Lo que muchos vaticinábamos ocurriría, en relación con la activación del referendo revocatorio presidencial (RR), solicitado por varios grupos políticos, ocurrió con una decisión inicua de la mayoría oficialista del CNE, que hace imposible la necesaria recolección de manifestaciones de voluntad de los electores. El lapso decidido para el cumplimiento de este requisito fue extremadamente corto, lo que impide su ejecución adecuada, y la fecha escogida para su realización fue súbita, para sorprender a los interesados que, como siempre, no estaban preparados para decisiones de este tipo, pese a que vienen haciendo una alharaca con el RR desde hace más de un año. Fue sin duda una burla dirigida a desanimar y obstaculizar la ejecución de un derecho constitucional, razones más que suficientes para condenarla, rechazarla, enfrentarla e impugnarla.
No se puede decir que la decisión es ilegal, pues no viola ninguna ley; como lo habíamos dicho, no existe legislación del RR, por lo que el CNE goza de total discrecionalidad. Viola cínicamente el sentido común. Al entorpecer el ejercicio de un derecho constitucional: el derecho ciudadano a activar el RR, se puede decir que la decisión viola la Constitución, y lo hace además al impedir el ejercicio de la democracia participativa y protagónica, algo con lo que todos ellos se han llenado la boca. Es contraria también a la necesidad del gobierno de mostrar una cara diferente de la represiva, incompetente y tramposa, a que nos tiene acostumbrados. Maduro tiene la necesidad de salir del pantano donde se hundió, ayudado por sus opositores más beligerantes y violentos, para lo cual ha hecho esfuerzos que lo colocan como traidor de los discursos de la pseudorrevolución, así como de la patria, para ahora venir a enredarse en una maniobra estúpida, realmente innecesaria.
La reacción de los grupos activadores del RR, entre quienes no se encontraba ninguno de los partidos opositores, nos demuestra que era imposible que tuvieran éxito en su política confrontadora de Maduro. Si en más de un año, no hicieron nada para prepararse ante decisiones que eran lógicas de esperar, no iban tampoco a hacer nada efectivo para la revocación del mandato presidencial. La probabilidad del fracaso del RR era muy alta y el gobierno ha podido esperar y en todo caso actuar más adelante, cuando las fuerzas opositoras hubieren perdido varios meses de este año, en forma similar a como perdieron tiempo y esfuerzos desgastantes en 2016. Pero algo pasó que decidieron abortar la validación del RR desde su inicio mismo. No sé qué fue, pero me alerta de que pudieran en 2024 adelantar también la fecha de las elecciones presidenciales y sorprender a todo el mundo.
Un efecto colateral positivo de la decisión gubernamental es que abre desde ya la posibilidad de trabajar en función de las elecciones presidenciales de 2024, sin distracciones, sin dilaciones, centrándose en lo importante y estratégico y no en lo que luce glorioso y valiente. De esta manera, la ignominiosa decisión del CNE pudiera terminar resultando favorable a la derrota del PSUV en 2024, si y sólo si, los grupos opositores todos comienzan desde ya a transitar el espinoso camino de la unidad electoral, la presentación de un breve programa concreto que atienda directamente los problemas de la gente y la escogencia lo antes posible de un candidato unitario amplio, respetable y suficientemente conocido, capaz de derrotar al gobierno. Esta escogencia debe ser hecha a mediados de 2023, para disponer de suficiente tiempo para hacerla conocer en todos los rincones de Venezuela.
El revocatorio ha sido revocado, como revocada está parte de la Constitución y de los derechos humanos y ciudadanos. Como lo están muchas leyes vigentes. Nada nuevo bajo el sol. Revocados han sido los salarios, las pensiones, la seguridad social, el empleo formal, la salud y la educación. La indignación por la perversa medida no puede llevarnos a responder con nuestras vísceras. Hace falta la necesaria frialdad que le permita trabajar al cerebro en función del objetivo cercano venidero: triunfar electoralmente en 2024.
Continuidad y Cambio, año 11, N° 151, pp 2-3, febrero 2022,
https://issuu.com/luisfuenmayortoro/docs/a._cyc_a_o_11_n_151_febrero_2022
