La desastrosa situación económica y social del país llevó a millones de votantes a castigar al gobierno, al que identificaron como el principal responsable de la debacle. El mecanismo que emplearon fue el de votar por la coalición opositora de centroderecha, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), en las elecciones de la Asamblea Nacional (AN). Pero el programa parlamentario de la MUD no responde a las exigencias de cambio asociadas al masivo voto castigo.
La agenda legislativa de la MUD está orientada a la promoción de intereses empresariales, mediante la privatización de empresas públicas bajo la figura de la "reversión expropiatoria", otorgar condiciones más ventajosas a los capitales extranjeros mediante la supresión de limitaciones a la inversión, o entregar en concesión la administración de carreteras y vías férreas. Otras cuestiones planteadas por la mayoría parlamentaria, como la ley de amnistía, no han sido debatidas públicamente, alimentando el temor de que se podría emplear para dejar impunes violaciones a los derechos humanos.
Irónicamente, el gobierno viene adelantando parte de esta agenda por su cuenta, al comenzar la entrega de empresas estatales a empresarios. El gobernador del estado Portuguesa, Castro Soteldo, admitió recientemente que se adelantan negociaciones entre el gobierno y capitalistas de Agroisleña para privatizar la empresa Agropatria, y ya en el estado Monagas se entregó una tomatera estatal a la empresa privada La Giralda.
La agobiante carestía de la canasta básica, la escasez, la destrucción de los salarios de la enorme mayoría de los trabajadores, no han sido temas hacia los que se orienten las iniciativas legislativas. El presidente adeco de la AN, Ramos Allup, aseguró su salario de 77 mil bolívares, equivalente a ocho salarios mínimos, era insuficiente para cubrir sus gastos. Pero nada dice de más del 70% de los asalariados venezolanos que ganan menos de dos salarios mínimos y que no pueden cubrir sus gastos básicos.
Rápidamente se torna evidente para muchos que la nueva AN no da voz a las urgentes exigencias de la mayoría de la población empobrecida por el ajuste inflacionario del gobierno. En realidad, la única manera de hacer que se escuche en el parlamento esa voz de la mayoría trabajadora que no está representada por ninguno de los 167 diputados de la AN, es mediante la movilización autónoma y contundente de las organizaciones populares y obreras.
Solo de esa manera se puede hacer retumbar la voz de la mayoría explotada y oprimida del país, y enfrentar los despidos masivos, los aumentos en los servicios públicos y el transporte, y exigir un aumento general del sueldos y salarios, exigir que cese el cobro del Impuesto Sobre la Renta a trabajadores que ganen menos de 10 salarios mínimos, en definitiva hacerle frente al ajuste antipopular. A la nueva AN y al gobierno hay que emplazarlos en las calles.
