"La soberanía del pueblo es la única autoridad legítima de la naciones". Bolívar
Con el rechazo por el TSJ de los recursos de nulidad de los decretos presidenciales que convocan la ANC intentados por la Fiscal Luisa Ortega, la cúpula PSUV-Gobierno pretende ponerle una sordina al debate sobre la no pertinencia de la iniciativa constituyente del Presidente Maduro como vía para superar la grave crisis del país.
Para que una constituyente sea tal, debe darse en el contexto de un diálogo incluyente y de respeto a las reglas del juego como ocurrió en 1999. Una ANC que no es originaria, porque no está siendo convocada por el poder constituyente originario, residente intransferiblemente en el pueblo, en lugar de conjurar la violencia, va a dispararla e incluso podría desencadenar una fractura mucho más profunda en la sociedad venezolana, porque carece de legitimidad y luce como una acción desesperada del gobierno para huir hacia adelante intentando escaparse del veredicto popular y en contra de la mayoría de los venezolanos. El diálogo por la paz será eficaz si se hace, como lo recomienda el Papa, en un marco normativo aceptado por todos, que no es otro que la CRBV, y el peor escenario para construirlo es una constituyente que se sustenta en la usurpación de la soberanía popular.
La crisis institucional está llegando al clímax con la posible defenestración de la Fiscal por el TSJ, por el "pecado" de asumir la defensa de la Constitución. La incertidumbre y crispación crece con el anuncio del carácter "supraconstitucional" que tendrá la ANC, con poderes "plenipotenciarios" ilimitados y duración indefinida, la cual además de redactar una nueva constitución, ejercerá las funciones de la AN pudiendo modificar el marco legal en general, autorizar la firma de contratos de interés nacional -como los del Arco Minero y de la Faja del Orinoco- diferir el cronograma electoral, restringir las garantías y derechos ciudadanos para darle continuidad al estado de excepción permanente. Al concentrar el Gobierno-PSUV todo el poder sin contar con el respaldo mayoritario del pueblo y sin instituciones democráticas efectivas, el panorama luce sombrío para la República, amenazada por el fantasma de una guerra civil que solo podría evitarse a través de un diálogo transparente de cara al país, que trace la ruta para el retorno a la Constitución.
