Las tasas de pobreza en América Latina y el Caribe develan importantes brechas de género. Pese a que los gobiernos han hecho esfuerzos enfocados en reducir la pobreza en todas sus formas, la situación de las mujeres indígenas y afrodescendientes se agravó en el marco de la pandemia de COVID-19.

De acuerdo a las cifras de la CEPAL, en 2020 por cada 100 hombres pobres de entre 20 y 59 años había 113 mujeres en la misma situación. Este panorama persiste y se acentúa aún más en aquellas mujeres que habitan el medio rural, especialmente para las mujeres indígenas y afrodescendientes.

Este fenómeno responde a distintos factores. Las mujeres indígenas y afrodescendientes, además de enfrentarse con las brechas de género que sufren las mujeres a causa de las dificultades por conciliar la familia y el empleo, que impiden su inserción y desarrollo laboral formal y remunerado. Además, enfrentan las desigualdades marcadas de la ruralidad para acceder a servicios de cuidado para niños, niñas, enfermos y personas dependientes, así como también de prevención y atención a la violencia de género. Esta situación dificulta aún más que ellas y sus familias prosperen y alcancen la seguridad alimentaria y nutricional. Además, las limitaciones de tiempo que pesan sobre ellas suponen una gran barrera para su incorporación al mercado del trabajo y, por ende, para su autonomía económica.

Como si todo esto no fuese suficiente, el acceso y tenencia de tierras en el mundo rural es mucho menor en mujeres que hombres, aun cuando el trabajo agrícola desarrollado por las mujeres en estos terrenos abastece de alimentos y garantiza la seguridad alimentaria no solo de sus familias sino también de las comunidades rurales y ciudades de toda la región.

Este contrasta con el potencial transformador de las mujeres indígenas y afrodescendientes. Ellas son las guardianas de los conocimientos ancestrales y las principales guardianas de la preservación de la biodiversidad en América Latina y el Caribe.

Ante esto, necesitamos de políticas y programas públicos con presupuestos focalizados en la atención de las necesidades de las mujeres rurales, en especial aquellas indígenas y afrodescendientes, capaces de reconocer y potenciar sus conocimientos ancestrales y habilidades en la conservación de la biodiversidad.

De igual forma es necesario que sean integradas a los sistemas de protección social y de cuidados, inclusión económica, con el objetivo de fortalecer sus derechos, oportunidades laborales, acceso a la tierra y a los recursos naturales.

Por esta razón, desde la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) consideramos que es fundamental avanzar en el codiseño de políticas y programas de desarrollo rural intercultural e interseccional, en el cual las mujeres indígenas sean consideradas socias activas de las iniciativas e intervenciones a partir del efectivo cumplimiento del derecho a la consulta y consentimiento libre, previo e informado, contemplada en la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, para así avanzar hacia sistemas agroalimentarios más sostenibles y resilientes.

Trabajar en torno a los desafíos y problemas que ellas enfrentan diariamente, no solo solucionará y mejorará su calidad de vida, sino también actuará sobre la protección de los recursos naturales de toda América Latina y el Caribe al cumplir ellas un rol central en la protección de los ecosistemas y la preservación de las lenguas, los conocimientos ancestrales y los sistemas agroalimentarios.

*Claudia Brito, Oficial de Políticas, Experta en Género y Sistemas Sociales e Institucionales, FAO