El uso de la calumnia como arma política es totalmente malévolo y producto de mentes más que retorcidas, sin importar las motivaciones que se aduzcan para justificarlo. Demuestra, además, la rastrera condición humana e intelectual de los autores de la fechoría, así como su disposición de actuar al margen de la ley, la ética y la moral.

El engaño demagógico de una población o de un sector de la misma, con el propósito de lograr dividendos políticos personales o grupales, es inadmisible como conducta política o electoral ni siquiera transitoria ni motivada por un momento crítico particular.

El incumplimiento de promesas políticas o electorales sin que medie ninguna explicación convincente de su ocurrencia, que claramente se distinga de simples coartadas demagógicas, es una práctica deleznable indistinguible del fraude demagógico como justificativo de incompetencias, errores y fracasos, máxime cuando se repite permanentemente año tras año.

Quien gobierna no puede, ni temporal ni mucho menos permanentemente, desentenderse de sus responsabilidades incumplidas ni de sus fracasos más que evidentes, para achacarlos a la actividad perversa de sus enemigos o adversarios, ocultando de esa forma sus responsabilidades y sus culpas como conductores a cargo de la política estatal en ese momento

Cuando el adversario político interno, solo o acompañado, impide la ejecución de las políticas sociales, económicas e institucionales, necesarias para el buen funcionamiento de la sociedad y el bienestar de sus integrantes, se demuestra objetivamente el fracaso de la conducción estatal del momento, que debe dar paso a quienes sí puedan asumirla en forma exitosa y sin pretextos de ningún tipo.

Eliminar o distorsionar el significado de conceptos fundamentales de carácter económico o social, que se encuentran claramente definidos y establecidos nacional y mundialmente, para confundir a la población y a los organismos internacionales encargados del seguimiento de los mismos, es una acción estatal reñida con la transparencia debida, totalmente inaceptable y condenable, pues redunda negativamente en la defensa de derechos humanos básicos.

No se puede jugar con el bienestar físico ni social de los trabajadores perturbando el significado de conceptos consagrados por luchas universales de siglos, como los de "salario", "salario mínimo", "salario real", "salario integral", "incremento salarial", "jornada laboral", entre muchos otros, y mucho menos con posiciones cínicas precisamente en el día conmemorativo de la clase obrera como motor de la historia universal.

La discrecionalidad en la toma de decisiones, la inatención total de los intereses de la ciudadanía, el irrespeto permanente del ciudadano, la arbitrariedad como conducta arrogante y autoritaria, la amenaza como hecho común de la acción de gobierno y la violación consuetudinaria de los derechos humanos y ciudadanos, son signos inequívocos de la presencia de la barbarie en todo el sistema estatal y de gobierno.

Los gobernantes, cualesquiera sean sus títulos y atribuciones, no son dueños de las ciudades de ningún país, ni de sus plazas ni de su vialidad, por lo que no pueden disponer a su libre albedrío de los espacios citadinos de sus administrados, ni mucho menos desentenderse de su responsabilidad de garantizar la libre circulación legalmente establecida.

El ejercicio de la soberanía del Estado sobre el espectro radioeléctrico, la televisión y la Internet, no significa en absoluto que todos ellos estén bajo la tutela discrecional y arbitraria de los funcionarios oficiales encargados. La Constitución y las leyes obligan a un proceder cónsono con una sociedad civilizada.

La adopción por parte de grupos políticos opositores de conductas infames similares a las señaladas para el gobierno, debe ser igualmente condenable y rechazable por parte de los ciudadanos en general, a pesar de que no alcancen a tener los efectos nocivos de las ejecutadas por quienes realmente tienen el poder.

No hubo aumento salarial este Primero de mayo; hubo un ridículo y cínico aumento del monto de un bono de nombre rimbombante y mentiroso inventado por Maduro. En el caso de las universidades, la situación es miserable y muestra que al gobierno no le interesa la generación de conocimientos, ni el desarrollo soberano e independiente que el mismo genera. Ha sido una estocada asesina contra los investigadores. El país, claramente no les importa.

La elección del 28 de julio venidero, pese a no ser transparente y no garantizar la equidad entre quienes compiten, pues el ventajismo gubernamental y sus acciones ilegales continúan impunemente, será un momento propicio para vigorosamente comenzar a poner las cosas en su sitio. Votar, y hacerlo en función de iniciar el cambio de la realidad existente, es hoy un deber patriótico inmenso.