La muerte de Fernando Albán en el SEBIN a tres días de ser detenido sin el debido proceso por una comisión de ese cuerpo policial y la actuación ligera del Fiscal designado por la ANC frente a este terrible hecho, muestran el rostro del régimen autoritario en construcción. Este funcionario, sin rubor alguno, hizo suya la doctrina betancurista del "dispare primero y averigüe después", cuando sin mediar investigación alguna avaló la coartada del suicidio del concejal y dirigente de PJ. Más allá de que se confirme o no la participación del occiso en el repudiable "magnicidio en grado de frustración" del 4 de agosto que aún se investiga, su detención e incomunicación arbitraria, su no presentación oportuna ante la autoridad competente, es inconstitucional y violatoria de los derechos humanos.
Con un dejo de cinismo, el fiscal Saab le exige a quienes critican su postura, que muestren pruebas de que lo ocurrido no fue un suicidio, cuando es él quien tiene la facultad, los medios materiales y el acceso a la escena del crimen. Se le olvida al otrora defensor de los derechos humanos, que es el Estado a través de los funcionarios y autoridades que ejercen la custodia, quien debe responder por la seguridad del detenido. Cuando el órgano que tiene el monopolio de la acusación viola el principio de imparcialidad no es confiable y por ello es recusable. Este oscuro episodio solo podrá ser definitivamente aclarado, si se adelanta una investigación independiente y lo suficientemente transparente con participación de los familiares del dirigente político.
Lo ocurrido con Albán no debe verse como un hecho aislado, sino como expresión de un patrón que se ha venido imponiendo en el desempeño de la seguridad del Estado, la cual asume de facto la suspensión de las garantías constitucionales a través de la aplicación de un estado de excepción, cuyo alcance no está previsto en la Constitución. Las detenciones arbitrarias, la omisión de las órdenes de excarcelación, la incomunicación de los detenidos, la aplicación discrecional de la jurisdicción militar, las desapariciones y ejecuciones extrajudiciales a través de las OLP y FAES, forman parte de la cotidianidad. Pareciera que la ruptura institucional en pleno desarrollo, tiende a convertir el aparato del Estado en un instrumento de persecución política y contención de la lucha social.
