Hace algunas décadas, cuando existía las asociaciones profesionales y no los corruptos Colegios Profesionales, se recuerda cómo se respetaba algún mensaje dado a conocer por la asociación venezolana de periodistas, médicos, abogados, ingenieros, etc., etc. Esas asociaciones eran admiradas, por cuanto las directivas de cada determinado gremio estaban integradas por personas saturadas de honestidad y calidad humana, y porque la inmensa mayoría de sus voluntarios afiliados practicaban aquello de SU PALABRA VALE MÁS QUE UN DOCUMENTO. Hoy en día aquel tiempo es añorado por toda la comunidad venezolana por muchas cosas, entre ellas: 1) Actualmente los miembros, socios, militantes, asociados, integrantes, cófrades o esclavos, como se le quiera llamar a quienes pertenecen a cada Colegio, están obligados a inscribirse en el Colegio respectivo, propio a cada profesión universitaria, y pagar a la fuerza los diezmos que les son impuestos. Si, señor lector, lo leyó correctamente, “están obligados a inscribirse en el Colegio respectivo” Y si alguien se atreve a desobedecer esa nefasta y tiránica ley que lo priva de su sagrada libertad de pensamiento y accionar, aquel profesional no puede trabajar en el ejercicio de su profesión pues el Colegio respectivo a su profesión velará porque así se cumpla. O sea, que el título universitario que aquel ciudadano recibió por haber cumplido con los requisitos necesarios y convertirse en una persona apta, docta para ejercer cual o tal profesión, en realidad en este caso de obtener un trabajo digno no tiene ningún valor efectivo, no, no, puesto que es el Colegio y únicamente el Colegio quien puede autorizarlo para así se pueda cumplir el derecho y el deber de trabajar tal lo garantiza el artículo Nº 87 de la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela.
2) Los Colegios Profesionales tiene la potestad de constituir en su seno Tribunales que pueden juzgar la conducta de sus agremiados, ello, por estar autorizados por el mismo Estado venezolano. De manera que los Colegios Profesionales pueden impartir su propia e interesada justicia, ello dependiendo de la subordinación que se le preste a los mandatos de cada directiva, o debido a la retaliación particular de uno o varios miembros de la directiva en ejercicio en aquel momento. . Es público y notorio que en la actualidad esos Colegios solo sirven para consumar represalias contra miembros que no están de acuerdo con las ejecutorias de las directivas de turno, siendo así como les son levantados expedientes amañados con los cuales los juzgan y que luego la sentencia pasa al Tribunal Disciplinario, del propio Colegio para que confirmen lo sentenciado y le impida al condenado ejercer su profesión; conculcándoles el derecho al trabajo.
3) Con el Colegio de Abogados existe una extraña peculiaridad. Este Colegio fue autorizado por sus protectores en el antiguo Congreso Nacional, no es un secreto que una inmensa mayoría de los senadores y diputados de aquella institución eran abogados, para cobrar un impuesto notarial o registral al público usuario de los servicios de notarías y registros, y que esa recaudación fuera enterada en sus propias y particulares arcas gremiales. Además de permitirle sus oficinas recaudadoras de tales impuestos existan dentro de las oficinas oficiales de los propios Registros y Notarías, y para colmo, en los gastos de mantenimiento del inmueble, uso de materiales de oficina, muebles y servicios en general, estos entes privados no aportan un solo centavo. El lector puede comprobar estos detalles al ir e introducir un documento en Notarías y/o Registros Públicos del país. allí se dará cuenta de cómo usted es obligado a pagar dos impuestos, uno al sector privado, Colegio de Abogados, y el otro al sector público, Gobierno Nacional, y también podrá notar que primero tiene que pagar el impuesto privado ante que se proceda a diligenciar la labor oficial. Sin duda que, así, así, así no se gobierna; basta ya de favoritismos y claudicaciones ante el sector privado. Es justo que ahora en esta época de la revolución bolivariana, y aprovechando está en ejercicio una Asamblea Nacional Constituyente, se revise muchas leyes existentes para beneficiar a determinados individuos de un sector social; en detrimento de otros.