Con el sabotaje petrolero de 2002, los sectores golpistas de la oposición liderada por las cúpulas de FEDECAMARAS, la CTV y la burocracia petrolera al servicio del gran capital petrolero transnacional en contubernio con el capital financiero y el Departamento de Estado, intentaron provocar el colapso de la economía venezolana con el propósito de desestabilizar y derrocar el gobierno legítimo del Presidente Hugo Chávez Frías. Estos agentes de la reacción antidemocrática, actuaron en perfecta sincronía para provocar la interrupción de las exportaciones petroleras, el bloqueo físico y legal de los puertos a través de su descertificación internacional, al calificarlos como “no aptos” para las compañías aseguradoras de los buques, ocasionando en algunos casos, el desvío de la carga hacia otros destinos. Ante el fortalecimiento del Gobierno Bolivariano y la ampliación de su base popular de apoyo luego del fallido golpe de estado del 11A y, a pesar de la guerra mediática feroz emprendida por los principales medios de comunicación privados a través de la manipulación informativa para promover el odio, estos sectores tomaron de nuevo el atajo de la violencia, el terrorismo y la desestabilización, subestimando el nivel de conciencia y la voluntad democrática del pueblo. El plan implicaba además de asfixiar económicamente el país afectando su principal fuente de ingreso, el desabastecimiento energético y alimentario total. Este último, no solo a través de la parálisis de las importaciones que es el mayor componente de la oferta interna, sino también, a través de la detención de los principales circuitos agroindustriales de producción y distribución en manos de grandes grupos económicos cuasimonopólicos que participaron activamente en el golpe 11A. La derrota de la intentona golpista fue posible, gracias la movilización popular y a la ruptura del bloqueo económico, en lo que jugó un papel importante el acuerdo de solidaridad de la OPEP y el apoyo de algunos países latinoamericanos en la batalla del gobierno para conjurar el aislamiento internacional.
A raíz de esa amarga experiencia, el gobierno nacional emprendió un ambicioso plan de seguridad alimentaria que incluyó la construcción de redes estatales de distribución agroalimentaria, de casas de alimentación, de comedores escolares, de empresas agroindustriales procesadoras de leche y maíz entre otros rubros básicos y, de centros de acopio y de silos para el almacenamiento de cereales y granos. Surgieron así programas como MERCAL, Casas de Alimentación y el holding de CASA. Se impulsaron programa de transferencia tecnológica bajo el paragua de la cooperación internacional puesta en marcha con Cuba, Argentina, Uruguay, Brasil, Irán y Bielorrusia para solo mencionar las contrapartes más relevantes. De ese esfuerzo nacieron el “plan semilla”, los programas de recuperación del rebaño de doble propósito y de apoyo a la pesca artesanal, los proyectos de redes logísticas de almacenamiento en frío, las plantas lácteas y de harina precocida y, el programa de mecanización agrícola destinada a la construcción de cadenas agroalimentarias alternas a la de la gran agroindustria privada. Al mismo tiempo, se emprendió un plan de reconversión de tierras, en la condición de improductivas en manos de latifundios, para el desarrollo de los cultivos prioritarios con base en la ley de tierras, a través de su entrega a cooperativas agrícolas y “Fundos Zamoranos” con vista a impulsar una revolución socioproductiva en el campo. Estas acciones fueron acompañadas por un amplio programa de financiamiento de los proyectos agrícolas gestionados por “cooperativas”, el cual estimuló la formación de éstas en cantidades inimaginables en apenas 1 o 2 años, por las facilidades con que obtuvieron créditos “blandos” del sector principalmente público a través de FONDAFA, Banco Agrícola y de los fondos destinados por PDVSA a esos fines. A través de las diferentes Misiones, especialmente la Misión “Vuelvan Caras” el gobierno gestionó un extenso programa de capacitación y formación destinado a sentar las bases sociales y humanas del gran proyecto de conquista de la seguridad y la soberanía alimentaria. A través de la “Misión Ciencia” se destinaron recursos a la investigación e innovación tecnológica en el sector agroalimentario pensando en el desarrollo autónomo del sector en el largo plazo. En resumen, en los últimos 5 años que precedieron el golpe petrolero del 2002, el Gobierno, sin lugar a dudas, adoptó medidas –de corto, mediano y largo alcance- destinada a generar las condiciones necesarias para garantizar seguridad alimentaria desde el punto de vista de la oferta, y en ello, invirtió una importante cantidad de recursos provenientes de los ingresos excedentarios de renta petrolera en la agricultura a través de la política “siembra petrolera”.
Desde el lado de la demanda, la CEPAL en su informe "Panorama Social de América Latina 2007", señala que Venezuela disminuyó el nivel de pobreza en 18,4 por ciento y el de indigencia en 12,3 en el periodo 2002-2006, afirmando que “La elevada tasa de crecimiento del producto, así como la implementación continua de programas sociales de gran amplitud, permitieron que tan solo entre 2005 y 2006 la tasa de pobreza pasara de un 37,1% a un 30,2%, y la de indigencia de un 15,9% a un 9,9%. Este acelerado avance señala una mejora sustantiva de las perspectivas de reducción de la pobreza e incrementa significativamente la probabilidad de cumplir con la primera meta del Milenio (2015)”. Esta tendencia es consistente con el hecho de que –según datos del MPPF- los venezolanos tienen el mayor salario mínimo mensual de la región (US $ 286.00) y la tasa de desempleo -según el INE -entre septiembre de 2005 y septiembre de 2007- pasó de 11.5% a 9.5%. Este incremento en el ingreso familiar se ha traducido en una elevación del consumo alimentario en los sectores E y D, lo cual de cierta manera tomó por sorpresa a los agentes económicos y al propio gobierno.
A pesar del gran empeño que ha puesto el gobierno del Presidente Chávez en avanzar hacia la consolidación de la seguridad alimentaria, hay factores estructurales que aún se le oponen bloqueando su concreción, como por ejemplo, la extrema vulnerabilidad del sector agroalimentario venezolano por su fuerte dependencia de la importación de insumos y bienes finales de consumo y, por estar conformado por un sector primario de muy baja productividad y cadenas de procesamiento agroindustrial y de comercialización cuasimonopólica. Hay externalidades, como el incremento de la demanda mundial –debido a China e India- de leche, azúcar y cereales, que hacen insuficientes los excedentes petroleros para importarlos, y ello, ha provocado desabastecimiento comprometiendo la seguridad alimentaria. Por lo tanto, ahora como nunca, se ha hecho evidente que la política de “agricultura de puertos” va en la dirección contraria de lograr la seguridad alimentaria y que ésta, solo será tal cuando exista soberanía alimentaria, vale decir, una capacidad dinámica interna autónoma para producir, a niveles competitivos, la comida que requiere nuestra población. A la luz de la situación actual de desabastecimiento y de alta vulnerabilidad de las políticas de controles aplicadas por el gobierno, es urgente aplicar las tres “R” en el sector agroalimentario, porque de su desempeño dependerá en buena medida la suerte de la revolución.
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