El 21 de junio de 2018, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) publicó un informe sobre la situación sanitaria de Venezuela, el cual ha sido calificado por algunos sectores como tendencioso, en el sentido de tratar de minimizar la emergencia sanitaria existente. El informe se hizo público a la semana de haber llegado al país la directora regional de la organización: Carissa F. Etienne, quien se reunió con el presidente Nicolás Maduro y con directivos de ocho representantes de organizaciones no gubernamentales dedicadas al estudio y seguimiento del tema de la salud, entre ellas algunas claramente enfrentadas políticamente al Gobierno y no sólo preocupadas por el problema de la salud de los venezolanos.
Es claro entonces que la directora Etienne pudo oír directamente y de viva voz, tanto los informes y explicaciones gubernamentales dirigidos a casi desconocer la crisis sanitaria existente y sus verdaderas causas, como las demandas, quejas y posiciones de quienes tienen una versión diferente de la situación sanitaria, la cual posiblemente haya sido más cercana a la realidad existente, aunque no por ello totalmente sincera ni ajustada completamente a la verdad. La intensa lucha política en que está envuelto el país desde hace varios años, desarrollada en medio de una polarización política bestial, ha ido dejando en Venezuela muy pocos espacios para el razonamiento y la discusión objetiva sobre las distintas realidades sociales del país.
Desgraciadamente, buena parte de las organizaciones no gubernamentales, en su lucha por mejorar el desastre existente en sus respectivos sectores, se han ido enfrentando cada vez más al Gobierno nacional y han terminado por perder la objetividad necesaria para actuar en función social y convertirse en casi unos partidos políticos. Sé que esta afirmación no va a ser bien recibida por quienes dirigen a estas organizaciones y que, desafortunadamente, pudieran responder airadamente como lo hace el gobierno que tanto critican. Puedo poner ejemplos muy demostrativos de lo que afirmo, pero no se trata de descalificar a nadie en particular, sino de llamar la atención sobre un hecho real, instalado lentamente, que las desdibuja y las hará perder el prestigio e influencia ganados con el trabajo serio y objetivo del pasado.
La OPS, a pesar de lo tibio supuestamente de su informe, ha desnudado la realidad sanitaria actual y hasta ahora negada cínicamente por el Ejecutivo. Entre 2015 y 2017, unos 800 mil casos de malaria, un aumento del 200%; existencia de sarampión en 21 de los 24 entidades regionales, 1.558 casos en 2018, lo que es un aumento de 114,3%, con 33 muertes sólo en Delta Amacuro; desde 2016 se han producido 1.716 casos de difteria, aumento de 221%, con 160 muertes y en 2018 hubo 352 contagios; aumento de 124% del VIH, de 68% de tuberculosis 2014 a 2017, pérdida de 22 mil médicos (un tercio del total) por salida del país, emigración hacia países vecinos principalmente de 1,6 millones de venezolanos, disfuncionalidad de la infraestructura existente y abandono de las funciones de salud pública.
No requiere de adjetivos el informe de la OPS. Allí están las cifras del limitado estudio que efectuó, las cuales no pueden ahora ser negadas y son lo suficientemente graves como para decir, ahora nosotros, que hay una emergencia sanitaria que debe ser urgentemente atendida. Y así se le exige al Presidente y a su reciente ministro; ambos deberían dar una información pública de qué es lo que van a hacer y presentar los resultados reales, no ficticios ni mucho menos ocultos, de sus acciones e inacciones.
