El golpe de Estado de abril de 2002 y la posterior movilización popular que derrocó a la breve dictadura de Fedecámaras, los militares, la Iglesia, y la burocracia sindical, son fuera de cualquier duda dos hechos que marcaron un punto de inflexión en la historia venezolana. Patentizaron el carácter violentamente andidemocrático de los partidos e instituciones sobre las que había descansado el régimen bipartidista, así como el vigor de los procesos sociales y políticos puestos en marcha en la etapa abierta con la rebelión de El Caracazo en 1989. Hoy nos separa del golpe y la movilización revolucionaria de abril, aproximadamente el mismo tiempo que separó ese hecho del levantamiento popular de 1989. Un momento propicio para hacer un balance de la relación del momento actual con ambos hitos.

Tergiversaciones

La lectura oficial sobre el golpe y su derrota atribuye esta última a una alianza cívico-militar que habría actuado en defensa de la Constitución, sentando las bases para una doctrina sobre el rol partidista de las fuerzas armadas, como una extensión del chavismo institucionalizado. Los sectores que dieron el golpe, hoy agrupados en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), defienden lecturas que van desde la reivindicación nostálgica del golpe y su justificación a la luz de la debacle económica y social actual, hasta un distanciamiento semicrítico del decreto de Carmona o de toda la operación golpista, incluyendo la convocatoria a la marcha multitudinaria del 11 de abril y su instrumentalización golpista. Si bien reconocen que el fracaso del golpe, apoyado por el gobierno de los EEUU, significó un revés importante para su agenda y permitió al chavismo avanzar en el control de las instituciones del Estado, estas lecturas semicríticas no cuestionan los fines del golpe, ordenados por la necesidad de abortar el proceso de movilización y autoorganización que venía en ascenso desde 1989.

La versión oficial del chavismo sobre el golpe y el derrocamiento de la dictadura de Carmona, por su parte, adolece de las contradicciones y vacíos propios de una reconstrucción historiográfica orwelliana, donde personajes que se erigieron ayer como héroes hoy han sido borrados, como el general Baduel. Se han reconstruido los hechos, en orden y jerarquía, para ocultar la capitulación sin resistencia por parte de la nomenclatura chavista, encabezada por el propio Chávez, quien ofreció su renuncia a los golpistas bajo la condición de que se le permitiera viajar a Cuba. También esta versión oficial busca diluir el carácter revolucionario de la movilización popular, que fue la que obligó a los militares chavistas o indecisos a reubicarse, pronunciándose contra el golpe luego del silencio inicial o incluso del respaldo inicial al golpe, como en el caso de García Carneiro. Una fuente cuyo autor está libre de sospechas para el chavismo, el libro "Abril, golpe adentro" del periodista y ex ministro Ernesto Villegas, sirve para contrastar el comportamiento de la dirección del gobierno chavista ante el golpe, con una propaganda oficial plagada de heroísmos falsificados.

El gobierno hizo un pacto de impunidad con los golpistas

La corriente política y sindical encabezada por Orlando Chirino enfrentó el golpe, defendiendo las libertades democráticas ante el ataque de los militares y empresarios, y al mismo tiempo emplazando a la dirección chavista a tomar medidas políticas y económicas contra el golpismo. En cambio, desde el primer momento en que Chávez reapareció en Miraflores, pidiendo perdón con un crucifijo en las manos, llamando a la población a volver a sus casas y al diálogo con los golpistas, el gobierno buscó desactivar la movilización popular que había derribado a la dictadura, así como ir rearmando la gobernabilidad burguesa, negociando la impunidad del golpe. A los pocos días dejó escapar del país a Carmona y los principales militares golpistas. Los juicios que se abrieron no avanzaron. La mayoría de ellos era llevada por el fiscal Danilo Anderson, asesinado en noviembre de 2004 en un atentado terrorista cuyos autores intelectuales nunca fueron enjuiciados. Las causas que llevaba contra los golpistas pasaron a ser manejadas por la fiscal Luisa Ortega Díaz, quien las engavetó y fue posteriormente recompensada con su nombramiento como Fiscal General de la República. El propio Chávez otorgó amnistía a los golpistas con causas abiertas y que se hubieran presentado a los tribunales, el 31 de diciembre de 2007.

Algunos de los antiguos enemigos y artífices del golpe ahoran son aliados del chavismo. Desde el año 2004, pocas horas antes del triunfo de Chávez en el referendo revocatorio, el magnate Gustavo Cisneros reconfiguró su relación con el gobierno chavista, luego de una reunión tripartita propiciada por el ex presidente estadounidense Jimmy Carter. Ya en 2007, en pleno auge de los ingresos petroleros, y con Chávez reelecto para un mandato de seis años, el apoyo empresarial al gobierno alcanzaba su punto máximo; un año después muchos de los empresarios que habían participado en cierres patronales (lock out) durante el golpe de 2002, formaban parte del acto por el "Reimpulso Productivo" convocado por el gobierno.

El fantasma del golpe

La derrota del golpe no solo permitió a la población quitarse de encima a una dictadura encabezada por el jefe de Fedecámaras, sino que abrió la posibilidad de que se alcanzaran importantes conquistas sociales. No obstante, la mayoría de los avances en términos de acceso a la salud y la educación, en términos salariales y de asistencia social, por ejemplo la creación de las llamadas "misiones" sociales, han sido destruidos o severamente limitados por el ajuste que el gobierno empezó a aplicar luego de la primera caída importante de los precios petroleros en 2009, y agravado a partir de 2013. Las condiciones de vida de la mayoría de los venezolanos han empeorado drásticamente en los últimos dos años, con una destrucción del salario real incomparablemente más duro que los ajustes aplicados en Grecia o el Estado Español, así como una escasez generalizada de alimentos y medicamentos de consumo masivo.

Paralelamente a la destrucción de las conquistas materiales que siguieron a la revolución democrática de abril, y a la distorsión de los hechos, el gobierno se hizo con el recurso de acusar de golpista toda oposición en el ámbito electoral y de las luchas sociales, o hasta la mera denuncia de las corruptelas y abusos de la burocracia gobernante. Las enormes diferencias entre la experiencia concreta del golpe de 2002 y las amenazas denunciadas por el chavismo permanentemente, se reflejan en nuevos términos como golpe mediático, golpe de cuarta generación, golpe sindical en caso de huelgas en empresas estatales, o hasta un insólito golpe electoral que vendría a encarnar la derrota del Psuv el 6 de diciembre de 2015.

El gobierno también avanzó significativamente en la cooptación y destrucción de las nuevas organizaciones populares y sindicales surgidas en la etapa abierta con El Caracazo. A pesar de proclamarse "socialista" a partir del año 2006, y muy lejos de avanzar hacia la superación del atrasado y dependiente capitalismo venezolano, el gobierno ha implementado un ajuste de una gran ferocidad, sin la resistencia social que caracterizó a los años 90 y primeros años de este siglo. Lo que no pudo lograr el movimiento golpista en 2002, en cierta medida lo han logrado por otras vías el chavismo y la MUD: el ajuste no tiene, en el marco de la peor crisis económica de las últimas décadas, una significativa oposición estudiantil o sindical. No obstante, este logro del gobierno es tan precario como su propia situación actual, ante un alto repudio popular y una debacle económica.

La trivialización del golpismo no solo sirve para criminalizar la lucha social y política, además es una forma de huir hacia adelante por parte de un gobierno que ya empieza a ponderar públicamente la conveniencia de imitar el decreto dictatorial de Carmona en lo referido a la disolución del parlamento. El recurso fue sugerido en un acto presidencial por el abogado Hermann Escarrá, ahora aliado del gobierno, y el mismo que en su momento asistió legalmente a golpistas como los jefes policiales Henry Vivas y Lázaro Forero. Esta ironía histórica cierra el círculo, luego de 14 años.