Apenas un día antes del viraje del Partido-Gobierno-Militares, discutíamos con unos compañeros la conveniencia de la propuesta del diálogo. Las objeciones abundaron.
Unos, levantando en alto su condición de marxistas, señalaban que la Constitución no puede ser el proyecto del pueblo, porque se trataba de una constitución "burguesa", olvidando que los clásicos afirman en varias partes que durante un largo período en la transición hacia la nueva sociedad serán vigentes principios del "derecho burgués", el mismo que consagra la soberanía popular y la propiedad privada. Otros dijeron que estaban en desacuerdo con algunos aspectos de la Carta Magna porque expresaba la correlación de fuerzas de clase de un momento determinado, cosa que es plausible, pero que sólo apunta a un aspecto genético y como argumento para rechazar la defensa a ultranza de la constitución equivale a juzgar el hijo por los padres o por las condiciones en que nació. Por supuesto, es notable la imposibilidad de ver la especificidad de la crisis institucional en medio de la crisis económica, como si aquélla sólo fuera un efecto automático de ésta, y no tuviera su propia materialidad y dinámica independiente. Algunos compañeros sólo vieron que eran efectivos en una guerra y que había que obedecer lo que dijeran los jefes y "cer5rar unas filas" que desde hace tiempo están quizás demasiado cerradas.
De pronto, al día siguiente, el mismo presidente que había amenazado con cerrar la Asamblea Nacional, allanar la inmunidad parlamentaria de los diputados opositores, aplicar una decisión de unos tribunales penales para meter preso a casi toda la plana mayor de la derecha, aparte de congratularse con haber frustrado el intento de activar el revocatorio mediante una decisión de esos mismos 6 jueces penales, cuyas medidas cautelares. Simultáneas, coordinaditas, decidían sobre materia electoral sin tener competencia, ni haber notificado oficialmente al CNE que, rápidamente, como cabeza de un poder supuestamente independiente, acató la orden y suspendió la recolección del 20% de las firmas para el RR. ¿Qué pasó? ¿Efecto de un llamado del Papa, efectivo por el profundo catolicismo del presidente? ¿Demostración de la voluntad de diálogo mostrado siempre?
Estos días de crisis los venezolanos presenciamos uno de esos lapsos históricos en que las dinámicas se aceleran, y el cuadro puede cambiar en cuestión de horas. Los carros se dirigían a toda velocidad uno contra el otro. Ya estaba muy cerca la colisión. Ella implicaba, de un lado, que la AN desconociera al resto de los Poderes Público e impulsara un juicio político para destituir al Presidente de la República; por el otro, disolver esa misma asamblea, meter presos los dirigentes opositores, dejar en suspenso todas las consultas electorales (no sólo el RR, ya muerto, sino las regionales y locales y, por supuesto, las de la elección de una nueva Asamblea Nacional) y continuar "avanzando" en una "persecución en caliente". Se disponía de las armas, de un lado; del otro, la OEA, los medios internacionales, los medios financieros ya en guardia con el anuncio de que algunos de los bonos de la deuda PDVSA sólo se pagarían en bolívares, con varias decisiones en el CIADIS pendientes y una profundización de la crisis, sin perspectiva inmediata de aumento significativo de los precios petroleros, la última esperanza para seguir importando masivamente alimentos para paliar la pelazón.
Como decíamos arriba, los carros iban directo uno contra el otro. Ya iban a chocar. Iba a ser aparatosa la colisión. Pero alguien torció el volante. Y no fue la oposición. El diálogo se iniciaría con sus exigencias intactas: recolección del 20%, RR este año, libertad de sus presos. El presidente convoca (en caracas, no en Margarita) al CODENA. Hay marchas en todo el país.
Lo único que queda es ir al diálogo, a la negociación política, para mantener funcionando la constitución. Que se den las elecciones del Amazonas para que la Asamblea Nacional tenga plenas atribuciones sin el obstáculo de las decisiones del TSJ. Que se anulen las cautelares electorales de una decisión penal. Que se convoque al fundamento de toda legitimidad: la soberanía popular.
A menos que queramos matarnos en el choque.
