El crimen cometido contra una docena de jóvenes en la ciudad de Shaperville, en Sudáfrica, durante el régimen del Apartheid, el 21 de marzo de 1960, así como la masacre del domingo sangriento en Selma (Estados Unidos) en 1965, sin dejar de mencionar la masacre de Los Guayos, en el ueblo de El Guapo (Estado Miranda) a mediados de la década de los sesenta del siglo pasado, fueron hechos que de alguna forma u otra sacudieron la opinión pública mundial sobre los derechos humanos a poblaciones africanas y sus descendientes en nuestra América.
Los hechos dolorosos de Selma y Shaperville, así como el silencio oficial de los bombardeos a la comunidad afrobarloventeña en la cuarta república, bajo la excusa de perseguir guerrilleros, fueron un detonante para que la ONU buscara los mecanismos para combatir esos crímenes raciales. Es así como surge, en 1965, la Convención Contra la Discriminación Racial, que condena cualquier tipo de prácticas raciales. Esta convención entró en vigencia en 1969. Nuestro país es firmante de esta convención, pero fue solo en el año 2003 que nuestro país firma el artículo catorce, para que fuésemos evaluados en cuanto a la puesta en práctica de ese instrumento internacional.
Fue en la época en la cual el diplomático Roy Chaderton era ministro de Relaciones Exteriores, que se depositó la firma como Estado y esto se logra bajo la iniciativa de quienes conformábamos para ese momento la Red de Organizaciones Afro, que exigiera a nuestro gobierno la firma de ese protocolo. Pero no bastaba la firma, era necesario evaluar qué políticas contra la discriminación racial y la etnoexclusión se estaban aplicando en Venezuela. El artículo catorce expresa claramente que el país debe someterse a una evaluación de parte del comité de evaluadores independiente, conformado por dieciocho especialistas.
Avances contra la discriminación
Fue en el primer quinquenio del proceso bolivariano (2000-2005) que la agenda del Movimiento Social Afrovenezolano, encabezado por la Red de Organizaciones afrovenezolanas, logró que el gobierno entendiera ese tema que durante años no fue aceptado por ninguno de los gobiernos anteriores. El primer paso fue explicar al presidente Chávez y sus ministros la ignorancia institucional que se tenía sobre el tema. Es lo que denominamos un proceso de realfabetización del gobierno para mostrarle la necesidad de impulsar políticas publicas de inclusión. Creamos la Comisión presidencial Contra la Discriminación Racial en el sistema educativo, impulsamos el día y posteriormente mes de la afrovenezolanidad, diseñamos la creación de una subcomisión en la Asamblea Nacional para temas afrodescendientes, instamos al Ministerio de la Cultura a crear una oficina de enlace con comunidades afro, en el campo legislativo logramos incorporar artículos de reconocimientos afro en la Ley de Educación, la ley de jóvenes y otros instrumentos jurídicos. La segunda etapa de ese proceso de sensibilización al Estado, fue en el año internacional afrodescendiente, en el 2011, cuando impulsamos la creación de dos organismos, como el Consejo Nacional para el Desarrollo de las Comunidades Afrovenezolanas y el Instituto Contra la Discriminación Racial y su respectiva ley. Todos estos avances ya fueron evaluados propositivamente cumpliendo con el artículo 14 de la Convención Contra la Discriminación Racial. Si bien es cierto que hemos quedado bien parados ante el comité evaluador en Ginebra, internamente hemos sufrido un estancamiento y un proceso de retroceso ante las victorias afro logradas más de una década de lucha por nuestros derechos. Pero aclaro, el problema no ha sido el Estado o el gobierno, aunque algunos funcionarios de alto rango aún no entienden nuestra agenda. El problema real es que quienes el gobierno colocí en esas instituciones no han dado la batalla ni la talla en defensa de una agenda que nació de las luchas de los movimientos sociales afrodescendientes. Creo que lo que pasa en Venezuela con esas instituciones está pasando a nivel de toda nuestra América: afroburocratización, la reproducción de vicios capitalista-esclavistas de clientelismo forzado, ignorancia plena de las luchas contemporáneas a nivel local, nacional y global afro y sumisión ante la ignorancia del poder establecido, que marca la agenda afro desde afuera y no una agenda desde adentro como se venía realizando. Prácticamente, quienes dirigen esas instituciones afro son los nuevos mayordomos simbólicos de las antiguas plantaciones. Es hora de reflexión profunda en el marco del decenio de los pueblos afrodescendientes y recomenzar con una agenda que trascienda la sumisión y reivindique el cimarronaje activo revolucionario.
CHU CHE RÍAS
***Las Cimarronas de la Esperanza al parecer se quedarán sin la esperanza ofrecida por parte de la Gran Misión A Toda Vida Venezuela. Para ese proyecto, presentado hace dos meses, no hay respuesta ni señales… ¿Es así como se gobierna, ignorando las necesidades más sentidas de las mujeres afrovenezolanas..? Donde esta el Ministerio de la mujer que aun sigue sin aparecerse por Cumbo y la Delicias donde asesinaron a tres mujeres afrovenezolanas?
***¿Sabía usted que el 24 de marzo de 1854 se firmó el decreto de la abolición de la esclavitud y en Río Chico, dos años después (1856), es que se dio la libertad a algunos esclavizados hasta que no indemnizaron a los antiguos amos? Por eso digo que la abolición fue un gran negocio para los amos.
*** No se está cumpliendo con las directrices del presidente Nicolás Maduro en Tacarigua de la Laguna sobre las cajas de alimentos, la semana pasada la gente enardecida protestó a los funcionarios encargados de esa responsabilidad, pues las están distribuyendo mal y otros las están acaparando. Hacen un llamado a destituir a esos funcionarios y funcionarias.
