Vamos, a una guerra total de pueblo contra pueblo. Pero, más allá, los hackers vienen creando un telón de fondo para fomentar su propio campo político y traducir una economía perversa a su favor, que, traería mucha desigualdad social. La cibernética ya cuenta con el suficiente capital para trabajar a su antojo, los programas de coacción a pequeños empresarios e industriales que, en última instancia estarían manejado criterios para lanzar ataques de persuasión a quienes desafíen el poder constituido.

La incertidumbre del contexto territorial, lo viene creando el mercado empobrecido y la guerra especulativa. El consumidor, a su vez, no tiene condiciones para absorber algunos productos y el bachaquero, con el apoyo que sostiene en el tiempo, se encarga de especular, agravando el problema.

Hay un capitalismo ultra concentrado en las filas bolivarianas Esta excesiva militarización comandada por el Estado nos lleva a pensar en el futuro que, vamos a una automatización de los productos, digitalizándolos para cubrir algunos ámbitos de la vida.

Debemos prepararnos a una verdadera guerra cibernética, donde la exposición a virus será permanente y solo los expertos en telecomunicaciones sabrán lo que sucede en nuestra área y Latinoamérica.

Los combatientes de esta guerra son expertos en informática y en telecomunicaciones. Este tipo de guerra ha sido probado varias veces. Ya en 1999 en la guerra de Kosovo, los hackers atacaron incluso al portaaviones norteamericano. Tal vez el más conocido fue el ataque a Estonia el 26 de abril de 2007. El país se jacta de poseer casi todos los servicios del país informatizados y digitalizados. Un pequeño incidente (el derribo de la estatua de un soldado ruso, símbolo de la conquista rusa en la última guerra, por civiles de Estonia) fue el motivo para que Rusia dirigiera un ataque cibernético que paralizó prácticamente todo el país: los transportes, las comunicaciones, los servicios bancarios, los servicios de luz y agua.

El mayor riesgo de la guerra cibernética es que puede ser conducida por grupos terroristas, como el Estado Islámico, paralizando toda la infraestructura, los aeropuertos, los transportes, las comunicaciones, los servicios de agua y luz, e incluso romper los secretos de los aparatos de seguridad de armas letales y hacerlas disparar o inutilizarlas. Y todo esto a partir de cientos de ordenadores operados desde diferentes partes del planeta, imposibilitando identificar su lugar y así hacerles frente. Estamos, por tanto, frente a riesgos innombrables, fruto de la razón enloquecida.

Sólo una humanidad que ama la vida y se une para preservarla podrá salvarnos.

Época de balances, de valorar los aciertos y los errores. 2017, en materia de política de transparencia, cierra un año muy importante con un apunte clave: los Gobiernos, o son abiertos o dejan de ser puramente democráticos. Esto es una política de Estado para la ciudad de Valencia, pero aún debe seguir profundizándose y mejorando, y necesita de más responsabilidades y responsables. Porque bajo la lupa del Gobierno Abierto, todos en el Estado somos responsables, incluso los medios y los ciudadanos.

Todos necesitamos saber quiénes nos gobiernan. Es inadmisible que haya gobiernos que aún renieguen de publicar sus "protocolos" o "declaraciones juradas". Necesitamos que los gobiernos firmen su contrato de gestión con los vecinos; más y mejores planes de gobierno, porque sólo se puede rendir cuentas sobre lo que se propone como objetivos y metas.

No publicar, ocultar o tapar no es sinónimo de corrupción, sino de opacidad; pero es desde ahí desde donde la corrupción se hace más fácil. Por eso la transparencia es hacer de la corrupción una empresa de alto riesgo: la transparencia y la rendición de cuentas no son una opción. No hay opción al gobierno abierto, moleste a quien moleste.

La transparencia está en el debate y pocos tendrán acceso a la información .En el país y el mundo vivimos momentos de zozobra, en los que se pierde la paz y crece el miedo y la inseguridad. La intranquilidad que ello produce, resulta un terreno fértil para que las ideas y las convicciones humanas puedan ser instrumentalizadas fácilmente, con fines de poder o de venganza, contrarios a los objetivos de una humanidad que se respete a sí misma. Siempre resulta insuficiente insistir en la importancia de educar para la paz y en la tarea poner el mejor empeño.

La sociedad debe reafirmar su coherencia con los valores esenciales que la nutren y la justifican. No se pueden volver relativos o perecederos conceptos fundamentales, como el respeto a la vida, a la libertad, a la dignidad de la persona, a la igualdad y equidad, a la no discriminación, a la justicia social y a la vigencia integral de los derechos humanos. La corrupción social empieza por relativizarlos, para luego, anularlos por indiferencia.

La paz implica una actitud interior y trascendente, que se potencia cuando se proyecta a la sociedad. Es un anhelo y una esperanza que se dan de manera imborrable en el corazón de cada persona, por encima de las realidades culturales específicas.

La vocación por la paz nos debe obligar a esforzarnos, en medio de los conflictos, para dar razones de vida y evitar que la seducción de la violencia irracional, material o simbólica, imponga sus argumentos de muerte. Tampoco ninguna forma de dominio gubernamental autoritario o de imperialismos que se auto justifiquen sólo en la fuerza, pueden presentarse como garantía de una verdadera paz. Cuando la razón que manda es la violencia injusta, nunca se triunfa, es la derrota más profunda de la comunidad humana.

Además, ella no se sustenta en el equilibrio de los armamentos de las naciones y es inaceptable que la humanidad se extorsione a sí misma, sosteniendo que se construye paz, sobre la base de armas capaces de lograr la destrucción de países o del mundo. Y menos, que, en el uso de la violencia, se justifique que haya pérdidas de vidas inocentes o de personas que resulten gravemente perjudicadas sin razón y se explique, de manera endulzada, como meros daños colaterales por supuestos fines superiores.

La paz también implica la firme convicción de que el terrorismo, de cualquier tipo, como la violencia interesada en objetivos no enaltecedores de lo humano, son incompatibles con el auténtico espíritu de todas las personas de bien y menos de parte de religiones como el judaísmo, el islamismo o el cristianismo, porque en todas en estas creencias la palabra de Dios, en los textos sagrados -Torá, Corán y Biblia-, invitan siempre a tener actitudes de paz.

Sólo la verdad puede sensibilizar los ánimos hacia la justicia, abrirlos al amor y a la solidaridad, y alentar a todos a trabajar por una humanidad realmente libre y solidaria, que cobije especialmente, en este momento, a los migrantes que huyen de la guerra o de graves conflictos.

"Constitucionalista", te suelen calificar. ¿Qué significa? Puede decirse que, entre otras funciones, se trata de personas encargadas de descifrar lo que dice la Constitución y explicar la adecuación de las diferentes políticas públicas, leyes, decretos y demás a ella. Lo primero es determinar qué se entiende por Constitución: ¿es sólo el texto -parece intuitivo y se la suele denominar "formal"- o, en cambio, es lo que dicen sobre el mismo quienes tienen la capacidad jurídica e institucional de definirlo ("material")?

Los legisladores, el presidente y los jueces son los principales "actores" que definen de hecho qué es "lo constitucional", más allá de lo que diga la norma. La Constitución -esta o aquella- se supone debe respetar la democracia, la igualdad, la libertad, los derechos humanos, pero a veces, al ser "derecho", puede servir también para dominar, oprimir, mantener privilegios o el statu quo. Esto pasa seguido.

Pero quienes definirán, con efectos concretos, la "constitucionalidad" son los jueces. Ellos ejercen el "control de constitucionalidad". Al sistema de control lo ejerce cualquier juez y vale para el caso concreto. Lo inconstitucional sigue vigente y depende de lo que decida cada juez.

Esto genera desigualdad, inseguridad, incertidumbre. Los jueces interpretan la ley y la Constitución, con lo que pueden decidir en base a una buena dosis de arbitrio. Sucede seguido en Venezuela ¿Pueden cambiar lo que dice la Constitución formal? Se supone que no, pero a veces lo hacen y ello depende de muchos factores: de lo que esté en juego, de quiénes sean los jueces, de cuán político sea el tema y de cuánto los jueces dependan o acompañen al poder político cuando de estos temas se trata, entre otros.

El precio del petróleo y la menor prioridad estratégica que tiene para los EE.UU., son razones por las cuales Washington sigue con pasividad la evolución de la crisis venezolana. Venezuela es el país del mundo con más reservas de petróleo convencional conocidas. Pero con un precio que fluctúa entre 40 y 50 dólares el barril como en los últimos meses, no es un dato relevante como en el pasado. Nadie puede saber si en el mediano plazo el precio se recuperará a 70 o bajará a 30, como asume la planificación de largo plazo del gobierno de Arabia Saudita. En los comienzos del Chavismo, a fines de los años noventa, entre el 15 y el 17% del petróleo que importaba EE.UU. provenía de este país sudamericano. Pero ahora la primera potencia del mundo lo está exportando. Por esta razón, no hay un interés estratégico de carácter económico que impulse a Washington a asumir un rol activo para intentar definir la crisis. Al mismo tiempo, América del Sur es la región del mundo que tiene menor interés estratégico para la Administración Trump, en un mundo en fuerte tensión. Además, Venezuela tiene una población de 32 millones de habitantes. En décadas pasadas, EE.UU. intervino para provocar cambios de régimen en países del Caribe como Grenada y de América Central como Panamá, en Santo Domingo para evitar que la izquierda tome el poder y en Haití para impedir la anarquía. Pero intervenir en Venezuela implica un compromiso de recursos (económicos y militares) muy superior. Esto lo perciben los tres funcionarios de Trump con experiencia en la región Kelly, Shannon Weddell.

Queda por analizar si el Papa Francisco está en condiciones de jugar el rol que ni los gobiernos ni los organismos o grupos regionales están en condiciones de asumir. La Iglesia venezolana está enfrentada con Maduro y el Vaticano el año pasado llevó adelante una mediación que no tuvo éxito. El líder más importante de la oposición (Capriles) días atrás pidió un "poquito de atención" del Papa sobre la crisis de su país. El Sumo Pontífice ha planteado condiciones para una nueva mediación, para evitar un nuevo fracaso. Entre estas estarían la liberación de los presos políticos y un compromiso respecto a la convocatoria de las elecciones regionales postergadas sin fecha. Pero el Papa también contempla problemas a resolver, como la necesidad de apoyo multinacional para alimentar una población hambrienta de 32 millones de personas en un período de transición que será difícil. Hay ocho países de la región que respaldan esta mediación (Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile, Perú, Colombia y Costa Rica). La decisión de Maduro de convocar una "constituyente obrera" al margen del parlamento y de reprimir violentamente las protestas del 1 de mayo, parecen bloquear esta mediación.