A Venezuela, debido a su disponibilidad de ingresos provenientes de la renta petrolera, en la división internacional del trabajo, los agentes del capitalismo global le ha venido asignando el rol de país comprador nato de alimentos y a la consolidación de ese carácter de “país mercado” ha contribuido el modelo agroproductor rentista, socialmente injusto y económicamente ineficiente aún no superado, a pesar de los esfuerzos que ha realizado para transformarlo el Gobierno Bolivariano. Se ha venido reafirmando una dependencia cada vez mayor de las importaciones agroalimentaria para cubrir los requerimientos internos de la dieta básica, pero al mismo tiempo, debido a la presión que sobre la demanda mundial ejercen China e India entre otros, las industria de los agrocombustibles y la expansión del consumo interno derivado del incremento de los ingresos que han experimentado los venezolanos en el gobierno del Presidente Chávez como lo reconoció recientemente la CEPAL, particularmente en los sectores E y D de la población; hay una tendencia hacia el alza de los precios del trigo, la leche, las caraotas, la soja, el pollo, los huevos, la carne de bovino, para solo señalar algunos de los productos más emblemáticos que presentan déficit interno, haciéndose cada vez más difícil su consecución en el mercado internacional.
Los signos de escasez parcial que se ha presentado últimamente de algunos de éstos rubros, a pesar de que atravesamos por una coyuntura de bonanza petrolera, es una clara demostración que la seguridad alimentaria es un asunto complejo y multifactorial y, solo abordando todo las aristas del problema mediante una política de estado, podremos garantizarla en el largo plazo. Esto significa que aún cundo el país dispone de recursos en divisas provenientes de la renta petrolera para realizar las importaciones, se le ha dificultado traer algunos contingentes alimentarios, debido a la escasez de la oferta y por ello, el gobierno ha tenido que pagar sus compras destinadas a la red MERCAL a precios muchas veces mayores, debido a la escalada de precios existente en el mercado internacional, empujados por el crecimiento de la demanda mundial. Tal es el caso de la leche y el trigo. El ciclo económico de expansión que vive las economías emergentes, especialmente las economías de China e India, podría prolongar esta situación.
Esta realidad ha desnudado dramáticamente la enorme vulnerabilidad del modelo rentista petrolero venezolano, reafirmándose con ello la necesidad de avanzar aceleradamente hacia su transformación, para abrirle cause a un modelo productivo endógeno diversificado, sustentado en la soberanía y la seguridad alimentaria. La dependencia externa alimentaria sujeta a los ingresos provenientes de la renta petrolera, ha contribuido a crear la ilusión de que al tener reservas petroleras gigantescas, aún cuando no dispongamos de la producción alimentaria suficiente para satisfacer nuestros requerimientos, siempre podremos obtener lo que necesitamos en el mercado internacional, afianzando la cultura rentista petrolera.
A la vulnerabilidad económica propiamente dicha, se agrega la de origen político, es decir, la que podría derivarse de la acción irresponsables de algunos sectores empresariales que ejercen el monopolio de algunos circuitos de producción y distribución agroalimentaria, los cuales continúan jugando a la desestabilización con el apoyo de algunos medios de comunicación que continúan actuando como agentes políticos de la oposición, además de las potenciales represalias que pudieran tomar potencias imperialistas contra el estado venezolano, siendo esto preocupante en razón de las amenazas que se ciernen sobre Venezuela, en su confrontación con el imperio estadounidense por el derecho a su autodeterminación y al ejercicio de una política internacional independiente y soberana. La restricción en el suministro de repuestos a la flota de aviones F-16 y las presiones sobre España y Brasil para bloquear suministros de equipos a la FAN, fueron un globo de ensayo, una muestra de lo que podría venir más allá de las consideraciones ideológicas. De hecho, durante el sabotaje petrolero del 2002, desde el Departamento de Estado se promovió un bloqueo agroalimentario en conjunción con grupos económicos privados internos del sector, que afectó el normal abastecimiento, aún cuando el Gobierno Bolivariano logró paliar la situación mediante una exitoso plan de contingencia que permitió que los venezolanos, prácticamente no percibieran los efectos de la acción golpista y desestabilizadora en el ámbito del abastecimiento alimentario.
La accesibilidad permanente a los alimentos –para gozar de seguridad alimentaria- requiere que una familia en todo momento, sea sujeto de una doble condición: disponibilidad y acceso fácil a través de un distribuidor cercano y, capacidad económica para adquirir los bienes en el mercado. La primera depende de las redes de producción y comercialización internas y externas y la segunda, del nivel de ingreso del grupo familiar, éste último, debe cuantificarse en términos reales, es decir considerando la pérdida ocasionada por la inflación. Hay Seguridad Alimentaria Hogareña (SAH) si el ingreso de toda la población, en todos sus estratos, es suficiente para adquirir los bienes necesarios para cubrir la dieta básica y, si éstos están disponibles en el mercado.
Dos variables macroeconómicas que inciden críticamente en la seguridad alimentaria son: el desempleo y la inflación. Sin desconocer el peso que tienen otros factores, en Venezuela la inflación en el sector agroalimentario es influenciada de manera determinante, por la especulación sustentada en el déficit estacional y crónico de algunos rubros claves, como por ejemplo ocurre con el tomate, el pimentón y la cebolla y, en la estructura cuasi-monopólica de las cadenas de comercialización y de procesamiento agroindustrial. También afecta la seguridad alimentaria la calidad e inocuidad de los productos alimentarios, la cual se garantiza mediante el control sanitario y la educación de los consumidores, particularmente en los que respecta a la selección y manipulación de los alimentos. Esto último incide seriamente en la seguridad alimentaria, porque de los malos hábitos alimenticios y la no observancia de las normas de higiene se derivan buena parte de la morbilidad, por ejemplo en relación a las enfermedades cardiovasculares, que impacta la salud pública venezolana. En consecuencia, una política de seguridad alimentaria debe atacar tres frentes simultáneamente. La disponibilidad oportuna de los alimentos, su calidad e inocuidad y la accesibilidad económica de éstos. Este último depende directamente del ingreso real, el cual a su vez está sujeto a la variación de los precios por la inflación y, a la generación de ingresos permanentes y suficientes para cubrir la canasta básica a través de una fuente de ingresos estable. No hay garantía de disponibilidad permanente de los alimentos sino hay soberanía alimentaria, vale decir, sí no hay una capacidad endógena para producir los requerimientos alimentarios de la población en cantidad y calidad suficiente, tampoco hay seguridad alimentaria sustentable.
Sin menoscabo de los hallazgos que resulten del análisis profundo y exhaustivo de la problemática agroalimentaria, que incluya la eficacia de las políticas y medidas de carácter táctico o estratégico tomadas por el gobierno bolivariano en los últimos 9 años, debemos comenzar por reconocer que existe dos círculos viciosos que es necesario romper en el corto plazo, como primer paso para ubicarnos frente a la solución real del problema y a la desactivación de la acción desestabilizadora con la que los enemigos del proceso de siempre, pretenden arrimar brasas al fogón del “golpe suave” que el imperio estadounidense hace ya rato viene cocinando sin pausa a fuego lento.
El primer círculo vicioso se produce del lado de la demanda y está asociado a la expectativa de la población de que existe y se mantendrá un desabastecimiento a pesar de los esfuerzos del gobierno por evitarlo, importando grandes contingentes de productos alimentarios mediante un despliegue logístico sin precedentes, contando incluso con el apoyo de PDVSA. Esa expectativa –temor- que es alimentada diariamente por la campaña terrorista mediática, se traduce en compras nerviosas que provocan un incremento anormal de la demanda, especialmente en los sectores de mayor poder adquisitivo, pero también en los sectores E y D de la población. Este incremento ocasionado por ese comportamiento anormal de los consumidores inducido por dicha campaña, al no ser considerado en la planificación de las importaciones, se expresa en un déficit adicional que se agrega al déficit existente, lo cual fortalece en los consumidores la idea de que hay y habrá déficit. Este círculo vicioso, más allá de los condicionantes estructurales del déficit agroalimentario –insuficiencia e incremento de los costos de la oferta interna- o de los coyunturales –insuficiencia e incremento de los costos de la oferta externa- crea una dinámica incremental de la demanda que distorsiona totalmente el mercado y hace de difícil solución el problema en el corto plazo, mediante la estrategia tradicional de cubrir las insuficiencias internas con las importaciones extraordinarias directas realizadas por el gobierno, para presionar a los productores y comercializadores internos a fin de que éstos mantengan el suministro a los precios regulados, y para que desistan del acaparamiento y la especulación.
El segundo círculo vicioso ocurre del lado de la oferta y tiene que ver con las expectativas inflacionarias que podrían estarse gestando en los productores y comercializadores internos. Expectativas que automáticamente se convierten en una estimación anticipada del incremento de costos de producción y comercialización, en un ambiente caracterizado por una demanda interna creciente presionada por el aumento de la capacidad adquisitiva de los sectores mayoritarios de la población (E y D). Estas expectativas inducen en los agentes que actúan en las cadenas de producción y comercialización –los cuales en algunos casos han tenido que someterse a los precios regulados a pesar del alza de los costos de producción derivado del fenómeno inflacionario- a migrar hacia la producción de otros productos derivados no sometidos a la regulación de precios -tal como ha ocurrido en el caso de los lácteos- o hacia la exportación -mediante el llamado “contrabando de extracción”- hacia Colombia, en la cual se ha generado una importante demanda de los productos básicos regulados debido a la diferencia de precios. A esto se agrega la fuga hacia el hermano país de productos subsidiados por el estado venezolano producto de la corrupción, la cual ha llegado a niveles insostenibles, al punto que han provocado la movilización del gobierno hacia los estados fronterizos para contener el drenaje masivo de los bienes a través de la frontera.
A partir de estas consideraciones concluimos que una estrategia de ataque al problema de corto plazo pasa por la realización de una fuerte campaña de sensibilización y concientización de la población, con la participación de gobernaciones, alcaldías, consejos comunales y comunidad en general, para bajar el nivel de angustia en la población que ha venido provocando las expectativas de desabastecimiento, presentándole elementos objetivos y convincentes que generen confianza de parte del gobierno. En ese contexto debe desenmascarase a los medios que están jugando al terrorismo mediático y emplazarlos para que cesen en su acción desestabilizadora. Simultáneamente se impone la búsqueda de mecanismos de concertación Estado-Productores-Comercializadores, con base en un análisis objetivo de la estructura de costos y productividad de las cadenas agroalimentarias, para comprometerlos en la lucha contra el desabastecimiento. Debido al peso que tiene el sector privado en la producción y comercialización agroalimentaria, ese esencial promover un acuerdo nacional para derrotar el desabastecimiento, mediante un plan de emergencia especial que incluya la adopción de algunas medidas extraordinarias.
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