Algo que todo directivo gubernamental debe saber, en éste y en cualquier gobierno, es el límite de sus decisiones y acciones, independientemente de las funciones que tenga asignadas por las leyes y reglamentos. Estas limitaciones existen y las tiene todo funcionario, inclusive el propio Presidente de la República. No se trata de limitar atribuciones por el hecho de limitarlas, ni de ser timorato en el ejercicio del gobierno; se trata de no ser tremendista y de que ciertas decisiones que afectan a todo un gobierno, un proceso, un país o con repercusiones internacionales, no pueden ser tomadas por unos pocos y mucho menos a la ligera o por razones viscerales o por deseos de figuración, sino que deben ser muy bien analizadas, consultadas y discutidas, entre otros, con el Jefe del Estado, responsable último de todo lo que pase y principal perjudicado, junto con el Gobierno, de errores, delirios y precipitaciones.
Recuerdo, en este momento, unas decisiones del Consejo Superior de la Simón Bolívar, desaprobando el presupuesto presentado por las autoridades de esa universidad, sin haber consultado con el ministro esa decisión, ni pasearse por el problema político que se le podía presentar al Gobierno Nacional con la misma, cuyo basamento técnico no voy a discutir en este momento. Recuerdo que informamos a la ONAPRE que dicho presupuesto no tenía la aprobación necesaria del Consejo Superior. La oficina rectora en la materia, no sé si después de hacer las consultas debidas, decidió aprobar el presupuesto como lo habían presentado las autoridades, lo cual produjo en quienes lideraban el Consejo Superior una reacción en mi contra, pues me acusaban de ser cómplice de unas autoridades escuálidas. Entendí, en ese momento, que era más fácil señalarme como responsable que dirigir las acusaciones hacia la ONAPRE o, incluso, más arriba.
Guardando las distancias, esto es lo que ha sucedido con las expropiaciones de los campos de golf de dos urbanizaciones decretadas por el alcalde Barreto. Es una medida de tal magnitud, más en un año electoral, que no importa si es justa o no o cualquier otra argumentación por el estilo. Esa decisión no correspondía políticamente a esa instancia y eso ha debido saberlo el Alcalde.
