En un ejercicio para evitar la enfermedad del olvido y no distraerme entre los shows sucesivos a los que nos tienen sometidos, traté de hacer una cronología de eventos para visualizar cómo hemos llegado al día de hoy. Para comprender los fenómenos es importante tener en cuenta el contexto, este listado de eventos puede ser de alguna utilidad para ello.

Sin duda alguna nuestro país forma parte de diversos intereses geoestratégicos de EEUU, Rusia y China, ante éstos los discursos antiimperialistas quedan solo en arengas. Durante los últimos años Venezuela ha estado inmersa en una crisis progresiva de diversas índoles: económica, política e institucional. Crisis que se ha agudizado con la inflación y escasez general de productos, en especial de alimentos y medicinas; una tasa de homicidios de 70 por cada cien mil habitantes alimentada en parte por operativos policiales cuestionados por su violación en materia de derechos humanos como las denominadas OLP; poca claridad y cohesión en los liderazgos políticos, en especial a partir de la muerte del Presidente Chávez en el año 2013, lo que ha traído como consecuencia una disminución de la hegemonía del partido de gobierno, cuya expresión más evidente está en la derrota electoral del 6 de diciembre de 2015, en la que, después de 18 años, la oposición retomó el dominio del Poder Legislativo. Antes del triunfo electoral de la oposición la Asamblea Nacional (AN) saliente designó a nuevos Magistrados en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a través de un procedimiento que ha sido cuestionado tanto en su forma como en su fondo. Estos últimos dos eventos han traído una serie de acciones institucionales de desconocimientos recíprocos que han profundizado la crisis política e institucional del país. A continuación se señalarán los eventos que se consideran más relevantes hasta el día de hoy:

1. Los magistrados designados a través del cuestionado procedimiento, entre finales de diciembre de 2015 y comienzos de enero de 2016, decidieron desincorporar a los diputados electos por el estado Amazonas en diciembre de 2015, lo que afectó a la mayoría calificada de la oposición en la AN. Decisión que al AN acató días después. A la fecha de elaboración de este artículo, un año y medio después, aún no han decidido sobre ese caso, cuando lo que procedía en el supuesto más extremo era la celebración inmediata de nuevas elecciones.

2. Siete meses después, el 28 de julio de 2016, alegando que el TSJ no decidía sobre el caso de los diputados de Amazonas, la AN incorporó a dichos diputados, lo que el TSJ respondió invalidando todas las decisiones de la misma, porque se encontraría en desacato.

3. Cuando la AN decidió obedecer y separar a los diputados de Amazonas, el TSJ desconoció el acto parlamentario, alegando cuestiones de forma. Al año siguiente, en enero de 2017, con nueva junta directiva, la AN obedece nuevamente el mandato del TSJ, sin embargo, éste vuelve a anular la decisión, alegando esta vez que la sesión debía realizarse por la junta directiva antigua, previa a la primera declaración de desacato.

4. El 13 de diciembre de 2016 la AN aprobó la responsabilidad política del Presidente de la República "por la grave ruptura del orden constitucional y democrático, la violación de derechos humanos y la devastación de las bases económicas y sociales de la nación". Semanas después, el 9 enero de 2017, declaran el "abandono del cargo" del Presidente, medida de cuestionada constitucionalidad y legalidad que forma parte de los continuos desconocimientos entre el Poder Ejecutivo y Legislativo que se agudizarán en las semanas siguientes.

5. Acuerdos comerciales que comprometen la biodiversidad de casi el 12% del territorio nacional, colocando la explotación minera en manos de industrias militares y extranjeras.

6. El Poder Electoral hizo prácticamente inviable el referendo revocatorio presidencial y postergó sin fecha las elecciones de gobernadores que correspondían en diciembre de 2016. Mientras tanto las autoridades regionales ejercen de facto sus funciones. Se ha llegado hasta la designación administrativa y discrecional de algunos gobernadores, sin que medie elección alguna para ello en los casos de: Carabobo, Barinas, Sucre y Anzoátegui.

7. Sentencias 155 y 156, del 27 y 29 de marzo de 2017, en las que se desconoce a la Asamblea Nacional y le otorgan al Ejecutivo parte de sus competencias, las cuales fueron cuestionadas por diversos sectores del país. El 31 de marzo la Fiscal General, en el marco de la presentación de su informe anual, rechazó públicamente la constitucionalidad de dichas sentencias, señalando que constituían una "ruptura del orden constitucional". Días después impugnó el nombramiento de los Magistrados realizado a finales de 2015, lo que le ha generado una serie de ataques y acciones en su contra y del Ministerio Público, de parte del Ejecutivo Nacional, el Defensor del Pueblo, el Contralor General de la República y el TSJ.

8. Ante el inicio del procedimiento por parte del Ejecutivo Nacional para retirar al país de la OEA, el desconocimiento mutuo entre el Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo, y la imposibilidad de resolver institucionalmente las controversias, se inician una serie de protestas y manifestaciones entre el 4 y el 6 de abril de 2017, cuyo objetivo inicial era procurar la destitución de los magistrados del TSJ, los objetivos, formas y características de las protestas han ido variando y se mantienen hasta la actualidad.

9. A casi un mes después de las protestas, el 1 de mayo, el Presidente convoca a una Asamblea Nacional Constituyente, que ha sido cuestionada en su constitucionalidad, legitimidad, pertinencia y objetivos.

10. Luego del anuncio presidencial sobre la posibilidad de ir a un proceso constituyente han continuado las protestas, la represión a las mismas, así como el desconocimiento entre diversas instituciones del Poder Público Nacional.

Es este el contexto que nos lleva al 30 de julio, en el que ya se ha pasado el centenar de muertes producto de la conflictividad política y callejera de los últimos tres meses, que analizaremos en un próximo artículo.