Existe una vieja prédica que se remoza cada vez que una gestión de gobierno intenta normar la actividad de la economía informal, especialmente en la región capital, en la que se estima un conglomerado de 18 mil puestos de buhoneros, de acuerdo con cifras que leo en prensa, donde también se afirma que el trabajo informal nacional representa el 50% de la actividad laboral del país (Liamar Ramos: "La reubicación no puede ser un plan B" en Diario El Mundo. - (2.008) ene 9; p. 5). Tal prédica la esboza magistralmente una vocera del Centro de Divulgación del conocimiento Económico para la Libertad (CEDICE) a propósito de pronunciarse sobre el "Decreto" [sic] 278 que a partir del primero del mes en curso prohibió la instalación de vendedores informales en el centro de Caracas; cito:
..."el proceso de desalojo de los buhoneros por parte de los gobiernos municipales debe ir más allá de la recuperación de los espacios públicos.
"Pereira [la vocera] considera que, en el caso de la economía informal, no se ha tocado el problema a fondo, el cual está en que la mitad de los trabajadores no tienen un empleo estable, ni salarios 'y mucho menos condiciones que garanticen su permanencia como trabajadores. Todo esto constituye un problema central que no sólo se resuelve con reubicarlos."
Es decir, el trillado apotegma de que se deben tolerar porque ellos son expresión de una realidad de profundo fondo: no hay empleo en el país, y no se puede erradicar el problema que causa el dolor de cabeza (el mismo apotegma) administrando sedantes para sus síntomas. Tal aspecto confiere una suerte de reconocimiento summa cum laude a quien lo dice, especialmente si lo hace desde un ángulo opositor político, lo cual lo pone en el plano de aceptarlo como parte de la jerga política.
Vieja es la historia de la prédica: Antonio Ledezma, Aristóbulo Istúriz y otros más antiguos, vivieron en carne propia la presión de semejantes grandes verdades a la hora de meterle el guante al problema, siendo acusados por la oposición interesada del momento de insensibles sociales y sátrapas del sistema que se llenaban los bolsillos mientras otros pasaban trabajo para llenarse la boca y en la calle. Mucho tiempo atrás, antes de Aristóbulo pero en el estilo de Ledezma, la actividad informal en Caracas era poco menos que un delito: cotidiano era ver a su exponentes meter sus aperos apresuradamente entre una bolsa negra de basura y salir corriendo ante los patrulleros, quienes los detenían y confiscaban sus mercancías, de paso.
No tengo nada en contra de las cifras expuestas por la periodista, quien no especifica de dónde las toma. Menos es nuestro interés en desmentir la verdad divina que maneja la señora de CEDICE, cuando parece recomendar desde un discurso docto que la actividad informal es intocable mientras no se corrija el problema que lo genera. No cuestionamos tal discurso, pues, como un poderoso sofisma, no parece fácil desbancarlo, lo cual no es nuestro propósito. Tenemos nuestras reservas en cuanto a que la afirmación sea del todo cierta para el caso de los buhoneros, pues hartamente está demostrado que mucho de su actividad se soporta en una intrincada situación de complicidades en cuya maraña se implica el mismo comercio formal, dueños de edificios y estacionamientos, acaparadores, transportistas y los mismos productores (gente que se resiste a la formalidad porque gana menos), generando un hueco caótico de impunidad y tráfico que, más allá de rosca, es más propio denominarla mafia.
A riesgo de cometer injusticia con la gente que realmente necesita obtener su sustento así trabajando, el buhonerismo (como discurso deshonesto, como licencia tramposa para tomar la calle) nace de la percepción de paria social que tiene su exponenete de sí mismo en un principio, pero fortalecido a posteriori con el "vivo" discurso de tomar prestado de la indigencia la condición de ser mantenidos por el Estado. De modo que de la combinación surge una fórmula de aparente imposible derrota: es el Estado en su incapacidad quien lo genera, es su responsable, y no puede adoptar la decisión de combatirse a sí mismo; por el contrario, debe cargar con su culpa y sostenerlos económicamente si el caso es que no se les va permitir su actividad en los espacios públicos.
Y no es de extrañar que detrás del artificio científico de la fórmula mucho flojo y real psudo paria social (valga la expresión) se escude para recibir su pensión vitalicia, del mismo modo que los políticos sinvergüenzas de la Cuarta República, cuando morían pensionados vitaliciamente después de despensionar a muchos en el país. Ante tal situación, la autoridad municipal deber abocarse, científicamente, a determinar los matices del problema, con censos y estudios socioeconómicos de los presuntos trabajadores, con visitas domiciliarias incluidas. A fin de cuentas, son 18 mil casos y 18 mil constataciones que la autoridad regional tendría que realizar, si seguimos creyendo en la cifra aportada por la periodista.
¿Por qué? Se debe con la mayor precisión posible determinar si los exponentes del comercio informal son una espontánea expresión de la presunta situación de miseria y descomposición social que vive el país, como fácilmente afirman interesados e hipócritas sectores del oposicionismo venezolano, que viven de la convulsión calculada y del efecto desolador de las matrices de opinión que se diseñan en los laboratorios comunicaciones.
¿Qué existe el comercio informal? Es un hecho incuestionable, y en gran cifra, si confiamos en la fuente de la periodista que ubica en un 17% su aporte al Producto Interno Bruto (PIB); pero no es del todo (y en gran cuota) un hecho espontáneo y expreso de una situación de quiebre y miseria social, como resta investigar y como desde este espacio creemos. Como se dijo, mucho de la flojera del venezolano, que inicialmente se amparó en el discurso de la desvalidez social para ocupar espacios, se ha invertido, a título de invencible fachada, en la conformación de una poderosa mafia cuyos integrantes directivos (y grandes ganadores) nada tienen que ver con perfiles de orfandad social o económica. Así, pasa declarado como comercio informal lo que en hasta buena ley de dios es delito.
Porque no puede denominarse buhonero o trabajador informal a quienes tienen el poder práctico de someter a una población nacional al chantaje de que le compre, por ejemplo, a altos precios los alimentos de la cesta básica que, de manera muy conveniente para ellos, no llegan a los regulados anaqueles de los abastos y mercados, como recientemente ocurrió en el mes noviembre de 2.007, cuando factores políticos interesados, a través de los "desamparados" trabajadores informales, se dieron el lujo de acaparar la comida del venezolano. Aún hoy usted no consigue sino en la informalidad -ahora clandestina- la leche, los huevos, el aceite y otros alimentos. Semejante descripción no se corresponde con el perfil de un necesitado social, desprovisto de las herramientas requeridas para insertarse en el corpus, formal, de la sociedad; visto así, como un individuo provisto con delicadas y efectivas herramientas para zaherir a sus conciudadanos, no es más que un delincuente, adlátere de otros, más intelectualmente responsables que trafican en la sombra.
Es una situación que debe llegar a un final, ser sometida a investigación y no permitirse en su retorno sino a través de una férrea normalización, pues, incluso en medio de una situación de espontáneas expresiones de miseria, un Estado que se precie de combatir la pobreza, debe ejercer control sobre sus manifestaciones, con mayor preocupación, si es que no puede extinguir su fenomenología etiológica.
A contra fondo de las reflexiones anteriores, el trabajo de la periodista y la declaración de la organización CEDICE, pecan ambos de facilismo discursivo y de actitudes políticamente conducidas. La primera, insertada en la nueva onda de periodistas que este año -que no se permiten buhoneros- satanizan lo que en el año 2.007 -cuando se permitían- pedían a gritos para encarecerle al gobierno municipal su desidia en cuanto atender la problemática de paisaje urbano y de seguridad ciudadana. Tal comportamiento se llama no tener dignidad en cuanto a la profesión que se ejerce, menos cuanto si se milita en la onda opositora y desde ahí hoy mismo se practica la moda de llamar a una presunta reconciliación nacional; ello no significa tampoco que se callen los problemas, pero sí que se les busque un real diagnóstico y solución. Eso si que suena más reconciliador, en vez de andar cizañando ánimos.
De CEDICE no hay que decir gran cosa para descubrir sus interesadas recomendaciones de no tocar ni con una pluma a una gente que necesita subsistir dando tumbos en la calles. Sus finanzas aparecen reseñadas como procedentes de esas organizaciones del Departamento de Estado gringo, interesado en el caos social de nuestro país y en el quiebre de su constitucionalidad. Tanto CEDICE como la periodista autora del "estudio", intentan satanizar el desalojo de los informales y acusar al gobierno como improductor de empleos, aprovechando la coyuntura para sembrar la cizaña en los desempleados y generar situaciones inconfesables. El resaltamiento de expresiones como "No queremos pasar por las mismas penurias que pasaron los buhoneros de Sabana Grande" tiene un propósito claro: que el bienestar que se vive hoy en el feliz boulevard no puede soportarse en las penurias de los informales, por lo cual no se le debe permitir al gobierno que los acalle con sus soluciones, ni ellos esperar siquiera que le construyan el centro comercial en Quinta Crespo, mientras mueren de hambre. Se debe tomar la calle, subvertir, reclamar, seguramente a la espera de que el sector estudiantil salga también a apoyarlos y a protestar por el galopante desempleo en el país, ya que no tienen el argumento de la libertad de los presos político. No es extraño, en fin, que la fuente de la periodista sea una organización en cuyo nombre flameé la palabra "libertad", una de esas semánticas universalizantes que suelen esgrimir organizaciones sospechosas a la hora de pedir perfecciones so pena de amenazar con relajos o golpes de Estado.
Tal hipocresía no haya como tomar cauce cuando ellos mismos declaran:
"Si bien es innegable, que después del desalojo del casco histórico de Caracas pasear por el centro de la ciudad es toda una experiencia, no es menos real que el problema de los trabajadores no dependientes no se resuelve con soplar y hacer botella."
Dado que proponen el trabajo de los informales a cómo de lugar, incluso sin esperar a que el Estado aplique sus soluciones pasajeras, como ellos lo insinúan, quisiéramos desde este espacio verlos en el trance de realizar su apología buhoneril desde los espacios eventualmente ocupados del municipio Chacao, donde los buhoneros son detenidos, aporreados y echados, como se echa una basura, en el mismo municipio Libertador, cosa que a ellos -se dirá- le parece lo normal de lo normal, según la conveniencia de su lengua política.
Que a nadie extrañe que al problema que viven los trabajadores informales hoy, la oposición política nuestra, dizque en onda reconciliatoria, le saque punta hasta el cansancio en sus medios de comunicación, manteniendo caldeado el ánimo hasta el momento en que reaparezcan los estudiantes en el plano político. Como dijimos, ya CEDICE y el comunicador social mencionado dieron su primer paso.
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