El tema de los sueldos y salarios en Venezuela en nuestros días da para discutir mucho. Quienes rigen la política económica insisten en que no se pueden incrementar los sueldos y salarios porque los trabajadores en Venezuela no producimos, que debemos ser productivos y una vez que lo seamos podrán incrementarse los salarios.
Aunado al criterio anterior se argumenta que ya no podemos vivir de la renta petrolera, que la realidad obliga a que nos adaptemos a una Venezuela pospetrolera en la que todos y todas seamos productivos. En este contexto, el Estado propone políticas orientadas a promover los emprendimientos, como iniciativas privadas, para producir y exportar, aprovechando nuestras potencialidades. Se han creado leyes orientadas en este sentido y el gobierno tiende puentes con sectores privados y se negocia con factores políticos que históricamente adversaron a Chávez.
Es indudable que las sanciones coercitivas y unilaterales impuestas al país que afectaron a PDVSA, una de nuestras principales fuentes de ingresos económicos, han sido una de las causantes principales de la terrible situación laboral de los trabajadores; no obstante, consideramos que la política económica que el gobierno viene ejecutando actualmente en materia laboral, no está respondiendo a las necesidades de la clase trabajadora.
Una corriente de opinión, ideológicamente cercana a la izquierda, hace tiempo viene planteado la "indexación salarial" como una salida a la difícil situación a la que se ha visto sometido al pueblo en estos últimos años. Además de que nadie, que sepamos, ha expuesto públicamente las razones de porque no se puede implementar la indexación salarial, no se comprende porque el gobierno desecha una propuesta que luce sensata, coherente y razonable a la causa de los trabajadores y trabajadoras.
No siendo economista apenas podemos hablar como consumidores, consumidores que padecemos los rigores de una economía en la que las mercancías se incrementan indiscriminadamente mientras nuestros salarios permanecen invariables. Solo por poner un ejemplo, en marzo del 2022 mi ingreso mensual estaba en $150, al día de hoy (9 meses después) este ingreso se ha reducido a $ 50, con tendencia a seguir reduciéndose. Ninguna de las mercancías y de los servicios que debo adquirir y sufragar han bajado sus costos.
Los sueldos de los trabajadores de la administración pública, no permiten que podamos cubrir nuestros gastos ordinarios de nuestras familias. Pero si es cierto que la situación de los trabajadores de la APN es la más dramática, la realidad de los trabajadores que laboran en el sector privado no se diferencia mucho. Aunque, es preciso señalar que en el caso de los que trabajan en el sector comercio (bodegones, tiendas grandes, etc.) que reciben sueldos dolarizados, no es menos ciertos que deben cumplir jornadas semanales que exceden lo establecida en las leyes vigentes, dejando por fuera cobro de horas extras y otros beneficios que establece la Ley del Trabajo, en estos casos.
Desde el gobierno se nos muestra con optimismo "pronósticos de crecimiento económico" y proyecciones macroeconómicas que no pretendemos negar ni poner en duda, pero la realidad que vivimos los trabajadores contrasta con estos datos y nos deja ver habla que el gobierno está implementando una política que tiende a favorecer a factores productivos, mientras relega los intereses de los trabajadores y trabajadoras.
Estamos regresando a la situación que ya vivimos en plena pandemia, incluso un poco antes, en la que los trabajadores de la Administración Publica prácticamente no percibíamos salarios, aunque si teníamos empleo.
Pero lo más lamentable es que desde el gobierno se repite con obstinación que la situación económica del país está mejorando y lo peor es que muchos parecen estar creyéndose ese relato, mientras una inmensa mayoría padecemos los rigores de una economía que está favoreciendo a sectores minoritarios en perjuicio de las grandes mayorías del país.
