Mientras el General José Antonio Páez era aclamado por numerosas manifestaciones de los pueblos de Valencia, Caracas y otras ciudades del país, el día 30 de abril de 1826 se celebró una nueva asamblea de la municipalidad de Valencia, en ella se ratifica a Páez como Comandante General de Venezuela. Las acciones llevadas a cabo por los munícipes valencianos significaban el desconocimiento de las autoridades nacionales de la República, principalmente por la decisión de reponer a Páez en el cargo del que había sido despojado por el Congreso Nacional; en Bogotá. Por otra parte, esta conducta implicaba el reconocimiento de las atribuciones inherentes a los cuerpos municipales, de igual manera como éstos habían ejercido sus derechos en 1810 al iniciarse el proceso de ruptura con el reinado de España. Desde el mes de abril de 1826, el movimiento venezolano de oposición al centralismo instaurado por el Congreso Constituyente de Cúcuta, manifestó claramente sus intenciones separatistas, en la medida en que sus resoluciones violaban el orden constitucional; cuya vigencia estaba cuestionada desde el nacimiento mismo de la República de Colombia (La Gran Colombia). La Municipalidad de Caracas, en donde se había provocado el comienzo del conflicto con la presentación del Memorial ante la Cámara de Representantes para denunciar los atropellos cometidos por las tropas de Páez en la recluta, decidió dar un vuelco radical a esta posición y en sesión celebrada el 5 de mayo siguiente, resolvió la adhesión a los principios y causas proclamadas por la municipalidad y pueblo de Valencia. Este cambio respondía a que los miembros de esa corporación visualizaron la posibilidad de utilizar la figura del General José Antonio Páez para promover, como ya lo había exteriorizado Valencia, un movimiento de franca oposición a las directivas provenientes de la capital de la República (Bogotá).
Por otra parte, debemos tomar en cuenta que Páez dominaba el ejército y por lo tanto, los disidentes podían contar con el apoyo de la fuerza militar en su enfrentamiento con los dictámenes que pudiere tomar el Presidente (encargado) de la República; General Francisco de Paula Santander. El General José Antonio Páez demuestra su capacidad para convertirse en el caudillo conductor de la lucha contra el centralismo y sabía su poder se iría afianzando gracias al control del ejército y al hábil manejo político de la situación. La rebeldía de la Municipalidad de Valencia adquirió mayor fuerza el 11 de mayo, cuando Páez recibe la designación de Jefe Civil y Militar de Venezuela, decisión que fue refrendada por Caracas 5 días más tarde. El caudillo Llanero lanza una proclama ese 19 de mayo, lo que revelaba el grado de Poder con que había sido investido, expresando la verdadera orientación del movimiento iniciado en Valencia, en dicho documento anuncia que por voluntad popular le habían encargado del mando de las armas y de la administración civil para remediar los males que Venezuela estaba sufriendo y en virtud de tales poderes, reclamaba que se acelerara la convocatoria a una Gran Convención, prevista en la Constitución de Cúcuta; también afirmó que la posición adoptada por estas provincias sería defendida por las armas de ser necesario. En una de las actas suscritas en Valencia se cuestionaron también los empréstitos externos contratados en Bogotá en 1822 y 1824: "bajo el régimen del General Santander se ha gravado la nación con un empréstito ruinoso, negociado misteriosamente, distribuido sin sabiduría y con parcialidad"
Las rentas de Venezuela se encontraban comprometidas en el pago de la cantidad de dinero que Bogotá, desproporcionalmente, le había señalado. Este problema estaba contribuyendo a profundizar la pugna con las autoridades neogranadinas en la medida en que los empréstitos implicaban un aumento de las obligaciones externas de Venezuela sin que se hubieran recibido un beneficio equivalente. El movimiento separatista se extendió con rapidez en todo el Departamento de Venezuela y numerosas municipalidades expresaban su apoyo al General Páez. La trascendencia de los acontecimientos puede apreciarse en la reunión conjunta celebrada en Valencia por las Municipalidades de los Departamentos de Venezuela y Apure, ella con la finalidad de exigir reformas de la actual organización de la República, en vista de que estos pueblos se encontraban privados de los derechos de libertad, seguridad e igualdad. En dicha reunión se cuestionó duramente la actuación del Encargado de la Primera Magistratura, Francisco de Paula Santander, de quien se temía pudiera convertirse en 1831 en el nuevo Presidente de la República. Asimismo, se afirmaba que el gobierno central había actuado arbitrariamente con el General Páez al no considerar su objetiva autoridad para mantener el orden y seguridad interna, funciones que siempre ejerció con base en el respeto de las leyes. En la Asamblea de las Municipalidades de los Departamentos de Venezuela y Apure se exteriorizaron nuevamente las críticas a la Constitución de Bogotá, por la razón de no haber sido ella sancionada por el voto libre de los pueblos.
