Cualquier decisión responsable parte de una valoración objetiva de la cuestión. Supone ver más allá de sus efectos inmediatos, sopesando cuidadosamente sus consecuencias. Un factor que gravita en el juego por el poder es el llamado “costo político” medido en pérdida de popularidad de los “jugadores”. Cuando su cálculo se hace con criterios oportunistas, clientelares y reduccionistas, puede motivar decisiones desacertadas y a veces mucho más “costosas” desde el punto de vista político. Un ejemplo de ello, es el diferimiento por el gobierno de acciones indispensables para propiciar la estabilización de la economía, vencer la escasez, la inflación y la corrupción, presumiendo que medidas efectistas, el “ocultamiento” de la magnitud de la crisis y echarle la culpa exclusivamente a la guerra económica, habría moderado el descalabro político del 6D. Después de ese duro golpe, lo que realmente importa ahora es, si quienes dirigen el proceso aprendieron la lección y de verdad están dispuestos a una rectificación a fondo para, avanzar hacia regeneración ética y estructural del proyecto revolucionario bolivariano o han optado por un nuevo esguince gatopardiano.
Más allá del propósito de enmienda, es en los hechos y no en las promesas, donde se revela que existe una voluntad política de cambio. El Presidente anunció medidas justas para enfrentar la crisis que han debido aplicarse desde hace mucho tiempo, tal como elevar el ISR sobre los que perciben mayores ingresos y pechar fuertemente a la banca, mientras se reduce la carga tributaria sobre los que menos tienen. Sin embargo, no luce consistente con la existencia de un déficit fiscal cercano al 18 % del PIB, el aumento del gasto burocrático con la creación de 5 nuevos ministerios y la ratificación del 50% de los ministros. Otra señal poco alentadora es la fragmentación en tres ministerios del despacho de Agricultura y Tierras, manteniendo la existencia de su principal competidor, el Ministerio de Alimentación, dedicado fundamentalmente a la importación de alimentos en detrimento de la producción nacional. Pareciera que no hay voluntad para rectificar la fallida política agroalimentaria “suma cero” actual. Son incoherencias que afectan la credibilidad y elevan el “costo político”.
