A raíz del atentado de las torres gemelas de Nueva York en 2001, el presidente norteamericano desempolvó de la enciclopedia del lenguaje político el término "terrorismo" y lo incorporó a los ejes propagandísticos de la política de dominación mundial de Estados Unidos con repercusiones legales, tanto a nivel global, como en su propio país.
El terrorismo como política tiene una historia que data de comienzos del siglo XX. Siempre se asoció con atentados de bombas o magnicidios, realizados por organizaciones clandestinas que, ante el cierre de caminos democráticos de cambio político, decidieron emprender el camino de las armas para provocar esas transformaciones. En Rusia, por ejemplo, los "populistas" de allá, entre los cuales figuró el hermano de Lenin, se plantearon la lucha contra el absolutismo zarista en términos de atentados contra altos funcionarios del Zar.
Pero el término "terrorismo" adquirió con Bush nuevos usos y significaciones. En nombre de la lucha contra el terrorismo, en primer lugar, EEUU invadió a Afganistán e Irak, con un inmenso saldo de pérdidas humanas y materiales: masacres de la población civil, destrucción de maravillas arqueológicas, de patrimonios importantísimos, saqueo norteamericano de reliquias de la antigua Babilonia, etc.
Así mismo, la ONU, obediente a la nueva doctrina imperial, que sustituiría la de "contención del comunismo" por el derrumbe del bloque soviético una década antes, aprobó varios documentos, uno de los cuales era una lista de organizaciones terroristas entre las que figuraban organizaciones como las FARC, pero también Al Fatah, la Organización de Liberación de Palestina y hasta el Congreso Nacional Africano, que después tuvieron que sacar de la lista.
Pero además, en octubre de 2001 el presidente George Bush firmó lo que se llamó el Patriot Act que, en dos platos, significó el establecimiento de un estado policial en los propios Estados Unidos, supuesta "Tierra de Libertad". Por supuesto, el debate sobre la violación de los derechos humanos que implicaba ese decreto, impulsado por varias organizaciones defensoras de derechos humanos, fue acallado por el rechazo casi unánime que produjo el terrible atentado a las Torres Gemelas. El dolor y la indignación habían sido estimulados hasta la exacerbación por los agentes de Al Qaeda, organización fundamentalista islámica comandada por un miembro de la familia Bin Laden, socia de los Bush en varios negocios petroleros. Esos sentimientos fueron manipulados por Bush y sus secuaces para ocultar las serias violaciones a los derechos humanos que traía consigo ese decreto de Bush.
Una de las tantas consecuencias de la nueva doctrina imperial, aparte de las invasiones, la imposición de gobiernos títeres en Medio Oriente y la instauración de un estado policial en Estados Unidos, fue la utilización de las Tecnologías de Información y Comunicación para espiar todas las comunicaciones de los norteamericanos y residentes en sus suelos. Siguiendo el ejemplo, otros gobiernos, como el de España, impusieron legislaciones y decretos similares que establece penas e cárcel y multas incluso a mensajes por las redes sociales donde se cuestione cualquier actuación de los organismos de seguridad del estado. Ni mensajes por Wassap burlándose de algún policía, escapó al castigo de los "antiterroristas".
El concepto de "terrorismo" sustituyó a otros, como "subversión", "guerrilla", pero incluso a la de "oposición", "protesta", etc. El estigma de terrorista es justificativo hoy para aplicar la fuerza de las armas "legítima" contra cualquier grupo. Incluso dio pie a nuevos mecanismos jurídicos, donde la simple sospecha, respaldada por la intervención masiva de los teléfonos o redes sociales, puede servir para encarcelar a cualquiera que se atreva a esbozar una crítica al gobierno.
Es bueno recordar esta historia. Produce curiosidad, pero también estupor, que la misma operación ideológica que le sirvió a Bush y otros gobiernos para violentar las libertades en los países de Europa u otros, pueda servir hoy en Venezuela, para calificar desde las acciones de encapuchados, hasta clases universitarias o artículos publicados en revistas arbitradas científicas, que aludan a cualquier cambio político en el país, para así "justiricar" la aplicación de los tribunales militares, en el más puro estilo de Betancourt y Leoni en los tiempos de la IV República, cuando a cualquiera lo detenían por sospechoso de subversivo. Ahora se le diría "terrorista".
La cosa ha llegado a tales extremos que un muchacho de mandado, de barba bien cuidada, de reloj caro y unas ganas inmensas de salir en pantalla, que se hace llamar "especialista en Derecho Constitucional", llegue a proponer que la Constituyente apruebe un artículo de la nueva Constitución para castigar por "terrorismo", a cualquiera que convoque protestas, manifestaciones, cierre de vías que deriven en algún tipo de violencia. Por supuesto, esto iría contra todas las garantías democráticas, como pasó en los EEUU con los decretos de Bush y la nueva doctrina imperial de "lucha contra el terrorismo". Eso iría contra el derecho de protesta, de reunión, de manifestación pública, de libertad de expresión, etc. Lo que está garantizado hoy en la Constitución de 1999, que se trata de acabar como si tuviera alguna culpa de las fallas de gestión económica y social, que dieron como resultado esta dura realidad de la inflación, desabastecimiento de alimentos y medicina, hampa desbordada, misiones desactivadas, etc.
