La diferencia entre lo público y lo privado no la hace el socialismo. Ni siquiera el propósito revolucionario de construir esa nueva sociedad llamada a superar al capitalismo.
La diferencia entre lo público y lo privado corresponde a la legislación y al derecho burgués (que, por cierto, es redundante decir «derecho burgués»). Las fronteras entre esas dos áreas de la propiedad las dirime el Estado, respetando de manera prioritaria al privado como al ámbito del dominador, del dueño del capital, de los medios de producción y de todo cuanto participa en las relaciones de producción en capitalismo.
Venezuela que es un país capitalista pero que ha decidido acompañar a su clase trabajadora para la construcción del socialismo, ofrece hoy las herramientas de la Revolución Bolivariana y del Estado de transición que vamos levantando desde 1999, en función de alcanzar la utopía posible de la sociedad de las y los iguales.
Entre otros objetivos, el Estado de nuevo tipo (que vamos haciendo en democracia auténtica, participativa y protagónica) tiene la obligación de pasearse por el tema de la definición de la público y lo privado, priorizando a lo público en favor del bienestar social colectivo.
Esta no es una tarea teórica sino de acción o práctica revolucionaria, que -en esta instancia de construcción socialista- debería parecerse, al menos, a la idea expresada por Simón Bolívar en su Discurso de Angostura cuando se refiere al «mejor de los gobiernos» por su atención al bien vivir o a la suma felicidad colectiva.
Un asunto esencialmente público, como lo es el del transporte colectivo de pasajeros, arrastra desde hace décadas en Venezuela la deformación de ser controlado por mafias privadas que se sienten con poder de explotadores «del hombre por el hombre», pero sin llegar exactamente a serios.
Esa anomalía o deformación impositiva de lo privado por sobre lo público en una sociedad que se declara constitucionalmente caracterizada por constituirse «en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia» que, entre otros valores propugna los de «la igualdad» y «la solidaridad» (Constitución de la RBV, artículo 2 de los Principios Fundamentales), no está visiblemente patentada en la manera como se reglamenta y administra el sistema de transporte colectivo de pasajeros.
No se entiende ni justifica, salvo en el contexto de «poderosas» razones imperiales de acabar con el Estado venezolano, con su Gobierno y con sus principios Bolivarianos de revolución, que pequeñas pero contundentes mafias de transportistas, pretendan imponer un Estado dentro del Estado y alimentar la dictadura extraterritorial con la que se pretenden manejar, desde los EEUU, los intereses de una nación soberana, libre e independiente como Venezuela.
El tema del transporte colectivo de pasajeros en Venezuela, nos remite a la profundidad de lo público y lo privado desde la perspectiva revolucionaria que defendemos como Poder Popular. La Asamblea Nacional Constituyente también se debe a la fuerza de este soberano poder originario, así como lo hace, declara y ejecuta
