En las postrimerías del golpe de estado y del paro petrolero de 2002, cuando el gobierno del presidente Chávez se enfrentaba a una ofensiva golpista auspiciada desde Washington que intentaba desalojarlo violentamente del poder, el diario Últimas Noticias (UN), bajo la Dirección de Eleazar Díaz Rangel, adelantó una política editorial que desafiaba el patrón de la mayoría de los medios de comunicación del país, al procurar un equilibrio informativo y de opinión. Le ofrecía a los lectores la oportunidad de formarse su propia visión de los hechos y de los puntos de vistas de los actores políticos que se confrontaban, en un escenario bipolar en el que se disputaban la hegemonía comunicacional el gobierno y la oposición. Esa política contribuyó a que ese diario lograra ser el de más alta circulación nacional, porque además de incrementar su presencia en sus lectores tradicionales de los sectores populares, penetró un segmento importante de los sectores medios, al convertirse en una alternativa a la desinformación inherente al fanatismo maniqueo propio de la polarización, en momentos en que la mayor fuerza mediática estaba del lado de los opositores. Fue una alternativa ante el exabrupto de unos medios privados que abiertamente se convirtieron en actores políticos protagónicos, haciendo el papel de partidos confabulados para derrocar un gobierno constitucional legítimo, a través de un golpe de estado, un paro petrolero y una política insurreccional de largo aliento. Los medios públicos siguieron ese mismo patrón polarizado en la gestión del presidente Chávez, pero, aunque en ocasiones hubo roces entre su gobierno y la conducción de UN, en términos generales respetó la línea de apertura de ese periódico.

Muy diferente es la situación de hoy bajo el régimen militar cívico del presidente Maduro. Ahora, el gobierno posee un control directo e indirecto sustancialmente superior de los medios, desde los cuales aplica una política comunicacional de "cero transparencia", de invisibilización y minimización del drama humanitario que padecen más del 80% de los venezolanos, debido a la precarización de sus condiciones de vida y de trabajo resultante de la hiperinflación, la escasez de alimentos y medicinas y, del colapso de los servicios públicos derivado de una gestión pública incapaz de afrontar la crisis, estructuralmente ineficiente e invadida por el cáncer de la corrupción. Un gobierno que al perder su base social debido a los graves errores cometidos en la conducción del Estado, cuando perdió el dominio de la AN en 2015, para mantenerse en el poder, a trocha y moche, optó por avanzar en la construcción de un régimen autoritario, violentando el modelo de Estado previsto en la Constitución, para gobernar por decreto en el marco de un "estado de excepción" permanente, a fin de imponer un modelo político autoritario y un proyecto económico esencialmente neoliberal, basado en la profundización del extractivismo depredador rentístico- dependiente neocolonial. En el plano político, la crisis institucional se ha agudizada con el desconocimiento por el gobierno-Psuv de la AN y su sustitución por una ANC ilegítima en su origen -porque fue convocada por el Presidente y no por el pueblo en referéndum- e integrada siguiendo una fórmula corporativa violatoria del principio de indivisibilidad y universalidad del derecho al sufragio, establecidos en la Carta Magna. Una ANC que además se autoerigió en "plenipotenciaria" y "supraconstitucional" desconociendo la soberanía popular y el poder originario que reside intransferiblemente en el pueblo.

La polarización existente durante el gobierno del presidente Chávez, ha dado paso a un nuevo escenario en el que más del 80% de la población no se siente identificado con el gobierno-psuv, porque lo hacen responsable de la crisis. Mientras tanto, la extinta MUD y los partidos que se agrupaban entorno a ella han dejado de ser la referencia del frente opositor, en buena medida por su conducta errática e incoherente, pero, sobre todo, por su incapacidad de adelantar una estrategia unitaria independiente de Washington y de presentar un proyecto nacional alternativo. Estamos frente a un escenario político complejo y en plena ebullición, que ha emergido como consecuencia de la fragmentación de la oposición y también del chavismo. La oposición se ha dividido en al menos dos corrientes bien diferenciadas, entre quienes impulsan una salida democrática y constitucional a la crisis rechazando cualquier injerencia externa y, quienes insisten en impulsar una salida extra constitucional a través de una intervención militar extranjera. Asimismo, en el seno del chavismo se han intensificado los movimientos de rupturas y pronunciamientos de deslinde respecto del gobierno-psuv, debido a diferencias políticas antagónicas de carácter programático y estratégico. En el campo del chavismo, existen diversos factores disidentes y críticos que confrontan al gobierno, porque a pesar del discurso "antiimperialista", "revolucionario" y "chavista" de éste, en la práctica, abandonó la Constitución y el proyecto de la revolución bolivariana, para avanzar hacia la implantación de un nuevo régimen político autoritario, anclado en un modelo neoliberal extractivista, funcional a los intereses del gran capital transnacional, en cuyo despliegue busca consolidar una burguesía "emergente" nacida en las entrañas del proceso, a través de la corrupción y de la acumulación mafiosa de capital.

La otrora política editorial de UN de mantener el "equilibrio" correspondiente con una polarización realmente existente para la época, entre el gobierno-psuv y la oposición-MUD, cuando otros eran los propietarios de ese medio, jugó un rol importante para promover un periodismo independiente y democráticos, abierto al debate político. Una cosa muy diferente ha sido la aplicación rígida de esa misma política del "equilibrio" en el contexto de la coyuntura actual, sin considerar la evolución sustancial que ha tenido el proceso político venezolano en los últimos años en materia de polarización. Por ejemplo, sin tener en cuenta el surgimiento de nuevas posiciones y nuevos actores políticos o el declive y desgaste de los viejos liderazgos, que evidencian la existencia de una reconfiguración política en curso. Al proceder de esa manera, los nuevos propietarios de UN utilizan la política editorial del "equilibrio" de manera estática y descontextualizada, como una burda coartada para ocultar el cambio de orientación de un medio que desde hace rato, dejó de tener un equilibrio informativo, para convertirse claramente en un vocero del relato comunicacional oficial. Quizás, esto tenga mucho que ver con los intereses de los nuevos propietarios del periódico. Será eso lo que quiso decir su Director, Díaz Rangel, cuando afirmó recientemente que "hoy en Venezuela no se informa lo que los dueños no quieren que se informe". Esa confesión despeja la incógnita sobre el verdadero contenido de la línea editorial de UN, en la cual no hay cabida para que en sus páginas de opinión se exprese el pensamiento crítico y la disidencia, a menos que ella juegue simbólicamente el "pin-pon bipolar", bien sea para defender la opinión del gobierno-psuv o para defender la opinión de los sucesores de la extinta MUD y por supuesto, que no colida con los intereses políticos o económicos de los dueños ¿Dónde ha quedado la responsabilidad social y política de UN? ¿No es esta una forma disimulada de censura? ¿Dónde quedan la prohibición constitucional de la censura en los medios (art.57) y el derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura (art.58)?