Hace escasos días atrás, en una de nuestras últimas entregas, dejamos saber -por este mismo medio- que el presidente por demás ilegal de la Asamblea Nacional (AN, Juan Guaidó, de acuerdo al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), perfectamente pudiera ser detenido por los Organismos de Seguridad del Estado, toda vez que de manera abierta dio a entender que era el nuevo presidente de Venezuela, dejando en evidencia la "usurpación de funciones", en este caso, del presidente legítimo, Nicolás Maduro.
Vale destacar que este hecho, en un arrebato de soberbia y en pleno desconocimiento de la propia Constitución, Guaidó lo acaba de ratificar de manera notoria y pública en la plaza "Juan Pablo II", en Chacao, una vez que en ese lugar, al culminar la marcha de la oposición para celebrar la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, se auto proclamó presidente de Venezuela, no sin antes indicar que de paso asumía las funciones.
Ya antes dijimos que si Guaidó se auto proclamaba Presidente, como en efecto lo ha hecho, está contraviniendo no solo la Constitución y la voluntad de las mayorías, sino también el Código Penal, que habla en el Capítulo VI de la usurpación de funciones, títulos u honores, y dice lo siguiente:
Artículo 213: Cualquiera que indebidamente asuma o ejerza funciones públicas civiles o militares, será castigado con prisión de dos a seis meses, y en la misma pena incurrirá todo funcionario público que siga ejerciéndolas después de haber sido legalmente reemplazado o de haberse eliminado el cargo.
Guaidó, sin duda, dio el paso que pone al país al borde una guerra civil amparado en la postura que acaba de tener el imperio al incitar a los venezolanos a que den un golpe de Estado y desconozcan al presidente Maduro.
Otros artículos del Código Penal, relacionados con la situación que vive el país, igualmente pudieran ser aplicados a Guaidó, y a otros tantos opositores que han incitado la descomposición social, entre ellos el 128, 129, 131, 132, 133 y 140.
¿Qué se espera ahora de esta situación? Sin duda el país con "cinco dedos de frente" solo espera que se cumpla la ley y desde luego que se impongan las penalidades a que haya a lugar.
Antes hemos dicho que la nación no puede seguir la marcha permitiendo que un reducido grupo de sediciosos, amparados en naciones que adversan el proceso revolucionario venezolano, rompan con el estamento legal solo porque desean reconquistar el poder por la vía de la fuerza.
Ciertamente la nación viene asfixiada y cansada de altibajos y de falsas expectativas, que no le garantizan niveles de vida y un futuro promisor.
Razón tienen las familias de salir a la calle a quejarse, ante los desbarajustes en que el país se desenvuelve, solo porque una veintena de deslumbrados se han dado a la tarea de poner al gobierno contra la "espada y la pared", a pesar que fue electo por una clara mayoría y por la vía democrática.
El "guabineo" que ha mantenido el gobierno para poner presos a quienes vienen cometiendo desafueros y violando las leyes, desde hace tiempo, solo ha permitido que lleguemos a los niveles de descomposición social que actualmente estamos viviendo, incluso a un paso de una confrontación interna entre propios venezolanos.
Si en definitiva el imperio está decidido invadir al país solo porque un reducido grupo de enezolanos así lo promueven, pues es hora de neutralizarlos, y que venga lo que venga.
Guaidó, salido de las mismas filas de Primero Justicia (PJ) revela ante el mundo que de esa organización política no sale nada bueno, solo destornillados violentos, sediciosos y golpistas. Es hora, insistimos que el gobierno mande, que el gobierno se arremangue los calzones, porque "muerto el perro se acabó la sarna".
Desde nuestra trinchera apoyamos la decisión que valientemente al fin asumió el presidente Maduro, de romper relaciones con el imperio ante los desmanes que viene promoviendo en contra de nuestra patria, desde que surgió al revolución. Es hora de gobrnar, sin titubeos, sin temor, con equilibrio y justicia. Guaidó, espera el país mayoritario, debe ser juzgado y sentenciado, pues ha incurrido en delito de usurpación de funciones, nada menos que del presidente de la República.