Nicolás Maduro en su reciente entrega inconstitucional de memoria y cuenta ante el "Tribunal Supremo de Justicia" (TSJ) se jactó en decir que casi el 90% de las personas de la llamada tercera edad se encuentran pensionadas, como si ello fuera un logro del gobierno, cuando en la praxis es una completa humillación contra quienes han dedicado la mayor parte de su vida al servicio del país.
Decir que tal número de pensionados en una iniciativa del madurismo es una mentira del tamaño del infinito, porque en realidad la población pensionada se mantiene con las deducciones que pagamos quienes estamos en edad activa, así como el aporte de los empresarios, del cual por cierto, ignoramos si las instituciones regidas por el nivel central pagan sus correspondientes obligaciones. En efecto, el 100% de la masa laboral, tanto del sector público como privado, somos quienes mantenemos a los pensionados y jubilados, es decir, el Estado, en todo caso, lo que aporta es el porcentaje establecido en la correspondiente normativa jurídica.
Ahora bien, irónicamente, Maduro y todo su gabinete, así como los autollamados integrantes de la "bancada de la patria" en la Asamblea Nacional, han dicho hasta la saciedad que resulta imposible pagar a nuestros pensionados y jubilados, el bono de alimentación (mejor conocidos como cesta-tickets) que percibimos quienes de manera activa cotizamos al seguro social, lo cual termina convirtiéndose en un acto criminal y de exclusión laboral para quienes llegado el momento de su finalización de trabajo, se ven en la obligación de sobrevivir con ingresos regidos por el salario mínimo, los cuales, sea cual sea la tasa de cambio que se aplique (oficial en el llamado Simadi, o mercado paralelo), jamás superarán un dólar diario, lo que equivale a decir, que son ingresos inhumanos considerados por la Organización de Naciones Unidas.
No obstante, pese a tales declaraciones, el madurismo ha ideado una política clientelista, la cual no dudo en calificarla de ilegítima y hasta inmoral, porque la misma no está sujeta con las condiciones socio-económicas de las familias, sino con la disposición que sus integrantes tengan de facilitar su voto en eventuales elecciones, y cuyo instrumento han llamado "tarjeta de la patria", la cual incluso, según declaraciones del propio presidente, tendrá ingresos superiores al 25% del que perciben los pensionados y jubilados, y más aún, tiene la meta de llegar a 5 millones de "familias".
Si asumimos por cierta tal afirmación, es evidente que el madurismo, al no confiar en las preferencias electorales que pudiera tener la población de la tercera edad en relación con el partido oficialista, orienta los recursos que les pertenecen a tan importante y plausible sector del país, a grupos de individuos que en muchos casos, (sin desmerecer que existan personas que realmente necesitan tales ingresos) son vulgares parásitos de la sociedad, pero que cumplen con rigor, las tareas de ser fuerzas de choque o amedrentamiento contra la ciudadanía que exige al gobierno sus derechos, ante el desmadre económico que padecemos al sufrir los rigores de una perversa inflación, especulación, bachaqueo, escasez y torturas psicosociales.
Para colmo, tenemos una Asamblea Nacional que ha sido anulada por parte de un TSJ que se encuentra de espaldas al país, y sólo cumple órdenes de la cúpula del partido de gobierno, mientras que la esperanza por ver un pronunciamiento, cuando menos de la fiscal general de la República, se van opacando, cuando su afasia aunque no sea por su voluntad, convierte su praxis en un contubernio en contra de los venezolanos, y especialmente sobre los pensionados y jubilados.
Tendremos una "tarjeta de la patria" digitalizada y con código de barras (mientras tenemos una cédula que es una vergüenza para propósitos electorales), para determinar hasta la ubicación del "beneficiario", quien a la postre será quien beneficie al madurismo con un voto asimilado en el clientelismo político y la compra de conciencia; pero también tendremos más del 20% del registro electoral, es decir, de quienes trabajaron toda su vida por el país, que hoy son humillados y despreciados por el gobierno de Nicolás Maduro al condenarlos a la barbarie social y la explotación humana con ingresos mínimos que sólo alcanzan para satisfacer unos pocos días de comida, o la compra de alguna medicina si tienen la suerte de encontrarla con los traficantes de la salud.
El madurismo sabe que nuestros pensionados y jubilados han sido víctimas de sus nefastas políticas económicas, y en consecuencia, rechazan su continuismo en el poder. Esa es la razón por la cual les niega el bono de alimentación, y prefiere utilizar tales recursos en el mantenimiento de sus organizaciones partidistas, bajo el esquema de la perversión en la distribución de los recursos del Estado. El rechazo popular en contra de Nicolás Maduro seguirá en aumento aunque intente comprar acólitos y panegíricos. El país avanza hacia la destrucción humana. A propósito de ser ciego. Quien tenga ojos que vea.
