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PROGRAMA DE EMERGENCIA Y RECUPERACION NACIONAL

I

La grave crisis social que agobia a las grandes mayorías de venezolanos tiene que ser enfrentada con un programa de emergencia enfocado en la alimentación, atención de la salud, re-valorización del salario en función de la canasta básica y generación de empleo digno. Todas las alarmas están en rojo mostrando que la sociedad venezolana transita por una aguda emergencia humanitaria, la cual el gobierno ha intentado invisibilizar y cuando las evidencias la delatan, opta por eludir totalmente su responsabilidad medular en ella, achacándosela a una “guerra económica” que cada vez se revela más como consecuencia de sus políticas erráticas, de la corrupción, de su incapacidad y sus ineficiencias estructurales, sin que con esta afirmación se pretenda desconocer el acoso económico y geopolítico de EEUU y sus aliados sobre Venezuela. El rostro de la crisis se refleja dramáticamente en la última “Encuesta Nacional de Condiciones de Vida” (ENCOVI) realizada conjuntamente por varias universidades (UCV, UCAB y USB). Allí se desnuda la terrible situación que afecta a las grandes mayorías de venezolanos, siendo uno de sus indicadores más demostrativo el éxodo masivo de compatriotas pertenecientes a todo el espectro social, principalmente jóvenes, que para sobrevivir o para tener mejores condiciones de vida han optado por marcharse del país. Entre 2012 y 2017 emigró un promedio de 1,3 personas por hogar para un total estimado de 1.421.000. Según ese estudio, en 2017, 8,13 millones de personas consumieron de 1 a 2 comidas diarias, eso explica el incremento inusitado de la indigencia en las calles, 9 de cada 10 venezolanos no pueden pagarse la alimentación y sólo en 2017, 6 de cada 10 han perdido 11 Kg de peso por hambre. La pobreza saltó de 40,4 %  en 2014 a 87% en 2017, pero como no están indexados los salarios e ingresos respecto de la inflación, del vendaval de la hiperinflación sólo está quedando a salvo una minoría. Los bonos, pensiones, subsidios sociales e incrementos salariales son devorados de inmediato por la escalada especulativa ante la mirada pasiva del gobierno. Las misiones han ido languideciendo progresivamente hasta ser sustituidas por la entrega cada vez más irregular de las cajas de alimentos “CLAP”. Entre 2015 y 2017 el acceso a la educación de jóvenes entre 3 y 24 años descendió de 78% a 71%. Al drama de la expansión de la desnutrición en toda la geografía nacional, que deja una huella irreversible en la generación de relevo, se suma el colapso del sistema de salud por la escasez y encarecimiento de los medicamentos e insumos, por el éxodo de profesionales de la salud, por las ineficiencias que genera el paralelismo entre Barrio Adentro y el Ministerio de Salud, provocando la elevación de la mortalidad maternoinfantil, la propagación y repunte de la malaria, el sarampión, la difteria y demás enfermedades que en el pasado se encontraban ya bajo control, especialmente en los sectores más vulnerables como los pueblos indígenas y también, la desatención de enfermedades crónicas como el cáncer, la diabetes, la hipertensión, cardiopatías, síndromes neurológicos, el VIH y similares. Las interrupciones de los servicios de agua y electricidad se han convertido en algo cotidiano para los venezolanos y el transporte se ha reducido significativamente debido a la salida de servicio de las unidades por falta de repuestos, incrementando el ausentismo escolar y laboral.

Consideramos que esta grave crisis y sus consecuencias sociales debe ser enfrentada desde una perspectiva crítica propositiva, identificando los nudos gruesos que hay que desatar para atender la emergencia social, estabilizar y relanzar la economía y recuperar la gobernabilidad democrática, teniendo como hilo conductor la restitución de la Constitución. Por tratarse de una crisis estructural crónica resultante del colapso del modelo económico rentístico extractivista primario exportador y su correlato el modelo político clientelar, las decisiones y acciones tendientes a superarla, incluso las de corto plazo, tienen que inscribirse en una estrategia que apunte hacia la emancipación progresiva de ese modelo de dependencia neocolonial o de lo contrario, seguiremos atrapados en la dinámica de reproducción de la lógica rentística de acumulación de capital, empobrecedora de las grandes mayorías y enriquecedora de unos pocos cazadores de renta que actúan desde la burocracia estatal y desde un sector privado parasitario de la misma. Siendo ésta una crisis multidimensional y sistémica cuyo epicentro es el agotamiento de dicho modelo, las acciones para superarla deben ser correspondientes y coherentes con ese carácter para realmente poder avanzar hacia una ruptura con dicho modelo, atendiendo a la vez, la emergencia social y económica del país.

La corrupción resultante de la confabulación de sectores de la burocracia y de capitales tanto nacionales como internacionales, tiene un peso determinante en la crisis económica cuantificable en el déficit fiscal, el enorme servicio de la deuda externa que se cancela sin ningún tipo de consideraciones acerca de su legitimidad y priorizado por el gobierno respecto de las importaciones esenciales, las ineficiencias de la administración, la pérdida de activos e inversiones y en los costos sociales e institucionales derivados. Los capitales fugados procedentes de la corrupción y el pago de una deuda ilegítima y corrupta, constituyen un activo fundamental, cuya recuperación por la República debe convertirse en un objetivo de primer orden. Pero ello, debe ser precedido por un proceso de investigación que revele la verdad sobre la gestión y las cuentas públicas, a través de una auditoría pública y ciudadana que conduzca al castigo de los responsables en el sector público y privado, así como a la recuperación de ese activo para darle sustento económico al Programa de Emergencia y Recuperación Nacional. Para que esa auditoría sea independiente y eficaz, debe sustentarse en la inteligencia social emanada de la comunidad organizada y los movimientos sociales, combinada con equipos técnicos que la canalicen y sistematicen mediante una Comisión Nacional para la Auditoría Pública y Ciudadana, todo ello en el marco de un debate nacional que active y consolide la contraloría social con vista a la formación de una nueva relación entre el Estado y los ciudadanos. De este trabajo extraordinario quedará como saldo significativo el desarrollo de una red socio-territorial de contraloría social, paso fundamental en el proceso de construcción de la democracia participativa y protagónica.

El abordaje de la crisis económica debe hacerse en dos planos simultáneamente, el primero, a través de un programa de estabilización macroeconómica orientado a desacelerar la inflación y abatir la hiperinflación, recuperar la soberanía monetaria y cambiaria, impulsar la inversión productiva en la agricultura, la industria, los servicios e incrementar la demanda a través de la recuperación del salario y el ingreso de la mayoría de la población. El segundo, a través de un plan de reestructuración del aparato productivo enfocado en el mercado interno, mediante políticas públicas enmarcadas en una estrategia de desarrollo endógeno sustentable, que estimulen la innovación eco-tecnológica hacia la sustitución de importaciones enraizada en las potencialidades y necesidades de la sociedad venezolana, en la integración de cadenas y redes productivas estructuradas alrededor de áreas de atención estratégicas tales como la agroalimentaria, salud, vivienda, energía, telecomunicaciones, transporte, industrias básicas y la industria petrolera.

Convencidos de que la transformación del sistema financiero es fundamental para avanzar en el abatimiento del modelo rentístico-extractivista, debe adelantarse su reestructuración para romper con la dinámica de acumulación exógena que lo caracteriza, hacia la construcción de un nuevo sistema financiero orientado a convertir el ahorro en inversión productiva y en un instrumento de apoyo a la política de diversificación de la economía. Para quebrarle el espinazo a la fuga de divisas y revertir la tendencia inercial propia del modelo rentístico de exportación neta de capital y estimular el proceso de acumulación de capital nacional, se debe nacionalizar la intermediación financiera del comercio exterior, para que ésta esté en sincronía con las políticas de construcción progresiva del modelo de desarrollo endógeno sustentable y los nuevos patrones de consumo compatibles con el mismo.

Como respuesta al cada vez mayor deterioro que han venido experimentando los servicios públicos básicos, afectando no sólo la calidad de vida de las familias venezolanas, especialmente las más pobres, sino también a la actividad económica y productiva, debe adelantarse la ejecución de un plan estratégico con enfoque ecológico para la recuperación, desarrollo y mantenimiento de la infraestructura de electricidad, transporte, vialidad, puertos, aeropuertos, telecomunicaciones y agua, enmarcado en una visión no desarrollista y por ende respetuosa del ambiente, dándole plena vigencia a las regulaciones ambientales que han sido convertidas en letra muerta por el gobierno.

La actual coyuntura política está determinada por el rumbo autoritario que ha tomado el gobierno del Presidente Maduro a través del desmontaje de la Constitución y de la creación de una Asamblea Nacional Constituyente ilegítima autocalificada como “supraconstitucional” y “plenipotenciaria”, a la cual le ha otorgado de facto el carácter de un supuesto “poder originario” usurpador de la soberanía popular, con el fin de concentrar el poder en ese ente al cual ha subordinado el resto de los poderes públicos constituidos. De esa manera neutralizó y desplazó la Asamblea Nacional controlada mayoritariamente por la oposición, además de subordinar a sus designios al TSJ, al Poder Ciudadano y al Poder Electoral, rompiendo con el modelo de Estado previsto en la Constitución. Ante esta situación se impone como objetivo político central de nuestra lucha, la restitución de la soberanía popular, lograr la plena vigencia de la Constitución y la reinstitucionalización del Estado de derecho y de justicia, enfocándose en la desconcentración del poder a través de la territorialización de la planificación y la gestión pública, abriendo ésta a la participación popular y comunal que impulse un control social efectivo. La reforma del Estado debe orientarse hacia el logro de una mayor eficiencia y compromiso de los funcionarios públicos con los ciudadanos y las comunidades, hacia el fortalecimiento del tejido social y el desarrollo progresivo de un Poder Popular autónomo del Estado. Para que ello sea posible todos los poderes públicos deben crear los mecanismos que garanticen a los ciudadanos en general el acceso a la información sobre la gestión y la creación de espacios de participación en la planificación y toma de decisiones que afectan directamente a las comunidades.

Este Programa de Emergencia y Recuperación Nacional supone el desmontaje y la derogación de los decretos ejecutivos tomados en el marco de la emergencia económica y el estado de excepción, emitidos por el gobierno del presidente Maduro y la inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente, especialmente lo que se refiere a la regionalización y las zonas económicas especiales, al Arco Minero del Orinoco y las “leyes constituyentes”, particularmente la Ley de Protección de Inversiones Extranjeras, todas inconstitucionales y altamente lesivas a la soberanía nacional y popular.

Partiendo de estas orientaciones a continuación se sintetizan algunas propuestas para el debate nacional que debe conducir a la aplicación de un programa mínimo para enfrentar la crisis, construir la gobernabilidad democrática y fortalecer nuestra independencia en el contexto de Latinoamérica y el mundo.

II

MEDIDAS

1.  EMERGENCIA HUMANITARIA

La emergencia humanitaria realmente existente sumada a la incapacidad e inacción del gobierno frente al drama social que ella supone, ha venido siendo utilizada por el gobierno de EEUU y sus aliados, para calificar esta situación como de “crisis humanitaria” con el fin de justificar una intervención militar “humanitaria” en nuestro país, como lo hicieron en Libia y Siria, cubriéndose con el sombrero de “gendarme de la comunidad internacional”, pasando por encima del derecho de los pueblos a la autodeterminación, en franca violación del derecho internacional reconocido por la ONU. Ante esta situación aparentemente confusa, reafirmamos que la declaración y atención de la emergencia humanitaria es un asunto estrictamente de los venezolanos, así como lo es también, decidir sobre el gobierno que nos debe regir. Tal como lo dice la Constitución (art.1), “(…) Son derechos irrenunciables de la Nación la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional”. Por lo tanto, rechazamos el establecimiento de un “corredor humanitario”, solicitado sin pudor por algunos voceros de la oposición de la MUD, que es el paso previo a la intervención militar. Lo que sí procede es promover la cooperación y solidaridad internacional con el pueblo de Venezuela, que el gobierno está obligado a permitir para que sea gestionada con transparencia desde la sociedad, a través de movimientos sociales y organizaciones populares, con el fin de garantizar que la ayuda realmente llegue oportunamente a sus destinatarios. La atención urgente de la emergencia social debe contar con un programa especial de alto impacto, basado fundamentalmente en la aplicación de un conjunto de medidas de corto plazo y otras que hagan sostenible el proceso de superación de la crisis. Con ese propósito proponemos:

1.1   Restablecer el programa, eliminado por el gobierno, de la red solidaria de “casas de alimentación” autogestionadas por la comunidades. Comedores populares. Comedores en los centro de trabajo cogestionados por los trabajadores. Garantizar el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y un programa similar en los centros de educación superior mediante convenios con las universidades, cogestionados por las comunidades educativas y universitarias.

1.2   Establecimiento de mercados comunales autogestionados por las comunidades en alianza con los productores agropecuarios. 

1.3   Restablecimiento del Banco de la Mujer, eliminado por el gobierno, para impulsar el microcrédito a las mujeres, cabeza de familia, para que desarrollen actividades productivas en redes.

1.4   Reestructuración del sector salud enfocada en la eliminación de la dispersión en diferentes entes prestadores de servicio y en la puesta en marcha de un Sistema Único de Salud, con énfasis en la promoción y prevención, a través de la participación efectiva de las comunidades en la gestión y contraloría social.

1.5   Plan especial de fabricación de la canasta básica de medicamentos esenciales. Reactivación de fábricas estatales (QUIMBIOTEC, SEFAR etc.) y privadas nacionales, mediante una alianza conducente a garantizar la satisfacción de las necesidades internas, la importación de los insumos necesarios y el suministro de los medicamentos de alto costo.

1.6   Plan Nacional de Vacunación Masiva con participación de las comunidades y los gremios de la salud. Importación y reactivación de la producción de vacunas esenciales.

1.7   Plan Especial de Microfinanciamiento para las empresas familiares, cooperativas y de propiedad social.

2.  CORRUPCION

2.1   Auditoría Pública y Ciudadana de la gestión pública; b) Moratoria o suspensión de pagos de la deuda externa para atender la emergencia con prioridad en el destino de recursos para solventar las necesidades básicas de la población, especialmente en alimentación y salud, y simultáneamente iniciar un proceso de auditoría para identificar deuda corrupta o ilegítima y replantearse sobre esta base la reducción de la misma y sujetar su pago a la verificación de su procedencia legal y legitimidad; c) Auditoría de la asignación de divisas en el marco del sistema de control de cambio, a través de CADIVI, CENCOEX y otros entes gubernamentales; d) Auditoría de PDVSA y sus filiales incluyendo el Plan de Siembra Petrolera; e) Auditoría de la Empresas Básicas, CORPOELEC, Convenio Cuba-Venezuela, Rusia-Venezuela, China-Venezuela y, en general, de las empresas gestionadas por el Estado, incluyendo las desarrolladas en el marco de los convenios de cooperación internacional y las que maneja la FANB; f) Auditoría de la gestión del Ministerio de Alimentación y sus entes adscritos, incluyendo el “plan de pleno abastecimiento alimentario”. Estas auditorías deben apoyarse en la inteligencia social que aporten trabajadores y comunidades, a través de la construcción de una red de contraloría social, en el marco de un debate nacional sobre el tema de la corrupción, su impacto social y su control a través de la participación popular.

2.2   Establecimiento de una Jurisdicción Especial para procesar los casos de corrupción y restitución de la plena vigencia de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y sus reglamentos, dejando sin efecto la exención de la FANB de su ámbito de acción para recuperar su competencia de control de todas las instituciones del Estado sin excepción.

2.3   Adelantar la aprobación de una ley especial que castigue los delitos de conflictos de intereses, entendidos éstos como la designación, por funcionarios de alto rango, de familiares o amigos cercanos en cargos subordinados o la contratación con empresas o personas relacionadas familiarmente o por vínculos cercanos de afinidad o mediante testaferros.

2.4   En el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción, adelantar los trámites necesarios para lograr la repatriación de los capitales procedentes de la corrupción.

2.5   Aplicación de la Ley Orgánica de Contraloría Social y a esos fines crear las condiciones necesarias para que las comunidades organizadas y los ciudadanos accedan oportunamente a la información de la gestión pública, para hacerle seguimiento al ejercicio de los poderes públicos a todos los niveles. Igualmente, ejecutar lo dispuesto por la ley de gobierno electrónico y otras normativas relacionadas para coadyuvar en el cumplimiento de dichas condiciones En ese mismo sentido, el poder ciudadano deberá crear los mecanismos eficientes que permitan procesar oportunamente las recomendaciones y denuncias que surjan de la contraloría social.

3.  ECONOMICAS

Las medidas económicas deben ser tomadas en conjunto y coordinadamente para lograr progresivamente la estabilización de la economía y revertir su tendencia decreciente, para retomar la ruta del crecimiento impulsada por el desarrollo de las fuerzas productivas a través del modelo económico endógeno sustentable, hacia un cambio del modelo rentístico dependiente. Ello se traduce en lograr una relativa estabilización de los precios atacando a fondo las causas objetivas y subjetivas de la escasez y los desequilibrios cambiarios y monetarios que los distorsionan impulsando las expectativas inflacionarias y las ondas especulativas. Para lograr los equilibrios cambiario y monetario debe cesar la generación de dinero inorgánico por el BCV para financiar el déficit fiscal, y adelantar un programa de reducción de éste mediante una estrategia dirigida a la optimización y racionalización del gasto con base en las prioridades determinadas por la emergencia humanitaria y el relanzamiento de la economía y, así mismo, la generación o liberación de ingresos, mediante la reducción del monto y el servicio de la deuda previa moratoria que permita, en el corto plazo, disponer de recursos imprescindibles para la atención de las necesidades urgentes de nuestro pueblo y simultáneamente la auditoría de la misma; la reestructuración del sector público y de las empresas estatales, el rescate de capitales fugados procedentes de la corrupción, una reforma tributaria integral y el ajuste del precio de los combustibles. Estos ajustes de la economía deben realizarse salvaguardando los avances logrados por Hugo Chávez en el campo social y laboral, estimulando la creación de empleos productivos y protegiendo los sectores vulnerables

Una de las palancas para impulsar el crecimiento económico es la expansión de la demanda a través del crecimiento del empleo y la revalorización del salario y los ingresos tomando como referencia la canasta básica. La otra palanca es la inversión productiva soberana enfocada en el mercado interno y en la reestructuración del aparato productivo hacia la construcción de un nuevo patrón de consumo que privilegie la endogenidad. Esa inversión debe ser canalizada a través de un nuevo sistema financiero que revierta la tendencia a la exportación de divisas inherente al actual, que bloquea la acumulación de capital nacional. Este programa de estabilización económica debe tener como centro la recuperación de las condiciones de vida y de trabajo de la población, especialmente de los sectores más pobres, en procura del bienestar social y el abatimiento de la pobreza, mediante un sistema de seguridad social integral pivoteado en el “Fondo Social de la Renta Petrolera” alimentado por la renta petrolera. En esa misma dirección, debe adelantarse un reforma tributaria integral, en la que prive el criterio de que deben pagar más los que más tienen y por ello, los impuestos regresivos como el IVA deben ser eliminados progresivamente y por el contrario los progresivos como el ISR deben ser utilizados como un instrumentos para redistribuir el excedente social del trabajo. Con base en esas consideraciones, proponemos las medidas económicas siguientes:

3.1 Cambiaria

Unificación cambiaria buscando el equilibrio cambiario con Colombia mediante un acuerdo, de ser posible, entre los Estados, a través de una negociación con el fin de estabilizar las relaciones económicas entre ambos países, que podría incluir un plan de integración productiva especialmente en la región fronteriza. Plan conjunto de seguridad fronteriza y lucha contra el contrabando, el narcotráfico y el lavado de activos.

3.2 Fiscal

Reforma tributaria integral y fiscal progresiva que contemple el diseño de un nuevo modelo tributario y fiscal que tenga como objetivos fundamentales: a) Incrementar el ingreso fiscal por la vía del impuesto sobre la renta ISLR de las personas jurídicas y no como se hace hasta ahora, penalizando al trabajo; b) Disminuir y compensar con impuestos de tipo no regresivo, a los impuestos regresivos tipo IVA hasta lograr su eliminación definitiva; c) Eliminar los impuestos parafiscales y mantener aquellos que efectivamente contribuyan al desarrollo de una política de eficiencia en la gestión; d) Impuesto a las exportaciones de capitales en divisas (Tobin); e) Impuesto al plusvalor y a las tierras ociosas; f) Impuesto a las grandes fortunas; g) Denuncia de los tratados de doble tributación; h) Plan evasión cero; i) Plan de reorganización del SENIAT y de sus instancias, incluyendo especialmente las aduanas.

3.3 Reestructuración del Estado

Reorganizar el aparato del Estado para eliminar el solapamiento de funciones y responsabilidades, dispersión y despilfarro de recursos, logrando un mayor control y supervisión sobre la gestión en todos sus niveles (Nacional, estadal y municipal); a) Reestructuración de PDVSA y sus filiales, las empresas básicas de Guayana, CORPOLEC, HIDROVEN, las de Telecomunicaciones, las empresas dedicadas a la alimentación y producción agrícola, HIDROVEN y sus filiales, y, en general, de todas las empresas del Estado incluyendo las que están bajo el control de los trabajadores. Dicha reestructuración debe adelantarse a través de una Comisión con participación de los trabajadores mediante un esquema de rotación y ejercicio democrático y la misma tiene por objeto lograr un equilibrio entre la viabilidad económica y su razón de ser como empresas estratégicas que deben apuntar al desarrollo integral del país, en el marco de un modelo productivo postextractivista. Los sectores estratégicos de la economía deben estar en manos del estado con control social público, para apalancar el cambio de modelo rentista a uno productivo; b) Restructuración de la administración pública teniendo como eje la territorialización de la gestión pública y la construcción de un sistema de planificación territorial integrado; c) Revertir el proceso de corporativización económica de la FANB para que ésta se enfoque en sus competencias constitucionales afianzando la doctrina militar bolivariana; d) Construcción de un Sistema Único de Salud y eliminación del paralelismo entre Bario Adentro y el Ministerio de Salud; e) Reducción del número de ministerios e integración de todos aquellos que tienen funciones afines como por ejemplo alimentación y agricultura y tierras; f) Fortalecimiento de las funciones de control de calidad y regulación de los servicios públicos priorizando agua, energía y telecomunicaciones; g) Restituir el perfil y funciones del BCV tal como se encuentra definido en la CRBV; h) Desarrollar al máximo todas las posibilidades que brinda el Gobierno Electrónico para elevar la eficiencia y la transparencia, a través de la ejecución de la “ley de infogobierno: gobierno electrónico y software soberano”; i) Fortalecimiento de la Contraloría Social para enfrentar la corrupción y las ineficiencias en la administración pública y aplicación de la Ley Orgánica de Contraloría Social para constituir una red nacional a esos fines; j) Revisión de los proyectos de cooperación internacional en función de las prioridades y evaluación de sus fracasos y logros; k) Auditoría de los activos adquiridos a través de la cooperación económica internacional y desarrollo de un plan especial para su aprovechamiento en el contexto de la ejecución del plan económico de emergencia nacional.

3.4  Financiero

a) Tasas de interés diferenciales para el sector productivo con el fin de garantizar su reactivación; b) Microfinanciamiento dirigido a las cooperativas, empresas familiares y otras formas de propiedad social; c) Desarrollo del Microfinanciamiento con un régimen especial para impulsar la agricultura y las redes productivas; d) Revisar y revitalizar a los organismos micro financieros, fuera de la supervisión por parte de la Ley de Bancos; e) Nacionalización de la gestión de los servicios financieros del comercio exterior a través de la banca del estado especializada, con control y participación social real, junto con la adopción efectiva de mecanismos para garantizar la transparencia y librar a la administración estatal del monopolio y manejo corrupto ejercido por la burocracia; f) Simplificación y optimización de la banca pública a través de su reestructuración, para eliminar duplicidades y mejorar su eficiencia; g) Revisión y reorientación de las políticas de incentivos fiscales al sector productivo (agrícola, industrial y servicios) para su enfoque hacia el desarrollo endógeno sustentable.

3.5  Monetaria

a)Constituir un equipo técnico político que evalúe la pertinencia de una reforma monetaria; b) Reactivar la Casa de la Moneda; c) Restituir al BCV su autonomía en la gestión de la política monetaria y cambiaria del Estado en los términos establecidos en la Constitución.

3.6  Inversiones

a)Política soberana de inversiones que estimulen una estrategia productiva endógena sustentable sin condicionamientos que comprometan nuestra inmunidad y soberanía jurisdiccional; b) Denuncia de los tratados de promoción y protección de inversiones lesivos a la soberanía nacional, en los cuales la República renuncia a la soberanía de jurisdicción y se somete al arbitraje internacional, 

3.7  Comercio Exterior

El Estado debe ejercer el monopolio de la gestión del financiamiento del comercio exterior, apoyándose para su tramitación en la banca comercial pública. El financiamiento en divisas de las importaciones del sector público y privado debe enmarcarse en las prioridades del plan y en correspondencias con las políticas productivas y ese criterio debe ser válido tanto para el sector público, como para el sector privado que quiera acceder a dicho financiamiento. En el caso de las exportaciones, para obtener el apoyo de la gestión financiera del proceso, debe garantizarse que las divisas obtenidas como producto de la operación de comercialización, ingresen a una cuenta remunerada del BCV/BANCOEX desde la cual sus cuentadantes podrían financiar sus importaciones de bienes de capital, tecnología e insumos. De esta manera, se garantiza que las exportaciones realmente redunden en la recapitalización del país y en un incremento del ahorro interno en divisas. En materia de integración, conviene hacer una revisión integral de los acuerdos bilaterales y multilaterales en el contexto de la nueva situación, para armonizar los mismos con las políticas públicas de desarrollo productivo endógeno diversificado.

3.8  Sector Agrícola

Es necesario el diseño y operación de un Plan de Desarrollo Agropecuario que contemple: a) Un sistema integral y descentralizado de planificación, organización y gestión para desarrollar, conjuntamente con todos los productores del campo (pequeños y medianos), una política clara, transparente y eficaz, para levantar la producción agrícola llevándola en una primera fase, a los niveles productivos que el país tenía para el año 2005; b) Cuando se trate de empresas del Estado, estudiar caso por caso su transformación a Empresas de Propiedad Social mediante un proceso de gestión y control por parte de sus trabajadores, con mecanismos auditados de rendición pública de cuentas; c) Instrumentación de una política específica para el estímulo, protección y desarrollo de la agricultura tradicional y ancestral indígena y afrodescendiente.

El plan de desarrollo agropecuario debe tener como objetivo central mantener y potenciar la capacidad productiva y la producción realmente existentes, con base en un censo nacional que incluya a productores y a las organizaciones que operan en las distintas zonas agrícolas del país, y tomando en cuenta el éxodo real del campo a la ciudad que se ha producido en la historia de Venezuela a partir del siglo XX, con el desarrollo del rentismo y contemplando la puesta en práctica de políticas positivas para la reversión de sus efectos. Debe, además, acompañarse con un impulso vigoroso a la transición agroecológica en las zonas agrícolas con la eliminación progresiva de agro-tóxicos y tecnologías contaminantes y un despliegue de la cadena agroalimentaria que permita la producción, el procesamiento, la distribución y el consumo de alimentos sanos, construyendo soberanía alimentaria en distintos planos de sucesión (local, regional y nacional). estrechamente enlazados.

4.  AMBIENTE

El Estado debe recuperar su rectoría en materia de regulación ambiental y ordenación del territorio a través de: a) La refundación del Ministerio del Ambiente y la restitución de todo el acervo regulatorio que en materia ambiental ha acumulado el país en los últimos 50 años, como una señal inequívoca de la voluntad de avanzar en la ruptura con el extractivismo desarrollista depredador, hacia la preservación del equilibrio de los sistemas ambientales venezolanos, extremadamente comprometidos hoy por la expansión de la minería y la destrucción de áreas protegidas y bajo régimen especial; b) Evaluación de las políticas ambientales, su adaptación y actualización para trascender el escaso peso relativo que han tenido en el conjunto de las políticas públicas, carentes de una visión de conjunto y una interconexión efectiva con lo social, lo económico y lo político; c) Formular y ejecutar un Plan Nacional de Regeneración y Restauración Ambiental Integral en áreas y ecosistemas deteriorados que garantice la participación activa y concertada de productores, organizaciones sociales y ciudadanía en general; dicho plan deberá tener un énfasis particular en las zonas devastadas por la minería, la actividad petrolera y la expansión urbana, así como en las nacientes de ríos y zonas marino-costeras; d) Decretar la emergencia en materia de recolección y disposición de desechos sólidos para llevar adelante una revisión a fondo en función de la optimización del manejo de los rellenos sanitarios existentes y la eliminación de los vertederos manejados sin criterios técnicos, sanitarios y ambientales. Esta medida debe abordar también un mejoramiento sustancial de la gestión de los residuos hospitalarios, tóxicos y peligrosos.

III

La superación de la emergencia humanitaria y la recuperación nacional sólo será posible si se produce un cambio político siguiendo la ruta pacífica, democrática y electoral para el restablecimiento del estado de derecho y de justicia, con la plena vigencia de la Constitución, hoy vulnerada por un gobierno que, en nombre de la paz, ha establecido un régimen autoritario violador de los derechos humanos. Este gobierno, apoyándose en decisiones y “leyes constituyentes” írritas, emanadas de una Asamblea Nacional Constituyente usurpadora de la soberanía popular, viene desmontando la Constitución con el fin de mantenerse en el poder a toda costa y avanzar en la entrega de nuestros recursos naturales al gran capital transnacional a través del establecimiento de “zonas económicas especiales” como la del “Arco Minero del Orinoco”, la nueva apertura petrolera en marcha para la entrega de la faja petrolífera del Orinoco y últimamente, con la creación del “petro” para hipotecar las reservas de petróleo, oro, gas y diamantes, comprometiendo el patrimonio natural y económico intergeneracional de la Nación. Ante la crisis económica hiperinflacionaria resultante de un manejo de la economía subordinado a los intereses de las mafias que, desde el Estado y del sector privado, se lucran de la especulación, del contrabando y el hambre del pueblo y ante la indiferencia de los gobernantes frente al drama social que sufren los venezolanos es urgente un cambio político para que se haga viable remontar la cuesta que nos debe conducir a la Venezuela postrentista. Entregamos al pueblo venezolano las ideas y propuestas contenidas en este documento, para nutrir el debate nacional sobre la emergencia y la recuperación nacional, el cual debe conducir a un pronunciamiento popular para dejar sin efecto la inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente y someter a referéndum consultivo, como lo establece la Constitución, si el pueblo venezolano quiere “TRANSFORMAR EL ESTADO, CREAR UN NUEVO ORDENAMIENTO JURIDICO Y LA REDACCIÓN DE UNA NUEVA CONSTITUCIÓN”.

Equipo de Trabajo de la Plataforma en Defensa de la Constitución.

Caracas, marzo de 2018.

ANEXO CON MEDIDAS DE EMERGENCIA

1. Promover la cooperación y solidaridad internacional con el pueblo de Venezuela, que el gobierno está obligado a permitir para que sea gestionada con transparencia desde la sociedad, a través de movimientos sociales y organizaciones populares, con el fin de garantizar que la ayuda realmente llegue oportunamente a sus destinatarios.
2. Restablecer el programa, eliminado por el gobierno, de la red solidaria de “casas de alimentación” autogestionadas por la comunidades. Comedores populares. Comedores en los centro de trabajo cogestionados por los trabajadores. Garantizar el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y un programa similar en los centros de educación superior mediante convenios con las universidades, cogestionados por las comunidades educativas y universitarias.
3. Plan especial de fabricación de la canasta básica de medicamentos esenciales. Reactivación de instancias de producción estatales (QUIMBIOTEC, SEFAR etc.) y privadas, mediante una alianza conducente a garantizar la satisfacción de las necesidades internas, la importación de los insumos necesarios y el suministro de los medicamentos de alto costo.
4. Plan Nacional de Vacunación Masiva con participación de las comunidades y los gremios de la salud. Importación y reactivación de la producción de vacunas esenciales
5. Declarar una moratoria de la deuda externa que permita, en el corto plazo, disponer de recursos imprescindibles para la atención de las necesidades urgentes de nuestro pueblo y Auditoría pública y ciudadana de la misma sujetando su pago posterior a la verificación de su legalidad y legitimidad.
6. Auditoría de la asignación de divisas en el marco del sistema de control de cambio, a través de CADIVI, CENCOEX y otros entes gubernamentales.
7. Auditoría de gestión de empresas del Estado como PDVSA y sus filiales incluyendo el Plan de Siembra Petrolera; Empresas Básicas, CORPOELEC, Convenio Cuba-Venezuela, Rusia-Venezuela, China-Venezuela, incluyendo las desarrolladas en el marco de los convenios de cooperación internacional y las que maneja la FANB. Auditoría de la gestión del Ministerio de Alimentación y sus entes adscritos, incluyendo el “plan de pleno abastecimiento alimentario”.
8. Establecimiento de una Jurisdicción Especial para procesar los casos de corrupción y restitución de la plena vigencia de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y sus reglamentos para recuperar su competencia de control de todas las instituciones del Estado sin excepción, incluyendo la exención de la FANB de su ámbito de acción
9. En el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción, adelantar los trámites necesarios para lograr la repatriación de los capitales procedentes de la corrupción
10. Unificación cambiaria buscando el equilibrio cambiario con Colombia mediante un acuerdo entre los Estados
11. Impuesto a las exportaciones de capitales en divisas (Tobin); e) Impuesto al plusvalor y a las tierras ociosas; Impuesto a las grandes fortunas; Denuncia de los tratados de doble tributación; Plan evasión cero; Reorganización del SENIAT y de sus instancias, incluyendo especialmente las aduanas;
12. Reorganizar el aparato del Estado para eliminar el solapamiento de funciones y responsabilidades y la dispersión y despilfarro de recursos en todos sus niveles (Nacional, estadal y municipal);
13. Revertir el proceso de corporativización económica de la FANB para que ésta se enfoque en sus competencias constitucionales afianzando la doctrina militar bolivariana;
14. Restituir el perfil y funciones del BCV tal como se encuentra definido en la CRBV
15. Aplicación de la Ley Orgánica de Contraloría Social para constituir una red nacional a esos fines;
16. Revisión de los proyectos de cooperación internacional en función de las prioridades y evaluación de sus fracasos y logros;
17. Auditoría de los activos adquiridos a través de la cooperación económica internacional y desarrollo de un plan especial para su aprovechamiento en el contexto de la ejecución del plan económico de emergencia nacional.
18. Establecimiento de tasas de interés diferenciales para el sector productivo con el fin de estimular su reactivación;
19. Microfinanciamiento dirigido a las cooperativas, empresas familiares y otras formas de propiedad social, con un régimen especial para impulsar la agricultura y las redes productivas;
20. Nacionalización de la gestión de los servicios financieros del comercio exterior a través de la banca del estado especializada, con control y participación social real, junto con la adopción efectiva de mecanismos para garantizar la transparencia y librar a la administración estatal del monopolio y manejo corrupto ejercido por la burocracia;
21. Simplificación y optimización de la banca pública a través de su reestructuración, para eliminar duplicidades y mejorar su eficiencia;
22. Restituir al BCV su autonomía en la gestión de la política monetaria y cambiaria del Estado en los términos establecidos en la Constitución
23. Denunciar los tratados de promoción y protección de inversiones lesivos a la soberanía nacional
24. Establecer un sistema integral y descentralizado de planificación, organización y gestión para desarrollar, conjuntamente con todos los productores del campo (pequeños y medianos), una política clara, transparente y eficaz, que, en corto plazo, permita levantar la producción agrícola llevándola en una primera fase, a los niveles productivos que el país tenía para el año 2005
25. Decretar la emergencia en materia de recolección y disposición de desechos sólidos para llevar adelante una revisión a fondo en función de la optimización del manejo de los rellenos sanitarios existentes y la eliminación de los vertederos manejados sin criterios técnicos, sanitarios y ambientales. Esta medida debe abordar también un mejoramiento sustancial de la gestión de los residuos hospitalarios, tóxicos y peligrosos
26. Formular y ejecutar un Plan Nacional de Regeneración y Restauración Ambiental Integral en áreas y ecosistemas deteriorados que garantice la participación activa y concertada de productores, organizaciones sociales y ciudadanía en general. Dicho plan deberá tener un énfasis particular en las zonas devastadas por la minería, la actividad petrolera y la expansión urbana, así como en las nacientes de ríos y zonas marino-costeras.