Desde 2015 el gobierno adelanta negociaciones para solventar la deuda que mantienen importadores venezolanos con exportadores panameños. El monto exigido está por el orden de USD 1.000 millones, de los cuales USD 400 millones corresponden a empresas de la Zona Franca de Colón. El Vicecanciller de Panamá, Luis Hincapié, anunció que luego de la "depuración de documentos", ésta última se redujo a USD 40 millones. Reconoció el fraude al afirmar que ese sobreprecio se debió a que "muchos empresarios jugaron vivo, hacían facturas falsas y anotaban mercancías que no estaban enviando". De ese modo bajó considerablemente la deuda. Son USD 360 millones que ahora podrán destinarse a la importación de las medicinas y alimentos que requiere el pueblo venezolano. Curiosamente, la iniciativa no vino del deudor sino del acreedor, "Cosas veredes Sancho". Mientras tanto, el Gobierno, la MUD y FEDECAMARAS mantienen un silencio sepulcral ¿Quedarán impunes los estafadores?
Este caso muestra claramente el modus operandi que se generalizó, estimulado por la política suicida del "anclaje cambiario" e impulsado por el contubernio letal que se creó entre funcionarios y empresarios mafiosos, para manipular la asignación de divisas y los procesos de importación. Esto ha sido posible gracias a la alta vulnerabilidad del Estado frente a la acción continua de las mafias organizadas cobijadas en la falta de transparencia, en la carencia de controles administrativos eficientes y en la esterilización de la contraloría social. Eso explica por qué, según cifras del BCV, en el período 2003-2013 el sobreprecio de las importaciones, medido en $/Kg, creció en 210 %, equivalente a la bicoca de USD 180.000 millones que se esfumaron mágicamente para materializarse como depósitos privados en el exterior.
Ante la existencia de una ignominiosa y en buena medida ilegítima deuda externa derivada de la corrupción cambiaria, cuya pesada carga recae despiadadamente sobre las espaldas de un pueblo que sufre la caída abrupta de sus condiciones de vida y de trabajo. Es una tarea primordial del movimiento popular luchar contra la impunidad y exigir qué el Estado declare la moratoria de la deuda, mientras se adelanta una auditoría pública y ciudadana que reivindique el ejercicio de la contraloría social como un derecho constitucional fundamental.
