LAS ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES (ZEE). MÚLTIPLES VOCES Y CONTROVERSIAS. PARTE 1

Javier Biardeau R.

I.       INTRODUCCIÓN

A medida que se fue avanzando en el debate sobre las zonas económicas especiales en Venezuela en el año 2021, se fue obstaculizando una aprobación “fast track” planificada para finales de julio de aquel año. A la vez, se revelaron intereses, concepciones ideológicas, propósitos-objetivos, estrategias, maniobras, posibles alcances y consecuencias que giraban alrededor de este tema. La aprobación de la ley fue metida en el congelador dado tal clima de opinión adverso. Del congelador pasamos a los “entre gallos y medias noches”; huracanes en el clima de opinión y finalmente su aprobación en dos días consecutivos, justamente cuando en realidad se había apagado la controversia.

Por otra parte, no debemos desestimar que el 21 de abril del presente año 2022 el Congreso Nacional de Honduras había derogado las denominadas Zonas de Empleo y Desarrollo (ZEDE), áreas del país sujetas a una “jurisdicción especial con el objetivo de atraer inversiones” como “zonas francas”, a pesar que la Corte Suprema de Justicia de tal país había aprobado en junio de 2021.

El principal argumento del parlamento hondureño (de orientación progresista) contra esta jurisdicción especial de las Zonas fue considerar que “ceden soberanía a extranjeros”. La derogación se produjo con el voto unánime de los 128 diputados de la cámara.

La propia presidenta de Honduras, Xiomara Castro, celebró la medida y calificó las Zonas y su jurisdicción especial como "criminales". Este ejemplo nacional, además producto de intensas movilizaciones de movimientos sociales muestra que el debate no solo está presente en Venezuela, sino en diversos territorios y sociedades del continente de la periferia capitalista.

Si se analiza el caso hondureño, encontraremos como argumento principal en contra que tales “zonas económicas y de empleo” (como trato de venderse con eufemismos el proyecto) que había sido aprobada "alterando, modificando y lesionando el territorio nacional, la soberanía e independencia de la República, suplantando la soberanía popular y usurpando los tres poderes del Estado".

El propio parlamento hondureño utilizó expresiones bastante duras:

“La ilegalidad se realizó mediante la configuración de instituciones exclusivas para zonas privadas, de empresas privadas y para otorgar privilegios a un grupo de personas en detrimento de todos los hondureños, originando este régimen de ZEDE e instituciones con funciones, competencias, atribuciones y poderes que constitucionalmente son propios o exclusivos del Poder Ejecutivo y Legislativo”.

También el parlamento hondureño consideró que las Llamadas “Zonas de Empleo” alteraban y modificaban el sistema de administración de justicia, permitiendo que "sea suplantado por otros sistemas judiciales o jurisdiccionales de otros países, poder, que solo es propio y exclusivo en Honduras del poder Judicial".

El propio Canciller Hondureño actual Enrique Reina señaló: “Desaparecen las ZEDE, aberración de la dictadura que violaba la soberanía. El Gobierno de la presidenta Xiomara Castro, diputadas y diputados del Congreso Nacional y Luis Redondo recuperan la dignidad nacional y la Patria”.

Pero volvamos a Venezuela.

A pesar de los argumentos expresados en el año 2021 sobre las desventajas y riesgos de tal proyecto en el actual contexto internacional y nacional, donde las capacidades del Estado (tanto económicas, administrativas como humanas) para conducir y planificar el Desarrollo, se enfrentan a restricciones muy severas, avanzar aún más en un proceso de desregulación, privatizaciones y entrega a los factores que controlan los mercados realmente existentes, como ya se estableció en el plan de ajustes del año 2018, y además reforzar las líneas y orientaciones más promercado internacional de las ZEE, terminarán por desmantelar el Estado Nacional venezolano, sellando la destrucción de las corrientes antineoliberales de base que impulsaron el estado naciente del proyecto bolivariano.

Cabe entonces, luego de conocido el acto de aprobación de la ley y antes de pasar a realizar un análisis y valoración de la misma, reconstruir el debate y los alegatos presentados por diversos actores en el año 2021, para no perder de vista el contenido, direccionalidad, alcance y posibles alcances de tal propuesta. Así mismo, como decía Kotepa Delgado, hay que dar testimonio escrito de la historia constituyente, porque la historia efectiva (como res gestae) y su registro, documentación e interpretación (Historia, rerum gestarum) es un campo de batalla abierto de manera permanente

La reciente aprobación el 1 y 2 de julio de 2022 por parte de la Asamblea Nacional (AN) ha dado finalmente “luz verde” a la Ley de Zonas Económicas Especiales en el país. El articulado aprobado autoriza al presidente, a crear o suprimir por decreto estos “espacios de inversión productiva”. Un rasgo bonapartista y presidencialista que marcará la ejecutoria, por una parte, pero también concentrará sobre su figura la completa responsabilidad de las consecuencias de tal política, en corresponsabilidad con toda la cadena de autoridades encargadas de llevarlos a cabo.

Las zonas económicas especiales fueron definidas como “la delimitación geográfica que cuenta con un régimen socioeconómico especial y extraordinario, destinado al desarrollo de actividades económicas de inversión pública, privada, mixta y comunal, en cuyas poligonales se ejecutan proyectos de desarrollo de actividades sectoriales específicas que responden a los más altos intereses de la patria, cuya producción local impacta favorablemente en el desarrollo socio productivo del país con beneficios a escala subregional”.

El instrumento jurídico aprobado el 1 de julio de 2022 establece la obligatoriedad de crear una Superintendencia de las Zonas Económicas Especiales, definida como una “institución de carácter técnico especializado, con persona jurídica y patrimonio propio, adscrito a la Vicepresidencia de la República”.

Entre las competencias de la superintendencia  se encuentra ejercer gestión, administración, dirección, coordinación, control, supervisión e inspección de las zonas económicas de conformidad con los lineamientos de la ley; elaborar proyectos de desarrollo de las zonas en coordinación de los ministerios que tengan competencia en materia de economía y finanzas y también en las materias relacionadas en las actividades previstas en los espacios geográficos; colaborar con el Centro Internacional de Inversión Productiva en la evaluación de proyectos que sean presentados para operar en zonas.

Otras de las competencias de la superintendencia en la ley aprobada son: crear y organizar en sus respectivas zonas las oficinas de las autoridades únicas de las zonas económicas especiales y supervisar su funcionamiento y articular con los órganos de la República la implementación de las políticas que permitan asegurar calidad en la prestación de servicios.

El artículo 19 de la ley establece que la superintendencia estará dirigida por un consejo directivo conformado por un superintendente y seis miembros principales y sus respectivos suplentes, que serán de libre nombramiento y remoción por parte del propio presidente de la República.

La Ley de Zonas Económicas Especiales venezolana asoma la figura de un Centro Internacional de Inversión Productiva, con la función de promover la captación de potenciales participantes, desarrollar actividades económicas en las zonas económicas especiales, en coordinación con la superintendencia.

El centro deberá “establecer condiciones, requisitos técnicos y procedimientos para la presentación y evaluación de proyectos de participación”. Adicionalmente tendrá entre sus responsabilidades el perfil empresarial para desarrollar actividades en las zonas económicas especiales en coordinación con la superintendencia; evaluar proyectos de participación, presentados por las personas jurídicas, así como certificarlos para operar en las zonas.

Las coordinaciones y las consultas sobre las posibilidades que tienen las zonas se realizarán entre la superintendencia, las autoridades estadal y los representantes que forman parte de las áreas geográficas de las zonas a fin de ejecutar políticas de desarrollo.

Si contrastamos experiencias, desarrollos e impactos, veremos también los cambios en los discursos, en la retórica, en el lenguaje, como dicen coloquialmente: cada actor pretende “vender el proyecto” desde el discurso de posicionamiento de percepciones, promesas y expectativas que le den utilidad y rentabilidad a sus propios intereses y concepciones. Y esto lo que hay que desentrañar para el caso venezolano.

Esto solo puede hacerse desde el debate fundamentado y contrastado con respaldo teórico, comparación histórica y evidencia empírica. Digamos con cierto tono de ironía histórica: ¡Qué se abran cien flores, que compitan cien escuelas de pensamiento! De modo, que utilicemos aquel pretexto del momento maoísta de la Revolución China entre 1956-1957 que planteaba:

 “Permitir que 100 flores florezcan y que cien escuelas de pensamiento compitan es la política de promover el progreso en las artes y de las ciencias y de una cultura socialista floreciente en nuestra tierra”?[1].

Decía en aquellos años Mao, que en China había culminado la transformación socialista en lo tocante a la propiedad (suponiendo erróneamente Mao que la historia no está marcada de contingencias, oleadas de flujo y reflujo, de corsi y recorsi) y señalaba además que había “terminado en lo fundamental” las vastas y tempestuosas luchas clasistas de las masas, características de los períodos de Revolución.

En realidad, como lo mostraron los acontecimientos posteriores, no es posible decretar políticamente la finalización de las contradicciones cuando una sociedad está marcada por una estructura de relaciones económicas y políticas de base marcada por conflictos, heterogeneidades y desigualdades, pudiendo pasar por períodos de relativa estabilidad o equilibrio provisorio, a otras fases de agudización de conflictos y turbulencias. En tal interregno de equilibrio relativo o estabilidad, Mao decía[2]:

“…subsisten remanentes de las clases derrocadas: la clase terrateniente y la burguesía compradora; subsiste la burguesía, y la transformación de la pequeña burguesía acaba de empezar. La lucha de clases no ha terminado. La lucha de clases entre el proletariado y la burguesía, entre las diferentes fuerzas políticas y entre el proletariado y la burguesía en el terreno ideológico, será aún larga, tortuosa y a veces incluso muy enconada”.

Por eso llamaba, en su propio lenguaje y contexto, al tratamiento correcto de las “contradicciones en el seno del pueblo”.

II. UN BREVÍSIMO ESQUEMA DE LAS ETAPAS DEL PROCESO EN CHINA.

A partir de 1949, con la República Popular ya instituida, podría periodizarse la historia dados los cambios significativos en sus fases de desarrollo: fase de recuperación económica inicial (1949-1952), el Primer Plan Quinquenal (1953-1957), el Movimiento de las Cien Flores (1957), el Gran Salto Adelante (1958-1960), la Revolución Cultural (1966-1976) y las reformas post-Mao consolidadas desde 1978, que a su vez pueden a la vez periodizarse para tener en la mano la verdadera complejidad de las transformaciones enmarcadas en la política de las cuatro modernizaciones.

Esto lo decimos, porque las propuestas que aparecen hoy día revestida de éxitos indudables como las Zonas Económicas Especiales Chinas corresponden precisamente a la vitrina propagandística del período post-maoista de las “Cuatro Modernizaciones” de China: modernización de la agricultura, industria, defensa y ciencia y tecnología, quedándose además en el tintero cualquier expectativa de reformas políticas democratizadoras asociadas al pluralismo político y los DD.HH asociados al desarrollo de las libertades políticas. 

Cada caso nacional de análisis tiene su propia historia, su propia dinámica sociopolítica, sus propios determinantes socioeconómicos (estructuras tecno-productivas, sistema socioeconómico) y socioculturales (estructura de valores), su propio juego de actores y por si fuera poco su propio contexto de relaciones geopolíticas internacionales.

En 1957 Mao no se imaginaba, que en el año 1992 China se parecería más al sueño de restauración del sistema capitalista en el plano económico-social y de debilitamiento de las clases trabajadoras en todos los frentes, incluido el ideológico, a pesar de conservar el control político por parte del Estado y el partido dominante. Y en esta lucha, los descalificados como “oportunistas de derecha” lograron avanzar tanto que la imagen de Mao de una “rápida transición al comunismo” parece hoy un raro artículo de reciclaje de la “sociedad del espectáculo”. La transición fue más bien en otra dirección en un claro proyecto modernizador con estímulos e impulsos de tipo capitalista.

De manera, que recordar a Mao en sus escritos sobre el tratamiento correcto de las contradicciones del pueblo no es un tema de ninguna nostalgia, sino de crudo contraste para referir sus palabras a contextos completamente anómalos:

“Los puntos de vista expuestos (arriba) han sido formulados a la luz de las condiciones históricas concretas de China. Las condiciones de cada uno de los países socialistas y Partidos Comunistas no son las mismas. Por eso no consideramos que ellos deban o tengan la necesidad de seguir nuestra manera de proceder.”

Cada país tendría para Mao sus condiciones histórico-concretas y sus maneras de proceder. No habría manera de “calcar y copiar” ni experiencias ni procedimientos sin tomar en cuenta en primer lugar tales condiciones, tales particularidades, tal especificidad histórica, tales contradicciones, sus propios momentos, coyunturas y situaciones; en nuestro caso, las tensiones, diferencias, conflictos y contradicciones históricas de la propia sociedad venezolana, de su geografía, su economía, su sociedad, su marco-político-institucional, su Estado, su gobierno y sus determinantes socioculturales.

Los que hablan del “socialismo con particularidades venezolanas”, por ejemplo, sólo estarían copiando y calcando fórmulas de expresión chinas del periodo post-maoista, es decir, metiendo en criollo un preparado y condimentado “gato por liebre”.

III.  ANALICEMOS LOS ACTORES Y SUS REPERTORIOS DISCURSIVOS

Muchas interrogantes, inquietudes y propuestas alternativas comienzan a ser planteadas alrededor de las zonas económica especiales. También se hace cada vez más claro, a partir del análisis de las posturas implícitas y explícitas en los discursos, de lo dicho y lo no dicho, la concreción del llamado largo o sinuoso viraje económico-político que se viene produciendo desde el fallecimiento de Hugo Chávez.

También han cambiado las condiciones internacionales, hay factores y tendencias novedosas de orden geopolítico y geoeconómico para analizar y valorar. Y algunas son muy preocupantes.

Por otra parte, más allá de las personificaciones concretas de los discursos de este período 2021-2022, nos interesa destacar la pertenencia y referencia, la inscripción e investidura de tales formaciones de discurso a “regularidades enunciativas” que forman parte de determinadas tendencias ideológicas, a una auténtica lucha de tendencias que el Madurismo viene expresando, a demandas, intereses, concepciones, racionalidades y prácticas que van más allá de la superficie del “mapa de actores”. 

Las formaciones ideológicas no son ocurrencias geniales de unos sujetos fundantes de los discursos. Todo lo contrario, son tales portavoces, tales sujetos-agentes un auténtico teatro de una relación de fuerzas y sentidos de voces y condicionamientos, incluyendo las determinaciones y mediaciones del discurso ideológico dominante promercado, que es un asunto práctico, de conciencia práctica operante, con determinadas gramáticas de producción y reconocimiento.

De manera que, no nos focalizaremos para la reconstrucción de las voces en los planos expresivos, las formas, estilos y figuras de la retórica, o la narrativa imaginaria de los actores plenamente conscientes de sus realizaciones verbales o textuales. Nos importa más el discurso como práctica, comportamiento o agenciamiento, y no meramente como producto, representación o textualidad resultante.

Hay operaciones ideológicas de inscripción de marcas, huellas, registros que desbordan las querencias, las intenciones, los deseos, ilusiones o voluntades manifiestas de los actores. Toda la escenografía de “voluntarismo” muestra el condicionamiento de determinadas relaciones sociales dominantes, las olvidadas relaciones sociales de producción e intercambio capitalistas, con sus relaciones de fuerzas y sentidos dominantes de clases, grupos y sectores.

Queremos enfatizar, además, cómo funcionan los dispositivos de enunciación a través de las personificaciones concretas (y sus “ideolectos”), cómo estas personificaciones son representaciones, soportes a veces muy pasivos o pasajes activos necesarios para su eficacia histórica.

Las relaciones de fuerzas y sentido dan cuenta del trasfondo de marcos, guiones, de auténticos “programas ideológicos-narrativos” actualizados en las operaciones discursivas, en el movimiento de coyunturas y situaciones, con sus posibles efectos diferenciales en el más pesado y lento movimiento de las determinaciones histórico-estructurales.

De modo, que la sugerencia es a no confundir los ritmos, cadencias y eficacia histórica de cada uno de estos planos y lograr distinguir lo más episódico y efímero, con las recurrencias enunciativas, con las iteraciones, reiteraciones y regularidades que sedimentan y actualizan los mismos estereotipos de una doxa dominante.

IV. ¿HAY UN GIRO HACIA LA DERECHA EN EL GOBIERNO?

Algunos corrientes del “Chavismo histórico” han llamado en el contexto del presente debate de “hacia dónde se dirige el gobierno de Maduro”, sin muchos eufemismos como “giro hacia la derecha”[3].

Otras voces hablan de largo viraje neoliberal-extractivista, otros de pragmatismo, otros de bandazos de política, de improvisación, de transformismo ideológico o de sinuoso viraje hacia un capitalismo de clientes y clientelas.

Mientras el gobierno acusa de dogmáticas y trasnochadas a el arco de las voces de izquierda que cuestionan sus más recientes medidas y agenda de política económica y social (2014-2021), conviene recordar los múltiples aspectos del cuadro ideo-político, incluyendo las denuncias contra el oportunismo de derecha, es decir, contra la infiltración y el “interdiscurso” de una corriente de abierta defensa de la “economía capitalista de mercado” en el propio gobierno, frente a cualquier consideración de disputa, regulación, rectoría, planificación o gobernanza desde prácticas sociales distintas del sector de la gran empresa capitalista.

Quienes dirigen, controlan y dominan el ámbito económico son entonces los flujos de mercados y el locus de decisiones de los agentes económicos empresariales, nacionales e internacionales, sin interferencias. Es a eso que llamamos doxa o “ideologema” neoliberal. Al lado de tal “ideologema”, y confundiéndose en algunos casos con éste, aparecen los defensores de la tesis de la “Burguesía revolucionaria”.

Más allá de los actores y personificaciones concretas, el “ideologema” persiste, opera, pasa y trasvasa, circula y se disemina, tomando por asalto voces, cuerpos e imaginarios. El gobierno habla mucho de “guerra híbrida”, de cuarta y hasta quinta generación, pero no parece percatarse que toda esa historia de “guerra política” comenzó en el cruce de la guerra de mentes, corazones y subjetividades.

Un día puede aparecer el estereotipo o el ideologema en un antiguo militante comunista, otro en un militar con ínfulas de nacionalismo económico, otro en un viejo miembro de la juventud ultraizquierdista universitaria, también en cuadros que vociferaban consignas antiimperialistas o incluso en una mezcla de heterogénesis discursiva entre espiritualidad y neoliberalismo. Los ideologemas emergen, circulan, se anclan, se distribuyen en diferentes grupos siempre de acuerdo a sus “matrices de afirmación y sanción”, quiere decir, en la medida en que apoyan y enmarcan sus intereses y sus esquemas de representaciones ideológicas.

El ideologema son precisamente las "pequeñas unidades significantes dotadas de aceptabilidad difusa en una doxa dada". Y se nuclean en cadenas de estereotipos, en frases prefabricadas, clichés, con sintaxis endurecida, casi como máximas de conducta, en sentencias. Algo así como: ¡Sólo la inversión extranjera podrá salvarnos!

Cuando un diputado adeco y un diputado psuvista comparten el mismo ideologema es porque comparten los intereses inmediatos y coinciden en zonas ideológicas. Es eso lo que permite el ideologema, transitar entre diferentes conjuntos ideológicos y establecer embragues, redefiniendo discursos y recomponiendo agenciamientos, más allá de concentrarnos en personificaciones concretas, porque ya sabemos en Venezuela la diferencia entre los dueños del circo y sus operadores concretos.

Obviamente, desde tal doxa y desde tales ideologemas, se combate o intentan debilitar a otras configuraciones que disputan el sentido común, aquellas que refieren a las transformaciones por una “sociedad justa” bajo el Estado democrático y social de derecho y de justicia, o bajo cualquier otra figura de regulación pública estatal o no estatal, a cualquier tesis de movilización de todas las capacidades humanas y recursos disponibles para tareas económicas y políticas, así como para cualquier otro horizonte de construcción socialista.

En tal doxa neoliberal está muy claro quienes tienen las funciones de dirección o de hegemonía en el terreno económico-político. Leamos en que consistiría el giro hacia la derecha[4]:

“La elite dirigente desaplicó varios de los principales pilares de lo que venía siendo el chavismo y adoptó posiciones pragmáticas orientadas a preservar el poder político. Clausuró espacios democráticos, tanto de la institucionalidad estatal como de las formas comunitarias y comunales de expresión del Poder Popular; redujo progresivamente el discurso sobre la transición socialista y disminuyó las líneas de acción que reivindicaban lo público (estatal y comunal) a favor de la búsqueda de alianzas con el capital.”

Este sinuoso viraje comenzó siendo un gradual alejamiento de un marco de directrices básicas definidas desde la Agenda Alternativa Bolivariana[5]y el Libro Azul[6] en materia económico-social (prioridad de la Deuda Social sobre la Deuda Económica) hasta llegar al muy citado programa de gobierno de Hugo Chávez del año 2012, conocido como el Plan de la Patria[7], para pasar a configurar finalmente una alteración de las características básicas del régimen político-económico.

V. ALGUNOS HITOS DEL SINUOSO VIRAJE Y DEL TRANSFORMISMO IDEOLÓGICO DEL GOBIERNO:

Para enfrentar las tensiones acumuladas y la grave inestabilidad macroeconómica del período 2014-2018, sobre todo cuando desde 2014 hasta 2021 se sumaron siete años de contracción y cuatro de hiperinflación, hay que analizar como en los dos últimos trimestres del año 2018, luego de las elecciones en las que Maduro aparece reelecto, se aplican un conjunto de medidas que fueron asociadas a la llamada “ortodoxia económica”.

Todo esto a pesar de que en las condiciones de vida del pueblo se agravan con intensidad por el impacto de las sanciones económicas de EEUU y sus aliados: entre otras medidas, eliminar el control de precios, ajuste de tarifas de servicios, incluyendo tasas e impuestos, reducir los subsidios en bienes históricamente accesibles como la gasolina y eliminar el control cambiario. Algunos hablan hasta de una terapía de shock a cuenta gotas, y agregamos nosotros con mucha terapia de ilusión[8].

Venezuela experimentó un proceso de dolarización, primero de facto y luego asumido por el propio gobierno, donde la moneda de curso para el comercio comenzó a ser predominantemente el dólar, a pesar de que millones de venezolanos no son remunerados en divisas y sus salarios son insuficientes para sortear los rigores inflacionarios sobre los niveles de precios de la canasta básica alimentaria. Desde entonces comenzaron los intentos de aplicar desde el Banco Central de Venezuela (BCV), medidas más ortodoxas de una política monetaria para contener la inflación.

A la par, el Estado fue redefiniéndose ya claramente como un “Estado de protección y compensación social”, intentando evitar el fantasma del estallido social, hecho además improbable como estallido generalizado por la crisis del combustible, el cuadro psicosocial de desesperanza, de inhibición condicionada y la afectación provocada por el COVID-19.

Si algo se ha aprendido sobre guerra híbrida en el plano geopolítico, también se aplica contra la psique del propio pueblo en el mantenimiento del “orden público interno”. Y para eso concurren las operaciones psicológicas y las operaciones de información/desinformación/subinformación.

Al mismo tiempo, se le ha dado un mayor peso de actores privados en la economía nacional y un franco retroceso del sector público en las actividades de producción, en el contexto de una caída vertiginosa de los ingresos del Estado venezolano, tanto por la situación de crisis de PDVSA como por los efectos de las sanciones. Como es de esperarse cuando se aplican visiones ortodoxas, la economía parece dinamizarse, pero las condiciones de vida y de trabajo empeoran, la desigualdad se intensifica y aparece de nuevo la imagen de un pueblo sometido a unas condiciones degradantes para sobrevivir.

El año 2018 fue clave pues expresó con mayor nitidez el viraje y desde allí sus peores consecuencias. Entre julio y agosto de 2018 comenzó la aplicación del llamado “Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica”. Desde el punto de vista del ideologema, una interesante sintaxis para la construcción de todo un imaginario.

Hemos mencionado entre las medidas una mega-devaluación del tipo de cambio oficial, la eliminación del control de precios, además de la exoneración de aranceles para los empresarios importadores y del impuesto sobre la renta para PDVSA y el capital transnacional socio en las empresas mixtas, junto a una reforma laboral regresiva con el memorando 2792. Tampoco omitamos una historia paralela que ya había comenzado desde 2014 con un laboratorio y catalizador de las ZEEs actuales: el decreto sobre el Arco Minero del Orinoco.

Otras voces han planteado adicionalmente, que desde entonces se ha construido todo un andamiaje político-jurídico para proponer desde un auténtico transformismo o travestismo ideológico, lo que Gramsci caracterizó como una "revolución pasiva". Es decir que aquellas determinaciones políticas (del sistema de decisión económico-político indicado en el citado Libro Azul) apuntaban además a un mayor cierre de la participación política en las decisiones tanto del ámbito político (distribución del poder), como del ámbito económico-social: distribución de satisfactores para las necesidades fundamentales de la población.

Si usted analiza las orientaciones, propósitos y directrices originarias en el plano ideo-político del llamado “Libro Azul” alrededor de la propuesta de la democracia popular bolivariana, se quedará atónito. Hoy estamos en una sociedad todavía más representativa e incluso profundamente delegativa, con una clara concentración vertical del poder, hasta llegar a un régimen de partido-estado, con rasgos corporativos y de camarilla política.

¿Estaríamos ante un proceso sinuoso de reversión de derechos y garantías contenidas en la Constitución de 1999?

¿Estaríamos ante la liquidación de la propuesta de Chávez de un tránsito post-capitalista formulada con claridad en el año 2012 en el llamado “Golpe de Timón”[9]?

Ambas preguntas afectan tanto los fundamentos que llevaron a la formulación de la Agenda Alternativa Bolivariana y el proceso constituyente de orientación profundamente antineoliberal, como la prefiguración y desarrollo del horizonte anticapitalista en los años finales del mandato de Chávez. Todo esto contrasta con la vieja y recurrente apelación al poder originario por Chávez para refrendar las decisiones a la hora de afrontar grandes resoluciones, basada además en la máxima de Bolívar: 

“Nada es tan conforme con las doctrinas populares como el consultar a la nación en masa sobre los puntos capitales en que se fundan los Estados, las leyes fundamentales y el Magistrado Supremo. Todos los particulares están sujetos al error o a la seducción; pero no así el pueblo, que posee en grado eminente la conciencia de su bien y la medida de su independencia. De este modo, su juicio es puro, su voluntad fuerte; y, por consiguiente, nadie puede corromperlo, ni menos intimidarlo. Yo tengo pruebas irrefragables del tino del pueblo en las grandes resoluciones; y por eso es que siempre he preferido sus opiniones a las de los sabios.”[10]

El dispositivo jurídico utilizado desde 2017 por la ANC para evitar el desenlace de someter un nuevo ordenamiento constitucional a un referendo popular fueron las llamadas "Leyes Constitucionales", figuras que no pasaron nunca por ningún mecanismo de consulta y referendo popular (“aprobación por el soberano”).

Reconozcamos de entrada, que cualquier modificación a la Constitución, sea vía ANC, vía reforma o vía enmienda, requiere necesariamente pasar por la aprobación en un referendo popular. Esa es la recta interpretación de la Constitución.

Sin embargo, las “Leyes Constitucionales” (Gracias Dr.) han sido erigidas al mismo rango de la Constitución sin ser aprobadas por mecanismo alguno asociado al ejercicio directo de la propia soberanía popular. Se instituyeron así, “Legalismos Peculiares”, en el contexto del más largo estado de excepción y de emergencia económica sin control parlamentario alguno de nuestra historia reciente.

La ANC, electa en 2017 por un mecanismo de carácter semejante a las elecciones corporativas, se asumió plenipotenciaria y ejerció poderes de excepción, elaborando tales “Leyes constitucionales”. Anomalías que se agregaron a anomalías.

La lección aprendida es que la presencia de la "crisis de hegemonía" en la sociedad venezolana no garantizaba automáticamente el avance de la “revolución democrática” en su sentido socialmente progresivo, sino que ha significado severos retrocesos y pasos en falso.

En medio de una grave crisis económico-social, de crisis de hegemonía en la dirección política y de un cuadro de sanciones internacionales agravadas, aquellas formulaciones que acentuaban la orientación de una democracia participativa y protagónica han quedado en suspenso sino en los hechos eliminadas.

En este contexto, las características que han adoptado las relaciones entre fuerzas sociales y políticas, en el plano de la conducción política, han hecho posible que diversas fracciones de los sectores económicos dominantes (nacionales e internacionales) logren incidir, cooptar, infiltrar e incluso decapitar a las direcciones políticas de las clases subalternas para integrarlas a un proceso de restauración y aseguramiento de viejos privilegios y de orientaciones socioeconómicas aparentemente superadas. Como vemos, no hay deslinde ni avance irreversible. Las relaciones de fuerzas y sentidos pueden recomponerse y asegurar los momentos de restauración (Gramsci habla de dialéctica revolución/restauración).

Esta incidencia, infiltración, captura, cooptación y decapitación, ha sido por varias vías complementarias: “visiones ideológicas pragmáticas y realistas”, incorporación de nuevo “personal de confianza”, control del “locus de decisión” en centros estratégicos del poder del Estado, entre otras tácticas que incluyen la segregación y las purgas de los “no incondicionales”, algunas asociadas a las denuncias de “compra directa de voluntades”, fraude y corrupción. Todo esto en función de conservar a toda costa un esquema de integración de la conducción del poder en el Estado y el Gobierno, como poder constituido.

No olvidemos aquí el análisis de Gramsci[11]:

“Entre el consenso y la fuerza está la corrupción-fraude (que es característica de ciertas situaciones de difícil ejercicio de la función hegemónica, presentando el empleo de la fuerza demasiados peligros) o sea, el debilitamiento y la parálisis infligidos al adversario o a los adversarios acaparando sus dirigentes bien sea encubiertamente o, en caso de peligro emergente, abiertamente, para provocar confusión y desorden en las filas adversarias”.

El retroceso en la conquista de la agenda económica y social han sido experimentado por los sectores subalternos y las clases trabajadoras, quienes han palpado un retroceso de décadas en materia de derechos, empobrecimiento, miseria y degradación salarial.

Los sectores sociales que han mejorado sus condiciones de vida son los sectores de la alta conducción del Estado, junto a grupos y fracciones del capital asociados a estos. Han sido las “personificaciones de las diversas fracciones del capital” (viejas y nuevas), los principales beneficiarios de la actual “crisis de hegemonía”.

No es casual que se hable de una modalidad “bonapartista” y “patrimonialista” de ejercicio del poder y de la "normalización" de la sociedad capitalista venezolana vía "técnicas de pacificación y manipulación social” (agregando nuevas modalidades represivas), incluyendo una terapía de shock “de baja intensidad” (terapia de ilusión) en el campo socio-económico.

Con la expropiación a las clases populares y subalternas del poder constituyente, se impuso un nuevo cuadro de “aparatos y dispositivos de disciplina social” (cuya expresión más extrema son las actuaciones de los órganos represivos), nuevas técnicas de poder y situaciones de empobrecimiento que se pensaron superadas, para obligar (por necesidad) a los sectores subalternos a “aceptar y normalizar” las nuevas condiciones (inhibición y desesperanza condicionada). Todo esto para el empuje de un nuevo ciclo de acumulación y apropiación de Capital, como si se tratara de una “nueva empresa conjunta” (joint venture) entre sectores patrimonialistas estatales y sectores empresariales (nacionales e internacionales).

Pocas voces denuncian que es eso lo que el gobierno denomina en su versión oficial como "desarrollo de las fuerzas productivas en sus diversas modalidades de propiedad": implicando más sectores capitalistas incorporados a un nuevo pacto de dominación, a la vez que más sectores populares excluidos de los núcleos de poder y decisión del Aparato de Estado.

De modo que, para no hablar del Plan de Patria-2012, tampoco parecen sobrevivir ni la Agenda Alternativa Bolivariana ni el sistema de decisiones político-económicas señalados en el Libro Azul. “Ortodoxia neoliberal” y “democracia de elites” han tomado el relevo, bajo el barniz de un esquizoide “discurso socialista”.

Los resultados de la promesa de “desatar todas las fuerzas productivas en la sociedad en cualquiera de sus formas jurídicas, sociales y económicas siempre en beneficio de la Nación y el pueblo”, como fórmula de legitimación ideológica del discurso oficial, ha significado en contraste más privilegios y riquezas para pocos, junto a menos espacios de participación y de decisión, a la par de un gigantesco retroceso y deterioro social para muchos.

Por supuesto, esto último es atribuido a la causalidad esencialista de las sanciones internacionales, sanciones que no parecen afectar en lo absoluto a los islotes de prosperidad de los círculos sociales de los “conectados” o “enchufados”, ni civiles ni militares ni policiales.

La dirección moral y política del proceso ya no cuestionan en ningún sentido las figuras de la “explotación” y la “desigualdad capitalista”, sino que se dedican a “edulcorar la píldora”, realizan llamados, ofertas y exhortos a la colaboración con la “inversión privada nacional y extranjera”, para reimpulsar un proceso de “crecimiento de fuerzas productivas” bajo el protagonismo ya explícito de la “inversión productiva”. De nuevo, entramos al terreno de los ideologemas, estereotipos y la doxa.

Así mismo, cuando se habla de diversas modalidades jurídicas y de fuerzas productivas se habla de adaptación a un “nuevo esquema de apertura económica” controlada, dirigida a nuevas fuentes de captación y captura de divisas. Y la “marca-país” que se pretende posicionar es la de los “emprendimientos” (¿Capitalismo popular? ¿Adiós al sistema de economía comunal?). 

¿Se reelabora acaso la (¿Neoliberal?) estrategia de crecimiento y diversificación de exportaciones para capturar divisas junto con el viejo programa del “capitalismo popular” de sectores tradicionales de derecha? ¿Se introduce acaso un ajuste socio-económico congruente con tal estrategia de crecimiento?

La fraseología acerca del "nacionalismo antiimperialista" venezolano contrasta con las acciones para asegurar un proceso de reorganización y recomposición de condiciones para un nuevo ciclo de recuperación, crecimiento y acumulación capitalista, sin apuntar a efectivas medidas distributivas en el modelo que no sean las compensaciones vía bonificación y entrega subsidiada de bolsa de alimentos, hecho que no cumplen con ningún estándar proteico-nutricional.

Esto, repetimos, en medio del agravamiento-negociación de una batería de presiones y sanciones económicas por parte de EEUU y sus aliados.

Esta situación de dualización económica, con nuevas desigualdades y exclusiones (dolarizados y no dolarizados), donde se mezclan virajes, errores de políticas, con presiones y sanciones de EEUU, ha generado una gigantesca confusión en algunos sectores de las izquierdas nacionales e internacionales, que apoyando de buena fe el proceso bolivariano conducido por Chávez hasta finales de 2012, y enfatizando la denuncia del cuadro de sanciones ya agravadas desde el año 2017, no entienden ni comprenden la otra cara de la moneda: las medidas de transformismo político y de reconversión económica en el plano interno bajo responsabilidad de la acción del propio Gobierno, medidas funcionales hasta ahora a la reestructuración capitalista funcional al propio neoliberalismo.

Estos sectores exculpan de cualquier responsabilidad de la crisis al Gobierno, sobrecargando su análisis y registro de evidencias hacía el cuadro de las sanciones, colocándose en un estado de negación en el análisis de las relaciones entre fuerzas y sentidos dominantes y fuerzas y sentidos subalternos en el plano económico-productivo y distributivo, subestimando, desestimando o no percibiendo los contenidos y orientaciones del ajuste aperturista, promercado, liberalizador y desnacionalizador de las propias medidas del Gobierno.

Confunden así la sobrevivencia política del gobierno, con amplios privilegios, de la sobrevivencia del pueblo con una extensiva degradación social. Y toda la maquinaria de propaganda no sabe qué hacer con la dualización de ideologemas en su producción de discursos. De allí surgen los más curiosos pastichos ideológicos en los voceros y anclas mediáticas.

Quedan así prendidos de un aspecto unilateral, como lo es la lucha contra las medidas punitivas del imperialismo norteamericano, sin pasar a considerar la destrucción del proceso de acumulación de fuerzas asociado a un bloque histórico popular-democrático-nacional como expresión de la autodeterminación colectiva. El retroceso y desgaste del patrón de politización a favor de un giro hacia la izquierda en el pueblo ha sido enorme. El pueblo se hace cada vez más clientela del “beneficio” y del “bono”.

Lo peor es que el tiempo pasa sin vislumbrar el carácter ni la composición de clases del “Estado Nuevo”, del Estado “Protector”, tutelaje desde arriba frente al “pueblo-cliente”, de represión selectiva a la disidencia, producto de una secuencia de maniobras desde la alta burocracia y desde el capital, para capturar, dirigir y controlar el proceso, para intentar bloquear el proyecto y estrategia del aquel nuevo bloque histórico popular bolivariano referido por Chávez en el año 2012, proyecto histórico articulado además a corrientes históricas de los movimientos populares revolucionarios venezolanos de larga y vieja data.

Los más convencionales discursos contra el Imperialismo norteamericano centrada en “matrices estado-céntricas” siguen siendo el eje de las fórmulas e ideologemas oficiales, aunque en otras latitudes han sido revisadas y reestructuradas para entender que no basta con criticar la unipolaridad militar-policial de los EEUU, si no se aborda además a profundidad la dinámica de las figuras del capital transnacional, la mundialización neoliberal, el globalismo en variadas esferas y ámbitos sociales.

El enigma del Capital y del nuevo imperialismo, parece no estar en la mirada de los promotores del sinuoso viraje, ni ahora de las ZEEs.  Y volvemos a preguntar: ¿O quizás sí y actúan como sus personificaciones?

La irreversibilidad del proceso constituyente bolivariano (1999) y la presunta irreversibilidad del proceso transformador para desplazar el predominio de la lógica del capital (2012) ha sido interrumpida y retrogradada. El Golpe de Timón ha transcurrido sí, pero en otra dirección.

En una próxima entrega analizaremos los ideologemas de fondo en la cronología de voces (a favor/ en contra) frente a la ley de zonas económicas especiales