Hace tiempo que la Asamblea fue declarada en desacato por el TSJ y todas sus decisiones anuladas. Hace tiempo que la solución (la desincorporación de los diputados de Amazonas y la convocatoria a elecciones parlamentarias en esa entidad) estuvo planteada. Específicamente, durante aquellas sesiones del diálogo promovido por el Vaticano y los mediadores internacionales. Hace tiempo que la oposición hace políticas epilépticas, inmediatistas, que la divide y desorienta y desanima a sus seguidores. Y también desde siempre la derecha apuesta por una intervención extranjera, porque, de hecho, también desde hace décadas, no hay lucha política estrictamente nacional. La integración latinoamericana, impulsada por los llamados "gobiernos progresistas" suponía colaboraciones "especiales" entre los aliados, especialmente la presencia asesora de cubanos o norteamericanos, rusos o chinos. Siempre hemos sido un objeto de disputa geopolítica y llamar al otro ladrón, sólo expresa el deseo de desviar la atención a la "extracción" que nosotros hacemos mientras tanto.

Por otra parte, hace tiempo que se puteó el término "golpe de estado". Ha contribuido a ello el discurso oficial, la del Partido-Gobierno-Fuerzas Armadas en Venezuela, pero también el de los aliados internacionales. Cualquier movimiento de crítica al gobierno, la iniciativa de referéndum revocatorio, la exigencia de elecciones, los motines guarimberos, ha sido tachado de "golpista". Varios factores promueven este abuso del término hasta vaciarlo de referente específico que es el de unos militares que de facto rompen la aplicación de la Constitución y las leyes. Se alude al golpe de abril de 2002, derrotado por la conjunción de la lealtad del grueso de las fuerzas armadas y el pueblo en la calle. Se entiende que esto es parte de la construcción de la leyenda heroica de la Revolución, en la cual hoy se justifica hoy casi cualquier cosa. Hay además la tradición latinoamericana de que todo golpe de estado impone un régimen autoritario militar, promovido por Washington. Este abuso del calificativo tal vez también responda a cierto prurito lingüístico. El adjetivo que cabría mejor a los intentos de la oposición por derribar al gobierno por una vía no constitucional, sería "subversivo". Pero como durante décadas adecos y copeyanos calificaron así a la izquierda heroica, la del grave error estratégico de la guerrilla, se prefiere usar y desgastar lo del "golpismo". A este cuidado lingüístico también responde el llamar "insurgencia" al intento de golpe de estado de Chávez en 1992.

La derecha brasilera y la hondureña alegaron (y creo que con razón) que habían aplicado unas disposiciones de sus respectivas constituciones para destituir a sus presidentes desde el Parlamento. A eso se le llamó también "golpe de estado". Y en dos oportunidades, el gobierno venezolano respaldó la propuesta de aplicación de la Carta Democrática de la OEA para contraatacar esos movimientos de la derecha. Se usó el mismo discurso: se habían cortado los respectivos "hilos constitucionales".

Prefiero llamar a esto que ocurre actualmente en Venezuela una crisis institucional, y en ella la responsabilidad es compartida. Por supuesto que del lado del Partido-gobierno-fuerzas armadas ha habido una línea de concentración de poder en el Ejecutivo, una fusión con las fuerzas armadas incluso a nivel de negocios, una resistencia a recurrir a la vía electoral, justificada hacia adentro con el temor (o la convicción) de que cualquier comicio se perdería, y por ello sólo puede montarse una elección si se gana, todo eso con un discurso aparentemente revolucionario que califica como "burguesas" las reglas democráticas y las consultas populares y reproducir de esta manera el oportunismo hacia la institución del voto que algunos izquierdistas le remedan a los fascistas históricos (Alemania e Italia).

Del lado de la oposición ha privado una inmensa irresponsabilidad, incapacidad, ineptitud. Políticas epilépticas, inconsecuentes que inciden en la desmoralización de sus propios seguidores. Recurren a Estados Unidos y a la OEA, sin aprender las lecciones de Cuba, donde ese recurso intervencionista cerró las filas de todos los patriotas en torno al gobierno. A ratos pareciera que coincidiese la oposición con los intereses del Partido-gobierno-fuerzas armadas, porque reconocen, a puertas cerradas, que la crisis económica no tiene salida fácil y aplicar en Venezuela la receta del FMI, Macri o Temer, pudiera representar una recuperación rápida del chavismo desde la oposición, y la continuación indefinida de las tensiones casi bélicas de la política.

Hay que reconocer que la situación no es normal. No está funcionando la Constitución. Esta tiene como una de sus inspiraciones la noción de equilibrio de poderes que el propio Bolívar tomó de uno de sus maestros de pensamiento, Montesquieu. Se ha eliminado prácticamente a todo un Poder Público: el Legislativo. Se ha concentrado todo el poder en el Ejecutivo, específicamente el de firmar contratos de empresas mixtas con empresas transnacionales, contratos que beneficiarán seguramente a la empresa petrolera de los militares. Este aspecto de la situación ha pasado bajo la mesa. Se formaliza la suspensión de todo un Poder Público para que no haya control público en las negociaciones entre el gobierno (o sea, la empresa militar de hidrocarburos) y las transnacionales que han sido llamadas a sacar del subsuelo el petróleo y del arco minero todo el oro y coltán posible. Como en el caso de los datos macroeconómicos, aquí privará el secreto, porque en la oscuridad se traman las grandes corrupciones.

La solución al desacato y la reapertura del Poder Legislativo es desincorporar los diputados de Amazonas y convocar allí otras elecciones. Apuesto a que dentro de pocas semanas, de nuevo habrá contactos para una negociación, donde cada lado haya acumulado elementos para soltar a cambio de otros del contrario. Mientras tanto, el pueblo, el supuesto soberano, le ha quedado el triste papel de simple espectador, a veces aplaudiendo, otras pitando, pero siempre en las colas buscando desesperadamente, con creciente dificultad, el alimento y las medicinas a unos precios cada vez mayores. ¿Y la Constitución? Bien, gracias.