Pocas acciones despiertan mayor temor en los círculos políticos y económicos como el ejercicio de un periodismo crítico, independiente, ético y sin compromiso alguno con esos sectores. De ahí que las reacciones viscerales de ciertos gobiernos hundidos en la corrupción, hayan escalado hasta transformar el desempeño periodístico en un severo riesgo de persecución, acoso y, en muchos casos, la muerte de quienes se hayan atrevido a traspasar la línea de lo tolerado por las mafias en el poder.
Existe una sutil diferencia entre la libertad de expresión y la libertad de prensa. Ello, debido a que la primera se refiere a un derecho individual reconocido en todo el mundo por medio de tratados y convenciones; y la segunda -es decir, la libertad de prensa- incluye en su concepto el derecho soberano de los pueblos a ser informados con veracidad y amplitud sobre todo acto, decisión y compromiso de quienes poseen el timón de la vida institucional y jurídica de sus naciones y sobre los acontecimientos de interés social y cultural.
Por lo tanto, los ataques perpetrados por los sectores más poderosos en nuestros países contra esas libertades, ya consagradas en sus respectivos textos constitucionales, es una violación y un delito cometido en contra de la base misma del sistema democrático que han jurado respetar. Durante las recientes décadas se ha observado, asimismo, cómo la mayoría de medios masivos de comunicación -en su calidad de empresas y totalmente ajenos a su espíritu periodístico- se han plegado a los planes de los sectores más poderosos y actúan como un ente político y un reproductor de consignas y falsedades hacia los más amplios sectores de la sociedad.
De esta cuenta, el periodismo independiente y digno se ha ido recluyendo en plataformas cada vez mas reducidas y ello gracias a fuentes de financiamiento débiles y precarias. El resultado de esta estrategia para silenciar a la prensa ética es uno de los grandes logros de los gobiernos y sectores empresariales aliados en un pacto de corrupción y silencio.
Sin embargo, la reacción de quienes intentan salvaguardar la integridad del ejercicio periodístico, aun cuando choca contra enormes intereses corporativos y opacos pactos políticos, demuestra una vez más que no será fácil callar a la prensa, porque de ella depende no solo la frágil democracia, sino también la seguridad ciudadana frente a los actos intimidatorios de los cuerpos armados del Estado y los actos delictivos de sus autoridades.
Un estudio de la Unesco reveló la gran preocupación de esa agencia por el riesgo implícito en el ejercicio de la profesión, refiriéndose específicamente a América Latina como la región en donde se producen más asesinatos de periodistas. Así también lo manifestó el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, al expresar: "Cuando se ataca a un periodista, toda la sociedad paga el precio. Si no protegemos a los periodistas, nuestra capacidad para mantenernos informados y adoptar decisiones fundamentadas se ve gravemente obstaculizada. Cuando los periodistas no pueden hacer su trabajo en condiciones de seguridad, perdemos una importante defensa contra la pandemia de información errónea y desinformación que se ha extendido por Internet". A ello se debe añadir que la impunidad en los asesinatos de periodistas es de 9 de cada 10 casos y la persecución suele ampliarse hacia su círculo familiar.
Estas declaraciones del Secretario General no impiden el ataque concertado entre sectores de poder sobre quienes han decidido mantenerse firmes en su afán de investigar, difundir y arrojar luz sobre los actos de interés público, los mismos que entes poderosos insisten en mantener en las sombras. Por ello, son los ciudadanos, en su calidad de víctimas de este ataque contra su libertad de acceso a la información, quienes deben mantenerse alerta y exigir el cese del hostigamiento contra los profesionales que arriesgan su seguridad y su vida por mantenerlos debidamente informados.
Lo más peligroso para la estabilidad democrática es el silencio de la prensa.
