Es obvio que la convocatoria al referéndum sobre el Esequibo fue pensada, en primer lugar, como una maniobra política propagandística, es decir, una típica operación de instalación de agenda (agenda setting), casi de librito. Como se sabe, hace mucho tiempo que se abandonó por obsoleta y equivocada, la tesis de que los medios de comunicación inyectaban a la opinión pública unas ideas; lo que hacen, más bien, es instalar una agenda (agenda setting) que centre la atención pública. Era demasiado inconveniente al gobierno que la gente estuviera pendiente de los resultados de la Primaria de un sector de la oposición, a favor o en contra, no importa; lo principal era que se hablaba demasiado de ese evento. Por tanto, había que distraer, desplazar la atención, al mismo tiempo que se tomaban represalias contra los organizadores del evento opositor, mediante unas citaciones jurídicamente irregulares. Pero de eso casi no se habla en las redes, los nuevos medios dominantes.
La votación en la Asamblea Nacional fue unánime. Es decir, que incluso la oposición de izquierda (es decir, el PCV en la AN) apoyó la propuesta, aunque, como informan los camaradas, pendientes de las preguntas del consultivo. Los interrogantes llegaron, elaboradas por una comisión encabezada por el mismo voluminoso inventor de la Ley que bloquea la Constitución. Y ellas revelaron muchas cosas. En la discusión, que mal que bien se viene dando entre abogados y especialistas, se pueden extraer algunas conclusiones preliminares.
En primer lugar, el referéndum, tal y como se ha diseñado, es completamente inútil en lo que se refiere a la resolución del diferendo, en el plano jurídico. De acuerdo al mandato de la Constitución, todos los venezolanos y venezolanas debemos defender la soberanía y el territorio de nuestra Patria. Esto ya fue aprobado por el pueblo venezolano en el mismo referendum en el cual se aprobó nuestra Constitución. Esa misma que ha sido tan golpeada, violada y hasta suspendida en función de los intereses mezquinos del grupo en el poder. La misma que establece esas instituciones de la democracia participativa, como los referéndum consultivo y revocatorio, que convocan a todo el pueblo a tomar la iniciativa en leyes y medidas, a expresar su posición ante temas de relevancia nacional, a revocar o confirmar altos funcionarios
Esto no podían no saberlo, ni el genio de la psiquiatría ni el del Derecho, quienes más bien orquestaron, además del ya señalado movimiento distraccionista, una oportunidad para aceitar la maquinaria electoral del PSUV, montar un evento que pareciera una aprobación al gobierno y, de paso, poner en funcionamiento las coacciones y las persecuciones políticas y hasta jurídicas a los supuestos "vendepatrias" que se negarían a participar en lo que se visualizó como un gran acto patriótico.
Las preguntas, redactadas por Escarrá y compañía, tienen varias obviedades y algunos riesgos, como el de la eventualidad de una concurrencia floja a las urnas, posible por el nivel del rechazo al gobierno. Y ese chichón no se quita persiguiendo a los que no vayan a votar porque tienen que trabajar para seguir sobreviviendo. No se necesita un referéndum, ni las dos primeras preguntas, para cumplir con el mandato constitucional, ni para que el gobierno continúe apoyándose en el Acuerdo de Ginebra de 1966 para lograr un arreglo pacífico y dialogado del diferendo. Tampoco hay que preguntar acerca del rechazo, ya hecho tantas veces en estas décadas, al laudo arbitral de 1899 que estableció el despojo territorial. En cuanto al rechazo a la autoridad de la Corte Internacional de Justicia para resolver el asunto, algunos especialistas han señalado que más bien hay que recurrir a ese organismo para exigir medidas cautelares que impidan la explotación de las riquezas el subsuelo de un área sin delimitar por parte de las compañías a las que Guyana le dio licitaciones. La pregunta tercera, relativa al rechazo de la CIJ, dicen los especialistas, desplaza la responsabilidad del gobierno a los votantes en cuanto a tener una conducta inteligente frente a la CIJ. Hay que recordar que esa instancia asumió el caso a solicitud del Secretario General de la ONU, cuando este consideró ya agotadas las negociaciones. Vale destacar que fue Venezuela la que solicitó dos veces, en 1982 y en 2023, la mediación de la ONU. Es legalmente defendible, sin necesidad de referéndum, que la CIJ no tiene la potestad para delimitar la proyección atlántica del territorio Esequibo. Llamar a votar eso, puede complicar la cosa, porque una decisión de la CIJ es inapelable y pone a Venezuela en una posición todavía más difícil.
También la pregunta cinco es riesgosa. Eso de declarar al Esequibo como estado de la federación venezolana y disponer para cedular a la población, puede verse, como de hecho ha sido denunciada por el gobierno de Guyana, como una provocación militar, en el contexto de las acusaciones de los países del Caribe (incluida Cuba; todos beneficiados por puntuales embarques de petróleo venezolano a precio de ganga) que señalan a Venezuela como expansionista y agresiva. Hasta Fidel Castro lo dijo en su momento. Por lo demás, eso contrasta con el lenguaje demasiado amistoso de Chávez y el propio Maduro, hace pocos años, de no oponerse a la explotación de la zona en disputa por parte de Guyana, siempre y cuando las ganancias fuesen distribuidas. También contrasta con los llamados a la paz de parte de González Padrino, nuestro ministro de Defensa.
El gobierno de Guyana ha sido hábil y hasta ha dado una declaración conjunta con su oposición. Es decir, se presenta como representante político de una unidad nacional. Aquí, por el contrario, se ejecuta una conducta sectaria, partidista, excluyente. No se invita ni acepta la participación de expertos de diversas tendencias políticas para el diseño de una política de defensa del territorio; mucho menos para la redacción de las preguntas del referéndum. Hace poco un conocido político narraba las pugnas por el poder político y militar en la Venezuela de Joaquín Crespo, justo antes de la "revolución" que llevó a los andinos al poder, y en el momento en que se planteaba el laudo de 1899, el laudo del despojo. Este recuerdo es pertinente. Las divisiones entre venezolanos, y el sectarismo de un partido, solo han ayudado a esos robos por parte de las grandes potencias. Hoy, nuevamente, la cuestión principal es la necesidad de una respuesta NACIONAL a una amenaza real contra la soberanía de nuestro país.
No podemos dejarles únicamente a los miembros del aparato político militar que hoy gobierna esas banderas nacionalistas, porque en realidad pertenecen a todos los venezolanos, son justas y adecuadas. Además, sería inconveniente darle motivos a esa maniobra de acoso, control y persecución sobre la población que están montando. Hay que neutralizar la profundización de una línea oficial autoritaria de suspensión de las garantías constitucionales mediante el manejo irresponsable de una crisis internacional. Además, sería un punto en contra de Venezuela y a favor de Guyana que la participación en ese referéndum fuese escaso, evidenciando las graves diferencias que tenemos los venezolanos, lo cual constituye una debilidad obvia a la hora de la discusión. A ningún venezolano le debiera interesar que, ante el mundo, aparezcamos como incapaces de ponerse de acuerdo, incluso en lo que respecta a la defensa de su territorio.
Cabe destacar que ya en los acuerdos de Barbados, las representaciones del gobierno y de una parte importante de la oposición (que hay otras), expresaron su acuerdo en defender la soberanía territorial de Venezuela sobre el Esequibo. Además, los líderes y organizaciones de las diversas oposiciones se han manifestado en el mismo sentido. Este es un momento y un tema en que es preciso superar la diatriba política, incluso las justas y adecuadas críticas a las tendencias autoritarias del gobierno, su corrupción y pésima gestión. Es hora de anteponer los intereses nacionales y retomar la Constitución que consagra mecanismos democráticos y participativos como los referéndum.
Por ello me parece que hay que llamar a todos los venezolanos y venezolanas, de todos los sectores políticos, especialmente de todas las oposiciones, a participar en este proceso de referéndum para que, lejos de convertirse en evidencia de nuestra división y debilidad como Nación, se convierta en un momento de Unidad Nacional frente a la amenaza extranjera y la resolución pacífica de los problemas internacionales.
