Estamos en un Estado democrático de derecho que busca enfrentar intereses electoralistas que corren de una manera apresurada y vertiginosa para posesionarse de los disensos, libertad, arbitraje y confrontación de ideas del pueblo y sus principios. Estos personajes desean un continuismo y que sus opiniones sean válidas y respetables.

La unidad dentro la pluralidad y la diversidad es el lema central de la ansiada construcción de un régimen que respete las libertades ciudadanas. Bajada, como esta, la bandera electoral, no resta otra opción que asumir y enfrentar la contienda electoral, primero para la nominación de candidatos y luego para la toma del poder. Pero, a esta fecha no sabemos quienes son los candidatos al Concejo Municipal de cada sectorización en mi país, Venezuela.

La unidad, debe ser el llamado para los postulantes, respetando las fundamentaciones legales de ejercicio del poder, donde la inclusión del pueblo es importante, y la intención es nuclear los diversos actores, en torno a ciertos líderes destacados, porque estamos viendo la perpetuación de caudillos irrenovables y sus cohortes de seguidores incondicionales.

Las jornadas vividas para conmemorar los años de democracia y exigir la no repostulación de los actuales gobernantes son una demostración evidente de tal consenso. Por otra parte, las acciones tomadas por los posibles o evidentes candidatos han coincidido plenamente en asumir postulados de unidad, no exclusivamente electoral, sino fundamentalmente de ejercicio del poder basado en la legalidad, así como la inclusión plena del pueblo. 

Toda esa tarea se trata, en consecuencia, de la construcción de un nuevo Gobierno popular, no de un sector privilegiado en razón de etnia, social o de militancia partidaria. Tales hechos ya conllevan una verdadera intención de unidad, lo cual es notablemente destacable; como también lo es la intención de nuclear los diversos actores en torno a ciertos líderes destacados. Lo contrario significaría la perpetuación de caudillos irrenovables y sus cohortes de seguidores incondicionales. 

Si comparamos la conducta de la oposición con la actividad desplegada por sectores oficialistas y órganos del Gobierno, la diferencia es abismal entre una y otra, no solo en cuanto a legitimidad y legalidad de sus propósitos, sino también por acciones que se realizan contra los oponentes, las que de modo sistemático se ejercen por todas las instancias oficiales, en las que no están exentos hechos de violencia que limitan el ejercicio de libertades fundamentales y, como tal, constituyen no solo delitos electorales. 

Hay grupos que desean desatar el terror, cuando ven una oportunidad crean situaciones conflictivas que quebrantan el quehacer y las actividades del país.

El debilitamiento de las instituciones que constituyen la garantía de un sistema democrático va en franco avance en todo el mundo, tanto así que países que ostentaban su apego a las leyes y sus instituciones, hoy encabezan la larga lista de estados en los que la irracionalidad se instala sin que exista fuerza capaz de frenar su avance. Consiguientemente, el máximo organismo electoral está en la obligación de investigarlos y sancionarlos, cuando no el Ministerio Público, peor aún si tales delitos se realizan bajo el argumento de autonomías territoriales, lo que implica desconocer la condición de Estado unitario y una proclamación de territorios libres federados.

Los que nos hemos formado en el periodismo y nos dedicamos a ello sentimos una desagradable sensación de indefensión: ¿cómo establecer la verdad de los hechos, si todo el discurso mediático está puesto en tela de juicio? ¿Cómo recobrar cierta legitimidad, los que intentamos con ahínco atender a la fuente de las informaciones, si nos enfrentamos a miradas y oídos dubitativos, descreídos, habitados por el sarcasmo y la sorna?

Todos los profesionales de esta maravillosa actividad -que en muchísimos casos no es nada menos que una vocación- lo sabemos. ha perdido buena parte de su peso, de su credibilidad. Estamos invadidos por un tsunami de «fake news», de «tuits» nauseabundos, de elecciones hackeadas, de informaciones sospechosas, de juegos semánticos en torno al concepto de «pos-verdad» que, como bien lo dice el escritor Julio Llamazares, «no es una forma de verdad, sino la mentira de toda la vida».

En este sentido, nuestros gobernantes, deben ir más allá del disfrute del poder y sus beneficios. Hay que rendir cuentas ante la justicia y hacer respetar las leyes por el bien comunitario.