Con las nuevas sanciones económicas que tomó contra de Venezuela, el gobierno de Trump le está tendiendo un cerco financiero al gobierno, al bloquearle el acceso a los recursos que requiere para pagar el servicio de la deuda. Al cerrarle la entrada al sistema financiero de EEUU, solo le va quedando como única opción para evitar un default financiero, buscar el auxilio de China y Rusia para intentar salir del atolladero.
Con la capitulación de la MUD ante el solio imperial, Washington ha comenzado a intervenir sin intermediarios, como dueño del circo, y se apresta a elevar al máximo la presión económica, para agudizar la precarización social y provocar el caos, a fin de justificar, "si fuese necesario", una intervención militar "humanitaria" para derrocar al que califican como "estado fallido" ¿Guardará esto alguna relación con las maniobras militares estadounidenses conjuntas, que se iniciaron en la triple frontera amazónica en la que concurren Brasil, Colombia y Perú, para ensayar la "operación humanitaria AMAZONLOG17? Este escenario en desarrollo, literalmente pone a valer el "salvavidas financiero" chino-ruso como carta de negociación, para obtener a cambio contratos petroleros y mineros aún más gravosos para la soberanía e independencia nacional. Empero, extraordinariamente ventajosos para el capital euroasiático emergente, ávido de valorizarse mediante una mayor participación en las inmensas reservas de hidrocarburos y minerales estratégicos existentes en la Faja y el Arco Minero del Orinoco.
El gobierno está atrapado entre la espada y la pared, entre el US hard power y el Chinese-Russian soft power, colocando al país en el ojo de un huracán que se está formando por la disputa interimperialista por el reparto de los recursos naturales de Venezuela y la región. No ha visualizado una salida distinta a la cesión de soberanía a uno u otro polo ni las graves consecuencias irreversibles que tendrá para la integridad y la independencia de la Patria. Se empeña tercamente en priorizar el pago de una deuda bajo sospecha de ser en buena medida ilegítima, respecto de las importaciones de alimentos y medicinas por las que claman los venezolanos, cuando la opción realmente soberana y revolucionaria sería declarar su moratoria, mientras se adelanta una auditoría pública y ciudadana de la misma, siguiendo el ejemplo de Ecuador.
