El apoyo de China y Rusia al Presidente Maduro se inscribe en la disputa geopolítica que ambas potencias libran con EEUU por el acceso a los combustibles fósiles y materias primas indispensables para mover su aparato industrial y militar. Venezuela es muy importante en esa disputa, porque posee grandes reservas de hidrocarburos, oro, coltán, diamante, cobre, hierro y bauxita entre otros minerales estratégicos. Empero, la continuidad de sus inversiones y el financiamiento que le ha permitido al gobierno ralentizar el impacto de las sanciones de Washington y el colapso de la producción petrolera, depende cada vez más de las "garantías" legales y constitucionales irrecusables que se le otorguen, especialmente en los proyectos con retorno a largo plazo como los de la megaminería y del petróleo.
Esas "garantías" responden a la lógica capitalista de maximizar la ganancia sobre explotando el trabajo y la naturaleza y, minimizar las regulaciones ambientales y laborales para evadir la responsabilidad de proteger los ecosistemas y desconocer los derechos laborales consagrados en la constitución y la ley. También apuntan a revalorizar el capital mediante el control parcial o total de los yacimientos a través de su privatización, con la consecuente pérdida de soberanía del Estado en áreas vitales. El aseguramiento de esas "garantías", que el gobierno ha venido ofreciendo amparándose en un inconstitucional estado de excepción, pasa por la aprobación de un cambio radical en la carta magna que constitucionalice el nuevo régimen autoritario neoliberal que las haga posible. Esta hipótesis se asienta en la valoración de la actuación que ha tenido la cúpula gobierno-PSUV en los últimos dos años, trazando un perfil revelador de su agenda económica y política, claramente divorciado del ideario que inspiró la revolución bolivariana.
Cuando los trabajadores y trabajadoras exigen al gobierno que indexe el salario mínimo a la canasta básica, que respete las tablas salariales y demás beneficios contenidos en sus convenciones colectivas, están reclamando el cumplimiento de la Constitución. Son derechos que no se acoplan al modelo neoliberal en ciernes al que aspira el gran capital transnacional. En estas circunstancias, la batalla referendaria contra la derogación de la constitución bolivariana resume todas las luchas.
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