para tomar decisiones arbitrarias que deroguen la misma, investidos de soberanía pero atentado contra la decisión del soberano, del ordenamiento jurídico que el mismo se dio de manera libérrima.

350: El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos. Si la Asamblea Nacional en su mandato que como dice el director dela Mud, Jesús Torrealba en su carta al Secretario de la OEA, Luis Almagro, donde indica "…. A pesar de todo eso, se impuso la voluntad de cambio del pueblo venezolano, otorgando a la Mesa de la Unidad Democrática una mayoría calificada de dos tercios de los escaños en el nuevo parlamento, abriéndose así un camino PACÍFICO para la resolución de la crisis política, económica y social que hoy atraviesa nuestro país". Pues bien, esa "voluntad de cambio del pueblo venezolano está regida por la Constitución y los órganos de los Poderes Públicos, quiere decir que no está por encima de la misma, asi que ninguna autoridad puede contrariar las garantías, la legalidad y la institucionalidad del país. Al pueblo le queda defender sus derechos, al poder popular, a las comunidades, comunas y consejos comunales, a los ciudadanos y ciudadanas fieles a la tradición republicana desconocer esa "voluntad de cambio".

Otra opción, la de la MUD frente a la decisión de Nicolás Maduro, es asumir lo que "El dirigente político venezolano Óscar Pérez, actualmente asilado en Perú, propuso a la MUD utilizar su liderazgo para impulsar la firma de un acuerdo de unidad nacional de superación que integre a todos los sectores del país". Para ganar tiempo, para pacificar el clima político, para adormecer a las masas populares que están pendiente de lo que haga la MUD y su agenda parlamentaria, entre algunos proyectos de ley: Amnistía general, reversión de expropiaciones, Abastecimiento pleno, Marco para el incremento de la productividad, Repatriaciones de capitales, Independencia del poder judicial, entre otras.

GUERRA CONSTITUCIONAL ENTRE OPOSITORES Y EL PUEBLO

Pasemos hacer algunos comentarios adicionales sobre ellas, para que veamos el horizontes de acciones que el pueblo debe combatir en la calle, en todos los espacios, primera, proyecto de ley de amnistía general, dice: Su objeto sería conferir Amnistía general y plena a favor de todos aquellos ciudadanos bajo investigación criminal, administrativa, disciplinaria o policial, y a procedimientos administrativos o penales con ocasión de protestas políticas y posiciones disidentes. Esta Amnistía supondría también la finalización de las inhabilitaciones políticas y los procedimientos relativos al allanamiento de la inmunidad parlamentaria". Quiere decir destruir el Estado de derecho y justicia, sostener la impunidad, abrir el camino a la jauría fascista, apoyando el crimen, el delito y la impunidad del fascismo.

Segundo Proyecto de ley de reversión de expropiaciones, "Mediante esta Ley se pretende reversar los procedimientos expropiatorios y establecer condiciones y garantías para que los inversionistas cuyas empresas han sido expropiadas o intervenidas puedan reactivarlas a la brevedad para lo cual se podrían establecer incentivos fiscales y acuerdos indemnizatorios a mediano plazo. La idea es privilegiar la reactivación de empresas en rubros esenciales como alimentos, medicamentos, productos de limpieza del hogar y aseo personal". Significa debilitar el activo nacional, el patrimonio público, equivalente a procesos de privatización de las empresas públicas, abriendo el camino a debilitar el Estado.

Tercero proyecto de ley de abastecimiento pleno, "Su objeto es eliminar trabas y facilitar trámites que obstaculizan la circulación de bienes como guías de movilización, certificados de no producción, renovación de registros y mecanismos de compras restringidas. Igualmente establecer temporalmente incentivos para la importación de rubros como alimentos, medicamentos y productos de aseo personal, tales como la exoneración de aranceles, IVA sobre las importaciones y la catalogación de rubros prioritarios en la asignación de divisas". Aquí haremos un alto. De acuerdo con el Documento de los 60 economistas, del 20 de enero del 2015, señalan: "En el contexto de la fuerte caída de los ingresos petroleros en 2015, a un estimado de la mitad de los recibidos en 2014, con pesadas obligaciones financieras y petroleras que se analizan en este documento, la disponibilidad de divisas para proveerlas bajo este régimen cambiario son muy limitadas".

Estamos ante una situación de limitaciones de divisas, y resulta que el empresariado parasito del rentísmo solicita asignación de divisas, en qué cabeza cabe esto, si además tenemos déficit de divisas y déficit fiscal, están pidiendo menoscabar el presupuesto nacional, con exoneraciones fiscales de importaciones, exoneraciones de IVA sobre las importaciones.

Cuarto proyecto de ley marco del incremento de la productividad dice: Se trata de un instrumento general que brinde a los inversionistas seguridad jurídica para que inviertan con facilidad y rapidez sus capitales en áreas productivas estratégicas. Esta ley ordenaría la tramitación expedita de licencias y permisos, eliminaría o rebajaría sustancialmente las tasas que pechan el aumento de capital de las empresas, así como otros certificados como el Código de Productos Envasados cuya obtención se agilizaría mediante un número provisional. Igualmente derogaría todas aquellas normas que suponen riesgos punitivos con privación de libertad para los administradores de las empresas o límites a la inversión extrajera. Finalmente dejaría sin efecto la declaratoria de utilidad pública que pone en riesgo la propiedad los activos de los empresarios privados y ordenaría la revisión de todas las leyes que establecen competencias discrecionales abiertas para expropiar, intervenir u ocupar empresas".

Como decíamos la apertura al capital extranjero, concederles garantías jurídicas al capital, contrariando la ley de utilidad pública, o "de interés social, de los derechos y bienes pertenecientes a los particulares, necesarios para lograr la satisfacción del bien común". Esto equivale a desmontar la Constitución en sus artículos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela Artículo 115. Se garantiza el derecho de propiedad. Toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes. La propiedad estará sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general. Sólo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes.

Asimismo está amenazado el cual pretenden desconocerlo, el Artículo 116. No se decretarán ni ejecutarán confiscaciones de bienes sino en los casos permitidos por esta Constitución. Por vía de excepción podrán ser objeto de confiscación, mediante sentencia firme, los bienes de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, responsables de delitos cometidos contra el patrimonio público, los bienes de quienes se hayan enriquecido ilícitamente al amparo del Poder Público y los bienes provenientes de las actividades comerciales, financieras o cualesquiera otras vinculadas al tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas y estupefacientes.

Se muestra claramente una agresiva agenda legislativa, donde tendrá que ponerse a prueba y tono el poder organizado den pueblo frente a l Asamblea Legislativa que enfundándose creer que encarna una voluntad de cambio le da potestad de subvertir la constitución soslayando leyes y artículos de la Constitución Madre, cuando la Asamblea Nacional pretende dejar sin efecto, "la declaratoria de utilidad pública que pone en riesgo la propiedad los activos de los empresarios privados y ordenaría la revisión de todas las leyes que establecen competencias discrecionales abiertas para expropiar, intervenir u ocupar empresas".

Dicho lo anterior veamos el cinismo de los líderes de la oposición llamando al Pacto, Oscar Pérez de la MUD dice: Es hace necesario un gran Pacto de Unidad Nacional donde se puedan integrar no sólo partidos políticos y organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos ciudadanos, sino también convoque al país en general a integrarse en lo que debe ser la conformación de una gran plataforma democrática que salga en defensa de la Constitución de la República", es visto por todos u todas la falsedad, cuando en realidad se pretenden desmontar leyes que favorecen al estado nacional, al país.

El escenario de la lucha de clases populares está activado, la burguesía representada en el parlamento nacional logró un avance, sin embargos sus acciones prenderán las alarmas del pueblo, ella, la ultraderecha apelará al fascismo, a la introducción de paramilitares con el desmontaje del estado de excepción de la fronteras, reactivarán células durmientes, volverán los tiempos de guarimbas de calle, el pueblo deberá enfrentar en unión con las fuerzas armadas, restablecer el estado de derecho y justicia, frenar al fascismo, la insubordinación a los poderes públicos la legalidad y la institucionalidad democrática. Volveremos sobre la materia.