Los principales partidos de Venezuela votaron para destituir a Juan Guaidó como «presidente interino» y disolver su gobierno paralelo.
Claramente, este no fue el final esperado por el gobierno del Reino Unido (RU).
Hace cuatro años, el gobierno británico tomó la intrépida decisión de reconocer a Guaidó como presidente de Venezuela y procedió a facilitar su batalla legal para secuestrar aproximadamente 2 mil millones de dólares en oro retenidos en el Banco de Inglaterra.
En efecto, el gobierno británico insistió en todo momento que reconocía a Guaidó -y no a Nicolás Maduro- como presidente venezolano. A su vez, los abogados de Guaidó argumentaron que él estaba autorizado para representar y controlar los activos del Banco Central de Venezuela mantenidos en Londres.
Durante todo este tiempo, Guaidó pagó sus costos legales británicos extrayendo millones de dólares de los activos de su país en un principio secuestrados por el gobierno estadounidense. En otras palabras, Guaidó trató de captar activos estatales venezolanos con activos estatales venezolanos robados.
Mientras tanto, parece seguro que el Ministerio de Exteriores también usó un monto significativo de fondos públicos para sostener su apoyo a Guaidó.
Ahora que Guaidó ha sido destituido, el argumento legal para transferir el oro a la oposición venezolana se ha desintegrado realmente. A pesar de esto, el oro permanece congelado en el Banco de Inglaterra, sin resolución alguna a la vista.
Lo que sea que pase ahora, este caso establece un precedente que pudiera tener consecuencias a largo plazo: las armas golpistas del RU ahora incluyen el despojo de activos a un Estado foráneo y la transferencia de esos activos a actores políticos involucrados en cambio de régimen.
Esto seguramente servirá como una advertencia para cualquier país que tenga pensado guardar su oro en el Banco de Inglaterra.
RECONOCER A GUAIDÓ
El reconocimiento de Guaidó fue un prerrequisito fundamental para que el Banco de Inglaterra denegara el despacho del oro de Venezuela.
Guaidó nunca se candidateó para el cargo presidencial. Pero el 23 de enero de 2019, se auto juramentó como «presidente interino», usando el artículo 233 de la Constitución venezolana para declarar que Maduro había abandonado su puesto y por ende había dejado un vacío absoluto de poder».
Este vacío, alegó Guaidó, tenía que ser colmado por el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, un cargo que ocupaba él mismo.
Sin el apoyo del gobierno estadounidense, la gimnasia legal de Guaidó probablemente no habría llegado muy lejos. Sin embargo, la administración de Donald Trump rápidamente reconoció a Guaidó y comenzó a presionar para que la «comunidad internacional» hiciera lo mismo.
El día después de la autojuramentación de Guaidó, el entonces secretario de Asuntos Exteriores, Jeremy Hunt, visitó Washington y se reunió con miembros claves de la administración Trump, incluyendo el secretario de Estado, Mike Pompeo, el vicepresidente Mike Pence y el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton.
La crisis política en Venezuela estaba colada en la agenda. Antes de reunirse con Pompeo, Hunt le dijo a la prensa que «el RU cree que Juan Guaidó es la persona indicada para tomar las riendas de Venezuela. Apoyamos a los Estados Unidos, Canadá, Brasil y Argentina para que eso suceda». Fue una declaración importante, pero aún no era un reconocimiento.
Los documentos obtenidos por Declassified UK mostraron que Hunt agradeció en privado a Pompeo y Bolton por esto. Sin embargo, la contribución británica para derrocar a Maduro fue más allá.
«ENCANTADO» DE CONGELAR EL ORO DE VENEZUELA
El Ministerio de Exteriores rehúsa a decir si sus funcionarios o ministros han tenido deliberaciones con sus contrapartes en los Estados Unidos sobre el oro venezolano almacenado en el Banco de Inglaterra desde 2019.
En respuesta a una solicitud a la oficina de Libertad de Información, también solicitaron que «la cesión de información relacionada a este caso pudiera dañar nuestras relaciones con los Estados Unidos de América y Venezuela».
Pero según Bolton, Hunt estaba «encantado» en ayudar en la campaña de desestabilización de Washington en Venezuela, «por ejemplo, congelando los depósitos de oro venezolano en el Banco de Inglaterra».
Sin embargo, los directores del Banco estaban inquietos sobre las implicaciones legales de congelar activos de un país extranjero. El Banco de Inglaterra ya se había negado a despachar el oro de Venezuela en 2018, aduciendo dudas sobre la legitimidad del gobierno de Maduro, aunque estaba en un terreno legal inestable.
El Ministerio de Exteriores intentó calmar los nervios. El 25 de enero de 2019, el ministro de Estado para Europa y las Américas, Alan Duncan, escribió en su diario que mantuvo una conversación telefónica con Mark Carney, director del Banco de Inglaterra, sobre el oro de Venezuela:
«Le digo a Carney que soy plenamente consciente de que, aunque es una decisión del Banco, necesita una especie de cobertura aérea política de nuestra parte. Le digo que le escribiré la carta más contundente que pueda conseguir a través de los abogados del FCO (siglas en inglés para el Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Mancomunidad de Naciones), y en ella expondré las crecientes dudas sobre la legitimidad de Maduro y explicaré que muchos países ya no le consideran presidente del país».
En otras palabras, el Banco de Inglaterra requirió una justificación legal contundente para mantener congelado el oro de Venezuela, y el Ministerio de Exteriores estaba contento de proveerla.
Una semana después, el 4 de febrero, Hunt dio un paso más allá emitiendo un comunicado oficial reconociendo a Guaidó «como el presidente interino constitucional de Venezuela, hasta que puedan hacerse elecciones presidenciales creíbles».
Con esto, el gobierno británico se comprometió con la iniciativa golpista apoyada por Washington. Aparentemente Hunt declaró: «Venezuela está en su patio tresero y es probable que sea la única aventura foránea que buscará».
Cuando el Ministerio de Exteriores fue consultado en el parlamento ese mes sobre si recibió asesoramiento legal en el reconocimiento de Guaidó como presidente, contestó: «No comentamos sobre la asesoría legal que hemos recibido».
LA BATALLA LEGAL
El reconocimiento del RU de Guaidó desencadenó una prolongada batalla legal sobre el oro.
En mayo de 2020, el gobierno de Maduro demandó al Banco de Inglaterra por su rechazo de despechar el oro. La cuestión luego fue a las cortes, centrado en si el gobierno británico había reconocido a Guaidó, o en si el Banco de Inglaterra pudiera por lo tanto actuar bajo instrucciones de la «junta ad-hoc» del Banco Central de Venezuela.
A lo largo de este tiempo, el gobierno británico apoyó consistentemente el caso de Guaidó enfatizando el reconocimiento a su persona.
En 2020, por ejemplo, el Ministerio de Exteriores proveyó un certificado escrito a las cortes para confirmar que el RU aún «reconoce a Juan Guaidó como el presidente interino constitucional de Venezuela».
En 2021, el Ministerio de Exteriores incluso adquirió los servicios de Sir James Eadie QC y Jason Pobjoy (de Blackstone Chambers) y de Sir Michael Wood y Belinda McRae (de Twenty Essex), de los mejores abogados en el país, para presentar su caso en el reconocimiento de Guaidó ante la Corte Suprema.
Parece seguro que el gobierno británico ha gastado un monto significativo de fondos públicos en este caso. Esto proyecta obvias dudas sobre el alegato del gobierno de que es meramente una cuestión del Banco de Inglaterra o las cortes: el RU ha invertido tanto capital político como aparentemente financiero en este caso, con la explícita intención de derrocar al gobierno de Maduro.
Declassified UK le preguntó al Departamento Legal Gubernamental cuánto había gastado en los costos legales de este caso. Un portavoz del Departamento dijo: «No haremos comentarios adicionales debido a los procedimientos legales en proceso».
Con cada audiencia, Guaidó y sus representantes también incurrieron en gastos sustanciales. Cuentas recientemente publicadas sugieren que el equipo de Guaidó gastó más de 8.5 millones de dólares en fletes legales, aproximadamente 7 millones de libras esterlinas.
Notablemente, los fletes legales de Guaidó en RU fueron pagados con dinero que fue en principio apropiado del Estado venezolano en los Estados Unidos.
En la audiencia más reciente, en octubre de 2022, el juez Justice Cockerill le otorgó a la junta de Maduro permiso para apelar, declarando que los asuntos en cuestión «efectivamente no tenían precedentes», y que «las consecuencias de la decisión tienen el potencial de afectar a todos los ciudadanos de Venezuela».
En efecto, el congelamiento del oro de Venezuela ha servido como una forma de castigo colectivo.
En 2021, la relatora especial de las Naciones Unidas sobre las sanciones, Alena Douhan, instó al RU «y a los bancos correspondientes descongelar los activos del Banco Central de Venezuela para comprar medicinas, vacunas, alimentos, equipos médicos y de otro tipo, repuestos y otros bienes esenciales para garantizar las necesidades humanitarias del pueblo de Venezuela».
Con el asunto aún en las cortes, los principales partidos opositores de Venezuela votaron en diciembre de 2022 para retirar a Guaidó de la «presidencia interina» y disolver su gobierno paralelo.
El gobierno británico anunció que iba a «respetar el resultado de esta votación», añadiendo que «el gobierno británico continúa no aceptando la legitimidad de la administración impuesta por Nicolás Maduro».
Por lo tanto, la base legal para congelar el oro de Venezuela y transferirlo a la oposición venezolana se ha desmoronado. Futuras audiencias se esperan luego este año.
Sea que el oro permanece congelado hasta que Venezuela celebra elecciones que sean satisfactorias para el gobierno británico, o que las cortes encuentren que el caso ya ha colapsado, permanece poco claro.
La cuestión se resolvería inmediatamente si el RU normalizará las relaciones con el gobierno de Maduro, aun cuando esto implicara una debacle vergonzosa y tendría que darse junto a Washington.
Lo que sí está claro es que el régimen de sanciones contra Venezuela ha fracasado.