Venezuela se consume en una permanente diatriba confundido en un inútil discurso político, marchas y contramarchas. Tanto las cúpulas del gobierno como de la oposición no generan alternativas creíbles y sostenibles para reorientar la economía y el desarrollo del país. Uno se aferra al poder, el otro quiere el poder sin decirnos el cómo vamos a salir de este marasmo.
Hay una crisis política que impide acuerdos mínimos de convivencia. Ante tal disyuntiva, el gobierno evade el revocatorio, mientras la oposición se empeña en ello. Entonces: ¿Por qué no hacer un acuerdo en función del resultado de las elecciones de gobernadores en donde haya un referendo consultivo, y se le pregunte a los venezolanos, si desean posterior a tales comicios: que Maduro termine su mandato, la realización de un revocatorio o la posibilidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente.
En función de lo anterior, con la participación de observadores internacionales aceptados por ambas partes, el problema político encontraría una ventana que refresque las condiciones de gobernabilidad en Venezuela. En tal caso, es claro que al ser un referendo consultivo, sus resultados se convertirían en un compromiso de máximo rigor para los venezolanos. Si la mayoría del pueblo ordena que Maduro termine el mandato esa orden deberá ser acatada sin sobresaltos. Ahora bien, si cualquiera de las opciones de convocar un eventual revocatorio o una constituyente resulta en mayoría, el Consejo Nacional Electoral, sin la obstaculización del propio gobierno, podría realizar en un plazo no mayor de 60 días tales eventos de participación popular. Un acuerdo de este tipo, legitimaría a los factores en pugna y aliviaría las tensiones sociales.
Del mismo modo, el país no puede avanzar con un modelo económico agotado, llamado "rentismo" desde el gobierno y también por los sectores que no se encuentran en posiciones de Estado. No podemos aceptar como venezolanos que se hipoteque la naturaleza del país, en el mal llamado "arco minero" con la excusa de la explotación del oro, diamantes, coltán y minerales. Eso es oprobioso.
En contrario, se puede llamar a concesiones para la construcción de carreteras y autopistas. Llamar a empresas multinacionales de diversos países (públicas y privadas) que deseen construir la red ferroviaria del país, puertos de aguas profundas, aeropuertos, nuevos puentes sobre el Lago de Maracaibo, el Orinoco o hacia Margarita. Abrir espacios para otras navieras en nuestros espacios marítimos. Multiplicar el espacio de las telecomunicaciones. En estos casos, habría un importante ingreso de divisas, se crearían nuevas fuentes de empleo y se modernizaría a Venezuela, siendo el turismo un motor que se vería beneficiado con tales políticas.
En relación con la reindustrialización, promover el desarrollo agrícola, pecuario y pesquero es base esencial. Pudiera exonerarse entre un lustro y una década del pago de impuestos a quienes estén dispuestos a ayudarnos con nuestros pequeños y medianos productores a ser más productores. Eso sería un apalancamiento fundamental para el autoabastecimiento de alimentos con posibilidad exportadora. Es obvio, que eso implicaría deslastrarse del pensamiento que el Estado todo lo puede y debe ser dueño de toda la actividad económica.
Los ingresos provenientes de las cargas impositivas, fundamentalmente del Impuesto al Valor Agregado (IVA), también requieren una resemantización y una redistribución. Habría que dividirlo en dos vertientes. El primero podría llamarse Impuesto Social al Consumo (ISC) con una tasa única del 10% sobre todos los productos, bienes y servicios, con una distribución del 5%, 2%, 1% , 1% y 1%, para el nivel central, gobernaciones, alcaldías, consejos comunales, salud y educación (escuelas, ambulatorios y hospitales) respectivamente.
El segundo estaría fundamentado en el llamado consumo suntuario, y pudiera llamarse Impuesto al Valor Ostentoso (IVO), y estaría dedicado a inmuebles, vehículos, hoteles y restaurantes que sean considerados de lujo a partir de una medición en unidades tributarias. El impuesto también sería aplicado al consumo en casinos, apuestas hípicas o similares, compras de oro y piedras preciosas. Un impuesto de este tipo, podría oscilar entre el 30% hasta el 100% del valor del bien o servicio. Su distribución al igual que la primera, luego de sancionada la ley respectiva, pudiera distribuirse 50% para el nivel central, y el otro 50% para las regiones donde se origine el consumo, el cual quedaría distribuido de esta forma: 20% para las gobernaciones, 10% para las universidades, 10% para los hospitales, 5% para las alcaldías, 2,5% para los consejos comunales y un 2,5% de fondo obligatorio de ahorro para cualquier emergencia de carácter natural, social o económica, debidamente administrado por un ente regional de impuestos que debería crearse sobre el particular.
Así un nuevo Estado, con los ingresos por renta petrolera e impuestos, podría dedicarlos íntegramente para los sectores de educación, salud, vivienda, seguridad y fortalecimiento social. A propósito de ser ciego. Quien tenga ojos que vea
