Elegir autoridades no es broma, es un acto cívico de trascendencia.
Cuando el abanico de opciones para elegir a las autoridades muestra fallas de fondo en la depuración de sus listados, es momento de analizar con seriedad hasta qué punto está resquebrajado el sistema actual y cómo la ciudadanía debe participar en su reparación. En Guatemala, el proceso para determinar quiénes tomarán el bastón de mando avanza a tropezones y la sociedad observa con estupor la infiltración de los cárteles de la droga en el evento más importante de la vida política de su país. De hecho, la captura en Estados Unidos de uno de sus candidatos a presidente -¡nada menos!- arroja una mancha indeleble sobre las autoridades del Registro de Ciudadanos y del Tribunal Supremo Electoral, TSE, instancias en las cuales el ahora señalado de delitos tan graves como asociarse con el cártel de Sinaloa para financiar su campaña, aprobó su inscripción sin el menor reparo.
Para la ciudadanía, este caso constituye un llamado de atención de alerta máxima toda vez que a partir de la investigación realizada por la DEA, la cual desembocó en una acusación detallada contra el candidato de marras y uno de sus socios, es fácil deducir la ineficiencia de las autoridades de investigación y seguridad en Guatemala o, mucho peor aún, su complicidad con organizaciones criminales de enorme poder. Sin embargo se puede escuchar el silencio de una población tan acostumbrada a los escándalos, que ante el más reciente capítulo de esta tenebrosa telenovela, ni siquiera se inmuta.
El paso inevitable a partir de la denuncia del Departamento de Justicia de Estados Unidos debería ser la revisión a fondo de todas las demás candidaturas, sus respectivos partidos políticos y las fuentes de financiamiento de sus campañas. Para transparentar aún más el proceso, retroceder en el tiempo para esculcar en lo acontecido durante elecciones anteriores, debido a las salpicaduras del caso actual sobre antiguos altos funcionarios de gobierno íntimamente vinculados a los ahora atrapados por la justicia estadounidense.
Una revisión a conciencia de las opciones sobre el tablero dan ganas de llorar. En la contienda se presentan absolutos esperpentos señalados por toda clase de delitos, desde tráfico de bebés y de drogas hasta intentos de subvertir el orden democrático, pasando por un abanico multicolor de denuncias de corrupción en una amplia gama, todo aceptado gustosamente por las autoridades electorales y los respectivos partidos políticos sobre cuyas estructuras han montado sus ambiciosos planes. Todos ellos (y ellas) poseedores del correspondiente carnet de candidatos registrados, con el regalo adicional de la inmunidad ante la ley.
La ciudadanía debe tener los ojos bien abiertos y no dejarse deslumbrar por las evidentes falsedades de quienes pretenden hacerse con el poder. Las pruebas de corrupción detectadas por el trabajo de la Cicig, en conjunto con el Ministerio Público, no dejan lugar a dudas de cómo el sistema político y quienes dirigen los hilos desde las cúpulas empresariales han destruido toda posibilidad de restauración de una democracia tambaleante ante sus embates; del mismo modo, han acabado con innumerables oportunidades de desarrollo para Guatemala, uno de los países más ricos pero peor gobernados del continente.
Abrir los ojos y escuchar con filtro no será suficiente. El paso esencial será exigir al TSE una revisión acuciosa de los listados de candidatos ya aprobados, dada la magnitud de su responsabilidad y su enorme deuda con la ciudadanía. Es preciso recordar a esos magistrados cuánto daño hacen al país con su incomprensible negligencia.
