El "cese al fuego bilateral y definitivo" entre el gobierno colombiano y la FARC, es una derrota a los poderes fácticos que promueven la violencia y el terrorismo de Estado como vía para abordar los conflictos sociales en la región. Fue posible porque se combinó el reconocimiento mutuo de los interlocutores, el diseño de una agenda y una metodología transparente de cara a la sociedad colombiana, la tolerancia y discreción frente a los agravios de acción u opinión de una u otra parte, la moderación de gobiernos facilitadores para bajar las tensiones y, la voluntad política forjada por la presión de un pueblo víctima de la violencia por más de 6 décadas.
En paralelo, la OEA decidió por ahora no aplicar a Venezuela la Carta Democrática, solicitada impúdicamente por la MUD a través del regente imperial Luis Almagro. Optó por auspiciar el diálogo promovido desde la UNASUR, lo cual supone vencer la inercia de una confrontación entre élites políticas que se disputan el poder de espaldas a la grave situación social y económica que aqueja a los venezolanos. Un diálogo que termine en una negociación entre cúpulas, al margen de los trabajadores y del país nacional, no tendría la legitimidad necesaria para garantizar la estabilidad política y una paz duradera.
Ramos Allup anunció que la AN planea destituir 12 magistrados del TSJ porque fueron designados irregularmente. El GPP hará lo propio y pedirá la disolución de la AN por usurpar funciones del CNE, del Poder Ciudadano y del Jefe de Estado. Ambas amenazas, que de concretarse vulnerarían la Constitución abriéndole cauce a la violencia, son síntomas del desgaste de un liderazgo distante de las aspiraciones y angustias que sufre el pueblo por la inseguridad, la escasez de alimentos y medicamentos y, la pulverización de su ingreso por una espiral inflacionaria que luce indetenible. Cada vez está más claro que el diálogo, como opción ante la crisis, no puede quedar restringido a un liderazgo que viene perdiendo su legitimidad y la perspectiva de la realidad. En esta coyuntura, hay que construir un diálogo popular constituyente eficaz, despolarizado, que preserve la paz, que surja "desde las catacumbas del pueblo", como diría Chávez, impulsado por los movimientos y organizaciones sociales.
