Me gusta pensar en que los países latinoamericanos son como realidades paralelas. Somos variaciones de un mismo tema. No solo tenemos iguales orígenes (el colonialismo español, la ideología republicana de las guerras de independencia), sino que tenemos, al día de hoy, los mismos factores intervinientes en la historia contemporánea, aunque con diferentes intensidades, protagonistas que le dan su toque "personal" a las acciones y combinaciones muy diversas y hasta asombrosas. En todos nosotros hay la presencia activa de los Estados Unidos, de burguesías voraces e ineptas, políticos corruptos y demagogos, una desigualdad socioeconómica vergonzante, redes de la delincuencia global surgidas de nuestras realidades, coludidas con gobiernos enteros, explotación extractivista que agreden los recursos naturales únicos de nuestro continente, resurgencia de epidemias supuestamente superadas debido a la pobreza masiva, problemas de educación y salud gravísimos, y pare usted de contar.

Una de las cosas en las que nos parecemos es en la presencia de lo que algunos politólogos han llamado "democracias de baja calidad". Es decir, nuestros países, unos más otros menos, padecen de una especie de "democracia chimba" las cuales no son más que autoritarismos con un barniz constitucional, legal y democrático; pero por más que se contoneen, siempre se les ve el bojote. En todas partes observamos, más o menos, funcionarios que no aplican las leyes y reglamentos, sino sus personalísimas y arbitrarias ganas; familias instaladas en el control de ramas enteras del Poder Público o instituciones poderosísimas; presidentes o partidos dominantes que aprueban legislaciones que violan la constitución, incluida la "desnacionalización" de los opositores, y contribuyen a la eternización de los mismos en el poder, desapariciones forzosas, maniobras legales para impedir las libertades públicas, la participación en procesos electorales, con lo cual impiden el "mínimo" de democracia posible que consiste precisamente en la posibilidad de los ciudadanos de elegir a sus gobernantes.

Vale recordar aquel pensamiento de Montesquieu (autor muy estudiado por Bolívar, aunque su importancia no viene de ahí): "todo hombre que tiene poder siente inclinación a abusar de él; yendo hasta donde encuentra límites". En otras palabras, el autoritarismo no es cuestión de que el tipo es malo, de personalidad autoritaria, sino de que no hay una institucionalidad lo suficientemente fuerte como para poner límites a su voluntad. La cuestión no es (solamente) elegir a gente ya inclinada a mandar arbitrariamente, sino que todo el tinglado institucional sea de una debilidad tal que no valgan leyes ni reglamentos, mucho menos la función de los Poderes Públicos que, en teoría, debieran ser independientes, y no sometidos a la disciplina de un Partido y un líder. Esto se observa en Venezuela, clarísimo.

Es curioso, pero estas democracias "de baja calidad" (en venezolano: chimbas), tienen tendencia a conservarse desde aquel momento, de las décadas de los 80 y 90, en que se registró una transición desde autoritarismos militares descarados, como los que castigaron el Cono Sur y parte de Centroamérica del continente. Es decir, hay algo en la estructuración de nuestros Estados y sociedades que han contribuido a que este tipo de regímenes se consoliden. Además, parecen resistentes a cualquier tipo de transición, desde la "baja calidad" (colindante con el autoritarismo y la tiranía pura y simple), hasta democracias, incluso aquellas definidas por lo "mínimo": la participación de los ciudadanos en la elección de sus gobernantes.

Hay tres criterios para medir la calidad de una democracia.

• Criterios electorales: En cuanto a los procedimientos electorales, los electores deben tener la capacidad de expresar sus preferencias sin presiones ni intimidaciones. A su vez, los candidatos deben poder hacer campaña libremente, competir en igualdad de condiciones y cumplir todo su mandato constitucional.

• Criterios para la toma de decisiones gubernamentales. En cuanto a la forma en que operan los gobiernos, los funcionarios electos en las democracias deben tener control sobre las decisiones gubernamentales o, más precisamente, las decisiones sustantivas deben estar en manos de los funcionarios electos. Sin embargo, existen límites a ese poder. Los funcionarios electos deben respetar el Estado de derecho al tomar decisiones oficiales, seguir ciertos procedimientos al tomar decisiones y, algo fundamental, no socavar las reglas del proceso democrático.

• Criterios en cuanto a factores contextuales. Además, los ciudadanos deben disfrutar de algunas libertades políticas (por ejemplo, libertad de expresión, prensa, reunión) para que el proceso electoral sea significativo y puedan expresar sus opiniones entre elecciones.

En cuanto al primer criterio, en Venezuela, hemos observado una inhabilitación sin base jurídica en una decisión judicial previa, la cual solo fue el primer paso a la inhabilitación de otros ciudadanos sin cumplir ninguna condición jurídica (caso Giusepe). Igual, hemos visto la desaparición forzada de líder de opinión, dirigentes sindicales, integrantes de comandos de campaña de candidatos. Esto se completa con la eliminación de representación electoral de partidos que han cumplido ampliamente los condicionamientos de Ley para participar en las próximas elecciones. Por supuesto, estoy hablando del caso del MAS, quien fue "inhabilitado" sin ningún argumento legal. También hemos visto trampitas como la demora del registro electoral de los venezolanos en el exterior en los consulados y embajadas correspondientes, detalles en el papelito que dan cuando el muchacho se inscribe en que le cambian la fecha.

Hemos observado el cierre de medios de comunicación. La amenaza de aplicación de una "ley de odio" que se dirige a los opositores de cualquier signo, y no a voceros oficiales que han declarado, abiertamente en medios de comunicación oficiales, la licitud de descargar la "furia" contra las personas y bienes de opositores. Hemos visto asaltos legales a Partidos (el ejemplo del PCV es obvio).

En Venezuela hay una "Ley Constitucional Anti-Bloqueo" que ha suspendido de hecho la Constitución Nacional. Allí en ese írrito documento "constituyente" se establece el secreto de las negociaciones de la composición de empresas nacionales. Además, las decisiones se centran en el presidente sobre una gran diversidad de asuntos sin control del parlamento. Las familias de ciertos funcionarios copan toda la estructura de instituciones tan importantes como el SENIAT: nepotismo descarado.

Ahora bien ¿por qué se produce esta "democracia de baja calidad" o autoritarismo con máscara democrática? Algunos politólogos sugieren que la persistencia de este tipo de regímenes, se debe a que nuestros Estados latinoamericanos nunca lograron estructurarse como una burocracia que funcione cumpliendo con la base abstracta y formal de normas, leyes y reglamentos.

El gran sociólogo Weber distinguía los Estados formales-burocráticos de los patrimonialistas. Los primeros, como el del Imperio Chino, tienen unos funcionarios que cumplían estrictamente con normas y reglas formales. En cambio, los Estados patrimoniales (o semi-patrimoniales: una versión más o menos mixta), se constituyen como propiedad de una persona o de su familia. Es decir, los organismos del Estado han pasado a formar parte del patrimonio personal o familiar de grupos que acceden al poder, incluso por la vía de los votos. Por eso el nepotismo. Por eso, el sometimiento de unos Poderes Públicos que, en el papel constitucional, debieran ser independientes. Esto, por supuesto, es corrupción, pero no entendida como enfermedad o asuntos meramente circunstancial; sino como el núcleo constitutivo de nuestros Estados.

Por eso, además, cuesta tanto la alternabilidad en el poder cuando se produce el éxito de una fuerza opositora. La cosa ocurre así. Los Jefes, como sienten o saben que las leyes son letra muerta, se sienten capaces de hacer cualquier tropelía. Así, violentan los derechos de los otros ciudadanos, quienes entonces se sentirán orientados por la necesidad de que el Jefe, una vez sacado del Poder, pague legalmente por sus abusos. En esas condiciones, no hay ningún incentivo para que el Jefe asuma la alternabilidad democrática, y se aferra al Poder. Su motivo tiene: teme que le hagan pagar las arbitrariedades que ha cometido con toda intención, sea dicho de paso. En Venezuela, hasta se ha dicho que una victoria electoral opositora ocasionará una "guerra civil". Es decir, el grupo en el Poder no va a entregar el "coroto", ni por las buenas, ni por las malas.

Por eso, las "transiciones" que se han producido en otras partes del Continente, y hasta en Europa, han tenido que formular doctrinas legales excepcionales, como el "perdón" a los militares violadores de los derechos humanos, o los ladrones del erario público que pueden conservar sus negocios, o hasta respetar el dominio por parte del Partido de salida, de una franja del propio estado (las Fuerzas Armadas, por ejemplo), como en el caso del paso de un presidente sandinista a uno de oposición en la Nicaragua de 1990, cuando los sandinistas perdieron las elecciones y se produjo un traspaso "sin mayores problemas". En España, los demócratas tuvieron que calarse una monarquía impuesta por el fallecido dictador Francisco Franco, quien, incluso, designo al propio Rey. Es considerando eso, es que algunas voces han hablado de "dar incentivos" para la alternabilidad en el poder en Venezuela; lo cual significa negociar desde ahorita, cuando el gobierno apenas moviliza un máximo de 20% de los votos, que cuando salga el madurismo del poder conservará todos sus negocios, sus posiciones políticas, no se les acusará de ninguna de sus tropelías y, además, como los "sandinistas" conservarán la posibilidad de seguir participando en política para, eventualmente, volver al Poder; eso sí, con votos. En eso anda gente tan conocedora como Víctor Álvarez.

La cuestión es que, vistas estas cosas, se queda uno con el pensamiento de que esas "transiciones" solo han dado como resultado, en el mejor de los casos, "democracias de baja calidad", verdaderos Estados patrimonialistas autoritarios, donde ni siquiera se cumplen las condiciones mínimas de la democracia.

Es decir, la transformación hacia la democracia es mucho más complicada de lo que imaginábamos. Tal vez porque éramos tan simples como la teoría del Estado marxista-leninista.