El Decreto 3610 que renueva el estado de excepción con el que viene gobernando el Presidente Maduro a partir de 2016, le otorga la facultad de manejar los recursos públicos sin control institucional en el tiempo que resta para asumir la presidencia en el nuevo período constitucional. Según este, podrá dictar "normas que excepcionalmente y sin sometimiento alguno a otro Poder Público, autoricen las operaciones de crédito público, sus reprogramaciones y complementos, que regirán para el ejercicio económico financiero 2019". Así como, "aprobar y suscribir contratos de interés público y sus enmiendas, para la obtención de recursos financieros, asesorías técnicas, aprovechamiento de recursos estratégicos para el desarrollo del Plan económico del País, sin sometimiento a autorización o aprobaciones de otros Poderes Públicos", Eso significa que podrá endeudar más al país y suscribir contratos para la explotación y comercialización de hidrocarburos, oro, coltan o liquidar activos de la República en los términos y condiciones que él determine sin control alguno.
Las consecuencias de esta forma de gobernar, en la que se maneja el Estado como una caja negra vaciada del control social, sin contrapesos que limiten el poder, es lo que explica los altísimos niveles de corrupción, despilfarro, endeudamiento, deterioro de los servicios públicos, destrucción ambiental y pobreza, en la que ha desembocado esta nueva crisis cíclica del modelo rentístico capitalista dependiente venezolano. Las políticas públicas funcionales a ese modelo y la burocratización del insipiente Poder Popular autogestionario, que floreció en la etapa temprana de la revolución, hirieron gravemente el proyecto bolivariano.
Así, sin prisa pero sin pausa, se ha venido imponiendo un régimen autoritario, muy distante del proyecto original de la revolución bolivariana, el de la democracia participativa y protagónica en la que el pueblo sería el protagonista de la transformación social. Lo que falta para que el estado de excepción se convierta en la regla, es que se formalice la derogación de la Constitución con la aprobación del proyecto constitucional de la ANC. Solo podría evitarlo una unidad superior de los movimientos sociales y políticos que luchan por una salida constitucional y soberana a la crisis, participando masivamente en el referéndum constitucional.
