De nuevo el imperialismo estadounidense y sus lacayos pretenden impedir el avance hacia una salida soberana, pacífica y constitucional a la crisis venezolana. Intentan sabotear las elecciones parlamentarias del 6D, las cuales constituyen una oportunidad real para iniciar el proceso de reinstitucionalización del país. Ante el fracaso de la estrategia de la salida de fuerza, el colapso del liderazgo de Guaidó y el desmoronamiento de su base política, ha intensificado su ofensiva para liquidar el Estado Nación e instaurar en Venezuela un protectorado colonial del siglo XXI gobernado por procónsules. Su estrategia se centra en declarar la existencia del “Estado fallido”, incapaz de garantizar protección y seguridad a su población, con el fin de invocar la “responsabilidad de proteger” (RP) para darle luz verde a la intervención.

Para deslegitimar e impedir la realización de las elecciones parlamentarias o su posposición con el fin de prolongar el mandato de la Asamblea Nacional cuyo período constitucional vence el 5 de enero de 2021 y con ello evitar que se esfume el espejismo del “gobierno virtual” de Juan Guaidó, el gobierno de EEUU le ha subido la intensidad al despliegue ofensivo contra Venezuela de su arsenal que incluye, su inmensa capacidad comunicacional de desinformación, la acentuación de las sanciones económicas y las presiones diplomáticas sin descartar el uso de la fuerza bajo la cobertura de la “lucha antinarcótico” y la “defensa de los derechos humanos”. Esta podrían tener el apoyo de los gobiernos sumisos de Brasil y Colombia, el respaldo del llamado Grupo de Lima, la OEA en cabeza de Almagro y la complicidad de la Unión Europea (UE), la cual hasta ahora se ha mantenido a la cola de la política monroista de Donald Trump, quien se juega sus últimas cartas en la contienda electoral por la Casa Blanca, intentando captar el voto latino y venezolano. Cuenta para ello con un sector minoritario, debilitado y fragmentado, de la derecha pitiyankee liderada por Juan Guaidó y algunos restos del otrora bloque partidista opositor G4[i], totalmente subordinado a los intereses geopolíticos del imperio estadounidense y por ende, en contra de la nación venezolana. De esa manera Washington avanza en una nueva escalada intervencionista contra Venezuela.

El Secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, hizo un recorrido relámpago en septiembre pasado por Guyana, Surinam, Brasil y Colombia con el fin de presionar y garantizar que los gobiernos de esos países se sumen a su política de promover el no desconocimiento de las elecciones parlamentarias a realizarse en Venezuela el próximo 6 de diciembre con base en lo establecido en la Constitución. Su gira se realizó en el contexto de la ejecución en aguas colombianas de un ejercicio militar combinado “antidrogas” denominado “Operación Poseidón”, entre la Armada y la Fuerza Aérea de EEUU y la Fuerza Aérea de Colombia, y del anuncio desafiante que hizo el apátrida Juan Guaidó, en el programa del encargado de negocios de la llamada “embajada virtual de EEUU en Venezuela”, Jame Story, de que firmará un “acuerdo de cooperación”[ii] con la DEA para que esa agencia estadounidense actúe “libremente” en el territorio nacional. Ésta pudiera ser la señal para darle inicio a una intervención progresiva de nuestro país. Por otra parte, desde Georgetown, Pompeo ratificó que la armada de EEUU protegerá las compañías petroleras estadounidenses que están desplegadas en la “zona económica exclusiva” del territorio Esequibo reclamado por Venezuela, asumiendo que ésta se extiende hasta la desembocadura del Orinoco, sobre la cual ejerce soberanía absoluta el Estado venezolano. Desde la ciudad brasileña de Boavista el jefe de la diplomacia estadounidense reafirmó su discurso intervencionista contra Venezuela y por ello fue duramente criticado el presidente Bolsonaro por el presidente de la Cámara de Diputados y ex cancilleres brasileños, por hacerle coro a las amenazas del gobierno de Trump de intervenir en Venezuela en contra de la tradición histórica de la política exterior de ese país.

La reacción desesperada que exhibe el gobierno de EEUU contra Venezuela se explica, por la cercanía de las elecciones presidenciales estadounidenses y su interés de captar el voto latino para garantizar la reelección de Donald Trump. Se debe también a la pronta terminación del mandato de la Asamblea Nacional y la elección de una nueva, lo cual de concretarse derrumbaría el parapeto artificial e inconstitucional de la “presidencia virtual” paralela de Juan Guaidó. El nerviosismo amenazante que refleja la diplomacia estadounidense quizás se explica, por el desplome del liderazgo del pupilo de la Casa Blanca, Juan Guaidó, y el crecimiento sostenido de la disposición de los venezolanos a votar que reflejan las encuestas. A ello se suma la reconfiguración que ha venido produciéndose en el escenario político nacional, por el deslinde de un importante sector de la oposición venezolana de la estrategia fallida del “mantra”, impulsada por EEUU a través del liderazgo de Juan Guaidó, enfocada en buscar el “cambio de régimen” por la vía violenta del golpe de estado, las medidas coercitivas unilaterales y la entrega del territorio nacional a fuerzas extranjeras. Ese sector de la oposición democrática ahora apuesta a la vía electoral, constitucional y soberana a través del diálogo y la negociación con el gobierno de Maduro. De ese proceso de deslinde dentro del G4 y de la Mesa de Diálogo Nacional[iii] (MDN) derivó, la convocatoria de las elecciones parlamentarias 2020, la terminación para finales de año de la inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente, la aplicación del principio constitucional de representación proporcional, la designación de dos de los cinco rectores principales postulados por la oposición, y la liberación de 110 personas entre privados de libertad, bajo investigación y sujeto a medidas cautelares por razones políticas, entre ellos 23 diputados principales a la Asamblea Nacional y 4 suplentes. Éste deslinde amplió el espectro de la oposición democrática partidaria de avanzar por la ruta constitucional, soberana y electoral, con la incorporación de importantes sectores de los partidos del G4 que decidieron sumarse al rescate de la vía electoral para impulsar el cambio político.

Ante la estrategia de Washington, fracasada por ahora, para deponer por la fuerza al gobierno de Nicolás Maduro con el fin de imponer a los venezolanos un gobierno de “transición” subordinado a sus designios encabezado por su pupilo Juan Guaidó, la Unión Europea (UE), haciendo un gesto inusitado de autonomía de la política de EEUU en relación Venezuela, en las primeras de cambio dio el paso de reconocer la realización de las elecciones parlamentarias con Maduro en el poder, insinuando un distanciamiento de la estrategia del “mantra” guaidosiano, condicionando su aceptación a la invitación del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del gobierno a participar como observadores del proceso electoral, a su diferimiento y al mejoramiento de las condiciones y garantías del mismo. La respuesta del Departamento de Estado a través de su vocera Carrie Fillipetti[iv], con la prepotencia que caracteriza al imperialismo estadounidense, ante la llegada a Caracas (24/09/2020) de una Misión de la UE para promover “condiciones mínimas” en las elecciones parlamentarias, fue contundente al afirmar que “Nicolás Maduro necesita dejar el poder para que haya posibilidad de una elección libre en Venezuela”, dicho más claramente, según ellos es al gobierno de EEUU y no a los venezolanos a quien corresponde decidir quién gobierna nuestro país y la UE no tiene nada que buscar en su “patio trasero”.(Monroe). Finalmente la UE terminó alineándose con el gobierno de Trump al negarse a observar las elecciones parlamentarias fijadas por la Constitución para diciembre próximo.

Es un hecho incontrovertible la violación de los derecho humanos por el gobierno autoritario de Nicolás Maduro[v] y la necesidad de que la justicia castigue a los responsables de esos hechos deplorables, de los cuales ha dado cuenta la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet. Pero igualmente, es delesnable y cínica la pretensión del imperio genocida estadounidense, principal violador de los derechos humanos del planeta a través del terrorismo de Estado y la aplicación de sanciones económicas criminales contrarias al derecho internacional como las que le ha impuesto a Venezuela e Irán, de utilizar la falsa bandera de la “defensa de los derechos humanos” o la “lucha contra el terrorismo y el narcotráfico” para intervenir nuestro país e imponer un gobierno subordinado a sus intereses geopolíticos y económicos como hizo en Afganistan, Irak, Libia y Siria, arrazando a sus pueblos para controlar sus yacimientos petroleros y gasíferos. Por esa razón, en su oportunidad rechazamos la decisión eminentemente política del Fiscal General de EEUU, William Barr[vi], de librar la orden de captura de Maduro y otros altos funcionarios del Estado, con recompensa millonaria incluida al estilo de los “cowboys del viejo oeste”, para ser enjuiciados por narcotráfico y terrorismo en los tribunales estadounidenses, a lo que siguió el emplazamiento frente a las costas venezolanas de la armada de EEUU con la amenaza de invadirnos para repetir en nuestro país, la operación de captura del general Noriega ejecutada por el Pentágono en Panamá en1989, con el propósito de “empoderar” a otro “Endara” llamado Guaidó.

Como parte de esa misma estrategia intervencionista, luego de haberse autoproclamado Juan Guaidó como “presidente interino” (23/01/2019), algunos gobiernos del llamado Grupo de Lima acudieron a la Corte Penal Internacional (CPI) para denunciar los “crímenes de lesa humanidad cometidos por Nicolás Maduro y funcionarios del alto gobierno”, además de solicitar la apertura de una investigación para su enjuiciamiento, lo cual no ocurrió. Posteriormente, en septiembre de 2019, el mismo Grupo de Lima propuso en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDHNU), la apertura de una investigación que calificaron de “independiente” sobre el mismo tema, pero para ser realizada por un “equipo ad hoc” integrado por personal externo a la ONU, desestimando y descalificando de facto el trabajo que viene adelantando desde 2019, de manera continua y en el propio territorio venezolano, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (ACDHNU), Michelle Bachelet, que es el órgano con la legitimidad, los recursos, la capacidad y la responsabilidad para hacer seguimiento al tema del estado de los derechos humanos en el mundo. Con la renovación del mandato del equipo ad hoc que promueve el Grupo de Lima aupado por EEUU para continuar la investigación, dejando de lado a la Alta Comisionada Michelle Bachelet, se pretende promover el enjuiciamiento en la Corte Penal Internacional (CPI) de Nicolás Maduro y otros altos funcionarios del Estado por crímenes de lesa humanidad y con ello, declarar el “Estado fallido” e invocar el llamado principio de “responsabilidad de proteger” (RP), cuya aplicación reside en el Consejo de Seguridad, el cual podría validar el uso de la fuerza por la ONU, aunque ésto no es previsible que ocurra porque probablemente China y Rusia vetarían esa decisión. Empero, una orden de captura librada por dicho tribunal sería la justificación para la actuación unilateral de EEUU, apoyándose también en la requisitoria del Fiscal General estadounidense William Barr. Contradictoriamente, el gobierno de Trump demostró recientemente el poco respeto que le tiene a la CPI, cuyo tratado no ha sido ratificado por EEUU, cuando amenazó a su Fiscal General, la gambiana Fatou Bensouda, con sancionarla[vii] si se atrevía a enjuiciar a soldados estadounidenses denunciados por cometer crímenes de guerra y de lesa humanidad en Afganistán. La verdadera razón de esta maniobra política del gobierno de Trump, es crear la matriz de opinión justificadora de una intervención militar unilateral con el apoyo de los gobiernos de Colombia y Brasil entre otros, apoyándose en la doctrina imperial de la “seguridad humana” materializada en la “responsabilidad de proteger” (RP) y en el TIAR[viii] para montar en Venezuela un gobierno títere, que eufemísticamente llaman de “emergencia nacional”, encabezado por su pupilo Juan Guaidó. Detrás está la intención de sabotear y deslegitimar las elecciones parlamentarias y cualquier posible entendimiento entre el gobierno y la oposición democrática que propenda a la reinstitucionalización del país.Todo ello con el fin de seguir dándole vida al gobierno aéreo paralelo de Juan Guaidó para lograr un “cambio de régimen”, a costa de martirizar al pueblo venezolano con sanciones criminales hasta lograr convertir a Venezuela en un protectorado colonial de EEUU, pero paradójicamente lo que han logrado es prolongarle la agonía del gobierno autoritario e incapaz de Nicolás Maduro, al darle razones para cubrirse con el paragua del antiimperialismo y la defensa de la Patria para mantenerse en el poder.

El llamado “informe independiente de la ONU” promovido por el Grupo de Lima, no ha sido evaluado por el órgano especializado del sistema que es la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, a la cual además se le ha condicionado el acceso a las “entrevistas realizadas a las víctimas, familiares e informantes” que son las fuentes en la que se basa la investigación, lo cual supone darle más confianza a un mecanismo ad hoc que al órgano que tiene la legitimidad otorgada por la Asamblea General de la ONU. El alegato de que ese acceso debe contar con la anuencia de los testigos porque están bajo protección, es una forma sutil de evadir el control y la verificación de la ACDHNU sobre la consistencia y credibilidad de la investigación realizada. Es también muy significativo el sesgo político que se percibe en la cronología de los sucesos políticos que se desarrollaron en Venezuela a partir de 2014, en el cual se invisibiliza el impacto de la violencia insurreccional promovida por la oposición golpista, lo cual cuestiona seriamente la base contextual del informe.

Más allá de que efectivamente estemos frente a un gobierno autoritario que ha incurrido en abuso de poder y graves violación de derechos humanos, ese es un asunto que debe y puede ser resuelto por lo venezolanos y la comunidad internacional (ONU) debe brindar su apoyo al país, como lo viene haciendo la oficina de la ACDHNU y también, a través de la presión permanente de los movimientos sociales y organizaciones defensoras de los derechos humanos. No es con un gobierno impuesto desde afuera como vamos a resolver nuestros problemas, por el contrario, una salida de fuerza solo conduciría a la violencia y a una profundización de la violación de los derechos humanos empeorando nuestra situación, lo cual además constituiría un acto de intervención inaceptable para un pueblo como el venezolano que no está dispuesto a ceder su independencia y su soberanía. En éste contexto, el informe promovido por el Grupo de Lima y EEUU en el CDHNU para su procesamiento en la CPI, más allá de que contenga verdades, viene siendo utilizado como un instrumento para intervenir a Venezuela y justificar la ilegitimidad de las elecciones parlamentarias. Es la soberanía lo que se está jugando en las elecciones parlamentarias del 6D. De ahí la importancia histórica esos comicios y la enorme responsabilidad que tenemos los venezolanos de salir a votar masivamente para defender la soberanía y rescatar la institucionalidad democrática. Para manifestar nuestro rechazo al régimen autoritario entreguista de Maduro consolidado en la Ley Antibloqueo y al liderazgo títere, servil a los intereses geopolíticos de Washington, de Juan Guaidó. El pueblo boliviano ilumina el camino.