Cuando cerraron El Nuevo País en diciembre de 1994, los periodistas y demás trabajadores -que veníamos discutiendo un contrato colectivo- tuvimos que salir a la calle a reclamar, ya no un aumento salarial, sino la liquidación doble de nuestras prestaciones sociales.

La empresa alegaba que no estaba obligada a pagarlas, porque no nos estaba “botando”, sino que ella estaba siendo liquidada, es decir, desapareciendo como patrono.

Todo eso, argumentábamos, era un ardid para ahorrarse el pago doble, salir de una redacción demasiado rebelde y abrir de nuevo con otro personal, como en efecto lo hizo al mes siguiente. En fin, lo que en el argot empresarial se conoce como un lock out.

Moría ese diciembre y nosotros marchando hacia el Congreso, trancando la avenida Urdaneta a la altura de Miraflores, reuniéndonos sin éxito con un Ministro del Trabajo plegado al editor, Rafael Poleo, que por esos mismos días fue llamado por el gobierno de Caldera -de quien había sido candidato a senador- para que condujera un espacio en VTV. Todo en medio de un océano de indiferencia y complicidad.

La historia ¿se repite?

Aquella lucha, que logró rasguñarle apenas unos centavos al periódico, viene a mi mente cuando le escucho a la periodista Brizaida Torres el relato de lo que está pasando en el Consejo Nacional de la Cultura (Conac) y otros organismos públicos en proceso de liquidación.

Cuenta Brizaida que, como El Nuevo País a sus empleados en su momento, al personal del Conac le están ofreciendo pago sencillo de sus prestaciones sociales con el mismo eufemismo legal: no los estamos botando, sino que el organismo empleador desaparece.

Con un doble agravante: en este caso el patrono es el Estado y, de paso, un Estado regido por un gobierno que se proclama “obrerista” y que está invitando al país a la construcción del socialismo.

Como se sabe, el Conac está en liquidación, pues carece de sentido una vez creado el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Además, los vicios acumulados en esa estructura durante años le impedirían servir de manera efectiva para la masificación de las políticas culturales.

Eso, sin embargo, no quiere decir que las personas que allí trabajan carezcan de derechos laborales, que deben ser respetados, independientemente de su filiación política.

En el caso de Brizaida, hija de un viejo militante comunista, son 20 años y 7 meses de trabajo continuo bajo diversas administraciones, incluidas varias del gobierno bolivariano.

A algunos –la minoría, explica- le han ofrecido traslado a alguna dependencia del Ministerio de la Cultura, pero en calidad de contratados, una figura que en el Estado ha venido proliferando, así como en el sector privado, para eludir las previsiones del Estatuto de la Función Pública y las convenciones colectivas.

Un contrato a tiempo determinado, que puede ser rescindido en cualquier momento o, sencillamente, no ser renovado. Sin estabilidad alguna.

En su caso particular, ella quiere seguir trabajando, pues se siente útil y debe mantener a sus hijas, pero tampoco desea perder su condición de funcionaria de carrera, que le permitiría optar dentro de algunos años a la jubilación.

Otros, menos afortunados, ni siquiera tienen la opción del contrato y simplemente han recibido su liquidación sencilla o están a la espera de que los llamen para entregársela.

Son, me cuenta, centenares de personas en un estado de incertidumbre sólo en el Conac, y un par de miles si se suman los de otros organismos en liquidación, como el Fondasa y Sasa, que han decidido unirse para expresar en conjunto sus planteamientos.

El Ministerio del Trabajo instaló una mesa de diálogo, pero en las últimas reuniones, acota Brizaida, la representación de la Junta Liquidadora del Conac no se ha querido presentar. El tiempo corre y los trabajadores temen que la primera de noviembre sea su última quincena, pues ya les han entregado “cartas de disponibilidad”. Si no encuentran un organismo donde haya un cargo disponible, pues quedan como la guayabera.

El MNSP

Puede que entre ellos haya reposeros e integrantes de antiguas mafias de la cultura o cuotas de los viejos partidos, quién sabe, pero aún así no creo que eso de que “paguen justos por pecadores” sea una política laboral muy humanista que digamos.

Cierto es que la Administración Pública necesita, hace tiempo, de un gran estremecimiento. Allí manda un partido político que bien podría bautizarse con las siglas MNSP: Movimiento No Se Puede, que suele ser la primera respuesta con la que se topa tanto el usuario de sus servicios como el gerente que pretenda mover las cosas más allá de la rutina bucrocrática.

Puede, seguramente, que haya casos en que la liquidación de viejas estructuras sea el camino más idóneo para que el Estado de verdad pueda echar adelante con sus políticas de manera más efectiva, mediante nuevas instituciones.

El tránsito entre unas y otras, sin embargo, no debería olvidar que ellas no están compuestas por máquinas, sino por seres humanos, de carne y hueso, con familias a quienes alimentar.

No todos los que hoy reclaman algún derecho son meritócratas que dejaron al país sin gasolina ni alimentos para tumbar un gobierno, ni pueden ser despachados como guarimberos contrarrevolucionarios.

Mínimo, páguenles sus prestaciones dobles. Estudien bien caso por caso, a ver dónde pueden ser reubicados, que trabajo por hacer hay y bastante en viejas y nuevas empresas y organismos del Estado. Apliquen con amplitud un plan de jubilaciones especiales. Favorezcan la organización de los liquidados en cooperativas o empresas de producción social… Que nadie se vaya sin una alternativa de vida. En fin, no los echen a la calle así como así, en vísperas de fin de año y, para qué mencionarlo, de unas elecciones cruciales.

Pudiera haber gente tentada a asumir que esos son costos inevitables y que pueden saldarse fácilmente con el gigantesco capital político de Hugo Chávez.

Craso error, que olvida que la acumulación de perturbaciones puede llevar a una gran perturbación mayor, y que los métodos y argumentos de los socialistas no deberían ser los mismos que los de la tecnocracia neoliberal.

En el 2009, si no viene la guerra, seguramente podremos discutir estos temas: ¿Deben renunciar los trabajadores a sus derechos laborales en nombre de la construcción del socialismo? Yo creo que no, pero el debate queda abierto. Y ojalá sirva para sacar a la clase trabajadora de su catatonia.


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