En las últimas semanas se han producido varias rectificaciones de naturaleza política del presidente Chávez. Algunos dirán que se trata de un proceso táctico con motivo de las elecciones de gobernadores a finales de año, lo cual puede ser parcialmente cierto pero en absoluto le reduce valor a las decisiones tomadas. No se puede decir entonces que, en materia política, el Presidente no rectifica. Los casos del currículo bolivariano, del decreto-ley sobre inteligencia y contrainteligencia y de las FARC, son muy claros y precisos como para ignorarlos olímpicamente.
Lo más importante en relación con esta materia son tres hechos que están presentes alrededor de toda rectificación: Las causas que la motivaron, que pueden ser de naturaleza táctica o estratégica; las consecuencias políticas que se derivan del hecho, pues rectificar no necesariamente retrotrae la situación al momento previo a la toma de la decisión que se rectifica, y las enseñanzas que se derivan del hecho, que permiten prevenir la aparición de errores y mejorar la construcción del proceso revolucionario.
Los tres procesos: Causas, efectos y enseñanzas deben ser abordados inmediatamente en la discusión y no dejarlos pasar como si no fueran importantes. Es aquí donde pienso que el Gobierno no ha sido lo suficientemente diligente y no le ha prestado la atención debida y necesaria a estos procesos, en cada uno de los casos mencionados, en el entendido, por supuesto, que existen motivaciones en todas las decisiones que no pueden ventilarse públicamente, lo cual no constituye un impedimento para la realización de otras discusiones sobre las materias.
¿Por qué, por ejemplo, se cometieron todos los errores señalados por el Presidente con el Decreto-Ley del Sistema Nacional de Inteligencia y Contrainteligencia? ¿No conocía el Presidente el contenido del instrumento legal que promulgaba? ¿Cómo es posible que la Procuraduría, organismo que tiene que revisar todo instrumento normativo proveniente del Ejecutivo, no se haya percatado de que el mismo era claramente inconstitucional? ¿Quiénes fueron los autores de este desastre? ¿Dónde está la responsabilidad de Rodríguez Chacín?
El Presidente ha asumido todas las culpas en este caso particular, mientras los responsables no han asumido las suyas, como ocurren en otras latitudes, pues la aprobación inicial, así como su derogatoria, tienen costos políticos importantes para el proceso revolucionario, que no pueden seguirse repitiendo. A la rectificación política del Presidente ha debido seguir una rectificación administrativa en relación al personal que, por ignorancia o negligencia, coloca a la revolución en una situación difícil y de peligro.
No se trata del castigar por castigar, se trata de buscar gente eficaz y preparada para ponerla al frente de los diferentes campos de batalla.
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