No voy a analizar las locuras abstencionistas, golpistas, insurreccionales, invasoras y otras, de la oposición que seguiré llamando extremista, pues realmente no ha dejado de serlo, pese a que algunos de sus integrantes han adherido la vía electoral desde 2021y mantienen esa decisión para las elecciones presidenciales del 28 de julio. Otros grupos pertenecientes a este sector, entre ellos Voluntad Popular, Vente Venezuela, La Causa R y Un Bravo Pueblo, para mencionar los que son partidos políticos, así sean sólo cascarones burocráticos con ciertos recursos financieros, mantienen una actitud un tanto ambigua: hablan de la ruta electoral, pero la condicionan de tal manera que la misma se desvanece casi inmediatamente, para aparecer el fantasma de la abstención, el desconocimiento de sus resultados, la insurrección popular, las guarimbas, las solicitudes de invasión y la exigencia de sanciones económicas contra la nación.
A estos partidos se les añaden líderes políticos exiliados de la oposición y del gobierno, unidos en extraña alianza, muchos con acusaciones de corrupción en el manejo de fondos públicos dentro o fuera del país, así como actores políticos ligados al periodismo y a la farándula, radicados en el extranjero y relacionados con los cubanos anti castristas de Miami. También existen personalidades políticas nacionales y grupos de opinión integrados por gente profesionalmente seria: escritores, académicos, profesores, investigadores, ex rectores de universidades, pero que se acercaron a la política lamentablemente en las acciones aventureras del extremismo opositor iniciadas en 2001, que tuvieron su máxima expresión con el fracasado gobierno interino de Guaidó y el apoyo internacional del mismo. Hoy leemos sus declaraciones y nos asombramos de su contenido claramente de espaldas a la realidad, en extremo voluntaristas, impropias de alguien perteneciente al campo de las ciencias.
Pero apartando esta estrambótica situación, cuando analizamos hechos y sucesos más simples, como la firma del acuerdo de Barbados, nos encontramos con situaciones inentendibles. Nadie puede comprender cómo políticos de años, con experiencia más que suficiente, preparados incluso en el campo del derecho, como es el caso de Gerardo Blyde, pueden haber firmado un acuerdo aceptando que fuera el Tribunal Supremo de Justicia, quien decidiera sobre las inhabilitaciones de los líderes opositores, entre ellos dos de los más relevantes: Henrique Capriles y María Corina Machado. ¿Por qué no negociaron simplemente que se quitaran todas las inhabilitaciones? Al firmar lo que firmaron y al firmar también que acatarían el dictamen del TSJ en este aspecto, simplemente echaron a María Corina a la arena con los leones. ¿O es que se imaginaron que estaban ante un TSJ imparcial y garante de la justicia? ¿Son tontos o qué?
Otra negociación inaudita fue la de permitir un lapso de seis meses para la realización de las elecciones presidenciales. En lugar de exigir que se hicieran en diciembre, como siempre se hacían, aceptaron que las mismas se realizarían en el segundo semestre de 2024. Esta oposición ha hecho común pedir o aceptar el adelanto de la fecha electoral; fueron ellos quienes inauguraron esa absurda solicitud, si no me equivoco en las negociaciones de Santo Domingo en 2018, las cuales no llegaron finalmente a firmar, pese a que el gobierno les había aceptado un CNE paritario con un quinto miembro nombrado de común acuerdo. Y digo absurdo, porque no existe ninguna ventaja para la oposición ni para el país de que las elecciones no se hagan en diciembre, como antes se hacían. Adelantarlas tendría sentido si se adelantara también la toma de posesión del electo, o sea, si se recortara el período presidencial. Pero, si quien es electo se va a encargar en el mes de febrero del año siguiente, esas demandas opositoras no tienen sentido. Es más, favorecen al gobierno, pues éste las hace varios meses antes y no da tiempo para que la oposición se prepare y lo enfrente en mejores condiciones.
Un tercer cambio concertado con el gobierno, por esa genial oposición extremista, fue el de los rectores del CNE. Recordemos que Enrique Márquez y Roberto Picón eran los dos representantes de la oposición democrática en el CNE. Ambos demostraron ser profesionales competentes, claramente opositores, eficientes, muy plurales y partidarios de la participación. El extremismo nunca los consideró sus representantes y cuando tuvo la primera oportunidad los sustituyó por una persona cercana a Ramos Allup y otra a Rosales. Pues bien, esos nuevos representantes, ahora de la PUD votaron unánimemente el reciente cronograma electoral propuesto por el gobierno. La torpeza de la PUD es increíble; parece adrede. Estos sí son los verdaderos colaboracionistas del gobierno… los genuinos alacranes.
