El delito económico se puede definir como una actividad o acción ilegal llevada a cabo con el objeto de lograr un beneficio propio en perjuicio de terceros, y "En Venezuela, la Constitución Nacional en su artículo 114 establece: ‘El ilícito económico, la especulación, el acaparamiento, la usura, la cartelización, y otros delitos conexos, serán penados severamente de acuerdo a la ley’" https://www.alc.com.ve/delitos-economicos/.
Desafortunadamente en Venezuela este tipo de delito prácticamente es desatendido por la Justicia, predominando entonces la impunidad cortesía del Estado burgués, cuyas consecuencias parciales han sido, entre otras, el altísimo costo de la vida, el ‘bachaqueo’ masivo y la escasez de alimentos regulados. Evidentemente el descontrol en los precios de diversos rubros de empleo y consumo diario, que suben hasta más de 100 % en cortos periodos, es una situación que ha afectado duramente a los pobres, y si bien el hecho de que se importen numerosos productos a costos elevados debido a la alta cotización del dólar (moneda de la que aún dependemos en gran medida) y a las sanciones y bloqueos internacionales, obviamente influye de cierta manera en los precios fijados por productores, intermediarios y distribuidores finales, es injustificable que buena parte del sector empresarial venezolano y foráneo tenga ganancias exorbitantes, mientras que millones de ciudadanos sufren para subsistir dignamente. ¿Cómo se explica, por ejemplo, que un kilo de harina de maíz sea vendido hasta en 10000 bs, equivalente a una cuarta parte del salario mínimo mensual?, ¿ o que el precio de un kilo de leche de vaca en polvo sea superior a una mensualidad de salario, y que numerosos medicamentos básicos tengan el costo hasta de varios sueldos mínimos, ¿o qué el llenado y transporte de una bombona pequeña de gas licuado cueste casi la mitad del sueldo mensual, en un país donde abunda el gas natural?
A estas alturas la liberación de precios es tal, que no hay organismo o institución que controle aunque sea un poco la especulación, la usura y la alteración fraudulenta de precios, y es que si la Justicia no sanciona este delito, en general el Estado está incapacitado para actuar, o mejor dicho no actúa porque estructuralmente defiende el Statu Quo capitalista, y por tanto los empresarios seguirán haciendo lo que les venga en gana, logrando que cualquier salario percibido por millones de venezolanos se convierta siempre en sal y agua. Por desgracia los pobres de Venezuela nos encontramos en un verdadero estado de indefensión ante las consecuencias nefastas de los delitos económicos, en especial la especulación, la usura y la alteración fraudulenta de precios, estimuladas por la impunidad reinante en el contexto del Estado y sistema judicial capitalistas.
¿Y entonces qué pasó con el socialismo del siglo XXI y el surgimiento de una sociedad que haría felices a todos los venezolanos desde el punto de vista económico? Ciertamente hay una severa crisis en Venezuela originada entre otros factores por la megadependencia, los bloqueos y las sanciones globales, y la disposición cada vez menor de recursos financieros para dinamizar en gran magnitud la economía venezolana, pero lamentablemente sólo los pobres pagamos las terribles consecuencias y tenemos que padecer por el afán de lucro fácil de unas escorias nacionales y foráneas que de humanos…
